Pactos insólitos e inviables

Antes de presentar la proposición de ley orgánica de amnistía, PSOE y Junts suscribieron un acuerdo “para procurar la gobernabilidad”, con un texto plagado de explícitas diferencias, calculada desconfianza, imprecisión y ambigüedad. En ese pacto, ajeno a la ley, Junts consiguió que se mencionara la posible existencia de situaciones de lawfare o judicialización de la política, o sea, de instrumentalización maliciosa del poder judicial, para favorecer o perjudicar a alguien con finalidad política.

El mundo judicial se ofendió e indignó ante la mera mención a la lawfare, como si el poder judicial fuera un ente sobrenatural, incapaz de desviaciones ni excesos, y no un poder del Estado, como el legislativo y el ejecutivo, y, como ellos, con un permanente riesgo de abusos, una innata propensión expansiva, y una consiguiente precisión de recíprocos contrapesos. Por esta razón, el problema de la judicialización de la política debería abordarse sin sacralizaciones, con razonables dosis de autocrítica y objetividad. Xavier Vidal-Folch, en un lúcido artículo titulado La ley de amnistía, sin nada de lawfare, enumeraba algunos casos de esa práctica criticable. Y hubo más casos, unos antiguos y otros recientes. Antiguos, como el archivo prematuro del proceso contra Jordi Pujol y la cúpula de Banca Catalana. Recientes, como la actuación, jurídicamente inviable, del juez García Castellón, que Sánchez Cuenca, en este diario, no dudó en calificar de grotesca, cuando quiso procesar por terrorismo a Puigdemont y Rovira aprovechando el infarto de un turista durante los disturbios del aeropuerto en 2019. También instrumentaliza maliciosamente el poder judicial la mayoría conservadora del Consejo General, en beneficio del PP y en clamorosa sintonía con él, con el permanente bloqueo anticonstitucional de su renovación, para prorrogar indefinidamente su control.

El pacto PSOE-Junts prevé unas comisiones parlamentarias, pretendiendo que sus conclusiones se tengan en cuenta al aplicar la futura ley de amnistía, para proponer posibles modificaciones legislativas o para ejercer acciones de responsabilidad por lawfare. Nada que objetar a que una comisión parlamentaria concluya la necesidad de proponer modificaciones legislativas; está entre sus funciones. Pero resulta insólita, porque es inviable, la pretensión de que una comisión parlamentaria pueda imponer consecuencias de responsabilidad contra los hipotéticos protagonistas del lawfare, porque la ley, finalmente, la aplicarán los tribunales con independencia, sin que quepa ningún modo de imposición parlamentaria.

Obviamente, tal pretensión está recogiendo el ansia de Junts por ajustar cuentas con los magistrados del procés. Y para confirmarlo, en posteriores debates parlamentarios, la portavoz de Junts citó personalmente a dichos magistrados, profiriendo contra ellos insultos que sobrepasaban el derecho a la crítica, evidenciando un resentimiento parapetado en la inviolabilidad parlamentaria.

La ley orgánica de amnistía, probablemente, superará el debate parlamentario sobre su constitucionalidad, aunque, para que disfruten efectivamente de ella los pretendidos beneficiarios, todavía tendrá que superar complejísimos obstáculos jurisdiccionales españoles y europeos con sus consecuentes dilaciones. Pero ni el conocido pacto político que la precedió, ni otros posteriores a ella, por ahora desconocidos, deberían contener ciertas previsiones insólitas que la devaluarían jurídica y políticamente, y que además son inviables.

José María Mena es ex fiscal jefe de Cataluña.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal