Collboni y la herencia de Colau

Barcelona se ha significado en los 10 años de mandato de Ada Colau por sus políticas en defensa del derecho a la vivienda, su lucha por evitar los cortes de electricidad, gas y agua por impago y su voluntad por facilitar el acceso de los más vulnerables a la educación, la sanidad y los servicios sociales. Mientras la Generalitat andaba enfrascada en hallar la piedra filosofal que permitiera convertir la autonomía en independencia, el Ayuntamiento de la capital catalana se esforzaba presupuestariamente por suplir tanto a una Administración central ausente como a un abstraído Gobierno catalán. En esa tarea, Colau contó durante buena parte de su mandato con la colaboración del PSC –en el ejecutivo municipal– y de Esquerra Republicana, desde el exterior.

Las últimas elecciones situaron al socialista Jaume Collboni al frente de la alcaldía, con los votos de sus hasta entonces socios –los comunes– y del PP para cerrar el paso a Xavier Trias. Al filo de cumplirse el primer año de gobierno del PSC en solitario, empiezan a asomar algunos síntomas que “recortan”, según unos, o “racionalizan”, según otros, las políticas sociales heredadas de Colau. Hay ejemplos. La Sindicatura de Greuges de Barcelona alertó a finales del año pasado de que se estaba limitando el acceso de los sintecho al padrón municipal. A ello se suma que el próximo 1 de junio acaba el derecho de las entidades sociales a empadronar sin pernocta en su sede a personas carentes de domicilio fijo. Y, por último, pero no menor, se pone un límite de seis meses de estancia en pensiones subvencionadas por el Ayuntamiento a personas desahuciadas o indigentes.

La decisión tomada ahora por Collboni de eliminar el empadronamiento colectivo en la práctica da de baja de sus derechos a 1.700 personas

El ejecutivo local ha decidido pasar página de la labor de empadronamiento colectivo, una política municipal que desde 1997 consideraba que esta modalidad era una garantía de comunicación con las personas sin domicilio fijo. La capital catalana es una ciudad con buenas prácticas sociales que vive una situación compleja, con unos servicios tensionados, pues un total de 47.000 personas sin domicilio fijo han sido empadronadas desde hace una veintena de años. Ciudades como l’Hospitalet, Cornellà, Badalona, Mataró o Santa Coloma de Gramenet ponen dificultades al empadronamiento lo que convierte a Barcelona en receptora sistemática de personas sintecho.

La decisión tomada ahora por Collboni da en la práctica de baja de sus derechos a 1.700 personas. El Ayuntamiento asegura que velará por todas ellas y que solo pretende racionalizar y centralizar el padrón, pero las entidades sociales temen que este eslabón débil de la ciudadanía quede en un limbo que, por ejemplo, puede dejar sin acceso a la sanidad a enfermos infecciosos o impedir el seguimiento médico prenatal a embarazadas que solo tendrían derecho a ser asistidas en el parto. Habrá que ver el seguimiento que hace el ejecutivo municipal, pero una simple mirada a la sucesión de hechos evidencia un cambio y un endurecimiento de forma y fondo. La notificación mediante carta del fin de ese empadronamiento colectivo o el hecho de prescindir del diálogo para tomar la decisión así lo certifican.

A todo ello se ha sumado esta semana el rechazo del PSC en el Parlament al decreto de limitación del alquiler de temporada –que dispara precios y expulsa a jóvenes y mayores de la ciudad–, el cierre del Parc Güell por la desfilada de Louis Vuitton –que acabó con detenciones y cargas policiales– o la irrupción de esa tan valenciana querencia por el olor a neumático quemado que promete la llegada en junio de la exhibición de la F-1 en el Passeig de Gràcia. Un cúmulo de signos de estos tiempos en que el procés ha muerto, el nuevo mundo tarda en aparecer y en el claroscuro surgen políticas equívocas en el proceloso mundo de la izquierda.

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