Junts pacta tener las competencias en inmigración y más dinero para transporte a cambio de no obstruir la validación de los decretos

Junts per Catalunya ha optado este miércoles por no participar en la votación para convalidar los tres reales decretos presentados por el Gobierno, algo que ha permitido la aprobación de dos de ellos. Ese giro de guion de último minuto, justifica la formación independentista, ha sido a cambio de una serie de concesiones del Ejecutivo entre las que destacan la supresión del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento civil (que según ellos podía torpedear la amnistía), la “transferencia” a la Generalitat de las competencias sobre inmigración (aunque el acuerdo habla de delegación) y trabajar para que las empresas que se fueron por el procés vuelvan a Cataluña. Este último punto se haría mediante la reforma de la ley de sociedades y en la nota explicativa no se menciona ya la posibilidad de que haya multas que se había planteado esta semana.

El partido fundado por Carles Puigdemont, expresident huido de la justicia española en Bélgica, se ha negado a participar en la votación en la sesión del Congreso (celebrada en la sede del Senado) para dejar claras sus reticencias tanto con el fondo de los tres decretos (el de trabajo, medidas anticrisis y el ómnibus) como en que se presentaran sin negociar previamente con ellos el contenido. El articulado sobre empleo ha caído finalmente, pero a causa de la negativa de Podemos. Junts no participó en la votación, pero mantuvo en secreto la maniobra. Esperaban así que se celebrara una reunión exprés de la Ejecutiva del partido en Barcelona, dando luz verde al pacto obtenido por Míriam Nogueras en Madrid.

Junts y PSOE han estado negociando todo el día, de cara a intentar que el partido independentista abandonara el ‘no’ que hace días anunciaba y que siempre había descartado que se abstuviera en la votación. Incluso en los momentos más complicados, desde el Gobierno central y el PSOE estaban confiados en que habría espacio para llegar a un pacto y el calado de los acuerdos da pistas sobre que las conversaciones llevaban días cocinándose. “Esta aventura la iniciamos, las dos partes, conociendo los riesgos. No lo han hecho bien y cuando se han puesto a hacerlo bien seguramente ya era demasiado tarde. No podemos acompañarles en ese error suyo, están a tiempo de rectificar”, había advertido Nogueras en la única intervención que ha hecho en el pleno antes de las votaciones, donde el énfasis ha estado en recordar al Gobierno que no puede actuar como si tuviera una mayoría monolítica.

La fórmula elegida por Junts para manifestar su desacuerdo con los textos tiene mucho de teatral, pues los de Puigdemont han logrado sobre el papel rascar contrapartidas importantes y que tensionarán la relación con ERC, quien al final tendrá que jugar un rol en implementarlas. Con todo, en Junts pueden decir que no han dado sus votos al Gobierno de Pedro Sánchez, aunque en la práctica inhibirse en la votación tiene el mismo efecto de apoyo a los dos textos que sí han salido adelante.

Entre las medidas que Junts arrancó al Ejecutivo de Sánchez se encuentra, por ejemplo, la publicación inmediata de los datos que permitirán que la Generalitat calcule las balanzas fiscales y “la delegación de las competencias sobre inmigración en la Generalitat”, mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución española “a través de una ley orgánica específica por Cataluña”. En intervenciones públicas, sin embargo, desde Junts han utilizado también la palabra traspaso, que implica un cambio de titularidad. Desde hace meses, varios alcaldes de Junts denuncian abiertamente que grupos de inmigrantes son responsables de la inseguridad en sus municipios, un coqueteo con posiciones xenófobas que también busca marcar perfil ante el auge de formaciones como Aliança Catalana, que gobierna en Ripoll con un discurso pro secesión e islamófobo.

El acuerdo incluye también la rebaja del IVA del aceite al 0% y la asunción por parte del Estado de la totalidad del coste sobre los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público. En la capital catalana y su área metropolitana, esa ayuda se sufragaba de la siguiente manera: el Gobierno daba el 30%, la Generalitat aportaba directamente el 10% y la Autoridad Metropolitana del Transporte daba otro 10%. El partido independentista no especifica hasta donde asumiría el Ejecutivo central y desde La Moncloa agregan que este punto aún tiene flecos por cerrar. La polémica sobre la supuesta posibilidad de multar a las empresas que huyeron tras el procés y no devuelvan su sede a Cataluña no ha ido a más. El acuerdo no hace referencia a esa posibilidad, sino que habla de la petición de derogar el decreto de 2017 que simplificaba el mecanismo de salida. Si eso sucede, sin embargo, el proceso de retorno sería más difícil, pues también se tendría que votar en junta de accionistas, en el caso de las cotizadas, y no solo el consejo de Administración.

En la nota de Junts también se destaca que su cambio de posición en el Congreso es fruto de haber logrado “un acuerdo para mejorar el autogobierno y las condiciones de vida de los catalanes”. Otra de las contrapartidas, por ejemplo, es lograr que en la reforma de la normativa de gobiernos locales se reconozca la singularidad histórica de Cataluña —que quede especificada y blindada la organización, por ejemplo, de los gobiernos comarcales y las llamadas veguerías— o más dinero para la digitalización de la justicia, pasando de los 1,2 millones de euros acordados en 2021 a los 6,5 millones ahora prometidos.

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