Un informe destapa irregularidades contables en los centros de menores catalanes

La Sindicatura de Cuentas, el órgano de control económico de Cataluña, emitió este miércoles un informe en el que concluye que la Generalitat contrató en el periodo de 2016 y 2020 hasta 154 centros para menores migrantes no acompañados por el procedimiento de emergencia. Se trata de un método que se aplica en situaciones excepcionales, como la compra de mascarillas durante la covid, que permite el contrato y el pago directo del servicio. Según el ente fiscalizador, estas actuaciones no estaban justificadas por ninguno de los motivos que la ley de contratos prevé. La Generalitat ha alegado que, en ese periodo fiscalizado, la crisis migratoria de jóvenes extranjeros no acompañados en Cataluña, la aplicación del artículo 155 de la Constitución por el movimiento independentista “que paralizó nuestras funciones”, la prórroga de los presupuestos de 2017 para los años siguientes y, la pandemia de la covid, les llevó a utilizar el procedimiento de emergencia.

La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) del Departamento de Derechos sociales fue dirigida por Dolors Bassa (en el gobierno de Carles Puigdemont), la exministra de Sanidad Dolors Montserrat (PP) tras la aplicación del artículo 155 y Chakir El Homrani Lesfar (en el gobierno de Pere Aragonès) entre los años 2018 y 2021. En ese periodo, la Generaltat pagó 778,75 millones de euros por estos centros, según el documento. El Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona (CSSBcn), que gestiona estos emplazamientos en la capital catalana, gastó 155,71 millones de euros. “En el año 2018 la DGAIA prorrogó 181 contratos correspondientes a servicios contratados en ejercicios anteriores y, en 112 de estos, no se firmó ningún documento de prórroga, pese a seguir prestándose el servicio”, señala el informe.

En los centros del estudio, la factura reconocida en 2016 por la DGAIA fue superior en 774.283 € al gasto contratado; 5,26 millones de euros en 2017 y 11,80 millones de euros en 2018. Según la Sindicatura de Cuentas, la facturación de estos servicios “no tenía cobertura legal” para el reconocimiento de este gasto por “la falta de formalización de los contratos” o el retraso de las prórrogas de los servicios prestados por las entidades. En los ejercicios de 2017 y 2018, no se dieron ninguno de los motivos recogidos en las leyes de contratos para “utilizar reiteradamente” el procedimiento de emergencia, explica el órgano fiscal.

Durante el periodo analizado, el CSSBcn tampoco formalizó en ningún documento que se fueran a realizar prórrogas anuales de los contratos ya adjudicados a las entidades que prestaban servicios en Barcelona. En 2016, el CSSBcn reconoció el gasto de 15 centros sin tener el amparo formal en los presupuestos. Y en 2018 incluyó el pago de 44,22 millones de euros sin tener un instrumento jurídico válido vigente. Estas facturas se introdujeron en el expediente extrajudicial de crédito de mayo de 2019, según el Síndic. Las prórrogas no formalizadas antes de concluir el periodo contractual conducen a la extinción del contrato para evitar prórrogas tácitas o no documentadas.

Además de las alegaciones del Govern comprendidas en el informe, la Generalitat explica a este periódico que, en estos años fiscalizados por el ente, existía un contexto social, político, económico y sanitario que llevó al Govern a aplicar el procedimiento de emergencia en la adjudicación de contratos. “No podíamos dejar en la calle a estos menores”, afirman estas fuentes. Desde 2016 y hasta 2020, se produjo una oleada migratoria de jóvenes menores no acompañados en Cataluña que provocó “un desbordamiento del sistema de protección de la infancia y la adolescencia” y una presión en los municipios receptores de los nuevos recursos para acoger a los menores, explican. ”Como en toda situación de emergencia, la actuación tuvo que ser ágil para priorizar, sobre todo, el bienestar de las personas”, señalan estas fuentes. También argumentan que el proceso independentista de 2017, que conllevó la aplicación del artículo 155 de la Constitución durante 218 días, “paralizó” el funcionamiento del Ejecutivo catalán, lo que derivó en un retraso o el paro de los procesos administrativos.

La Generalitat, que preside Pere Aragonès, alega que la inestabilidad también afectó a la aprobación de los presupuestos de 2018 y 2019. Justo en aquel periodo, argumentan, la llegada de jóvenes migrantes no acompañados se incrementó un 158% respecto al año 2017. La pandemia es el otro motivo que llevó al Govern a utilizar el método de emergencia para cumplir con las medidas de protección y prevención de expansión del virus. “Todas las contrataciones quedaron regularizadas en cuanto el Gobierno de Cataluña recuperó el control de la administración y se superó la emergencia sanitaria”, afirman desde el Govern.

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