ERC llevará a votación en el Parlament dotar de más recursos a la Agencia Tributaria de Cataluña

Esquerra Republicana (ERC) busca que el Debate de Política General que comienza este martes en el Parlament apuntale su apuesta por una financiación singular para Cataluña. De ahí que el partido independentista esté ultimando un texto que elevará a votación y que aspira a ir más allá de las formaciones que permitieron la investidura de Salvador Illa, PSC y comunes. Los republicanos confían en atraer también a Junts per Catalunya, e incluso a la CUP, con el objetivo de hacer crecer la Agencia Tributaria autonómica y dejando claro que los catalanes contarán con más recursos.

El borrador de la propuesta de resolución, a la que ha tenido acceso este diario, insta al Govern que preside Illa a “desarrollar la hacienda catalana como una prioridad” y para ello pone el foco en el refuerzo de la Agencia Tributaria de Cataluña. El texto, que aún está pendiente de retoques por parte de los republicanos y estará abierto a transacciones de otras formaciones, pide dimensionar a ese ente “con los medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos necesarios” para que pueda recaudar el IRPF “al lo largo de 2026″.

Fuentes de los republicanos niegan conversaciones con otros grupos previas a la redacción del texto pero aceptan que tiene una voluntad de generar un gran consenso en la Cámara. De esa manera, la petición por acabar con un “modelo de financiación de régimen común caducado” dejaría de circunscribirse a la mayoría que facilitó la investidura de Illa (los 68 votos de 134 de PSC, ERC y comunes) y sería un mandato de la Cámara.

En el texto, por ejemplo, no se habla de déficit fiscal pero sí se hace referencia a que Cataluña “sufre de un infrafinanciación sostenida en el tiempo” y que “impacta de manera directa en los servicios públicos. Los republicanos repiten los términos recogidos en el acuerdo de investidura: el nuevo modelo, al que no llama concierto económico, ha de surgir de una “negociación bilateral con el Estado” y ha de permitir que la Generalitat “gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña”.

También evita entrar en concreciones sobre a cuánto ascendería la solidaridad interterritorial y el cupo que debería pagar al Estado por los servicios prestados. Una indeterminación que, como ya ocurrió con el acuerdo de investidura, permite acomodar diferentes sensibilidades. Un guiño importante a Junts —y también a la CUP— viene de recoger parte de su programa electoral, al especificar que el fin último de los cambios en el sistema es “garantizar que los servicios públicos, y por extensión la ciudadanía de Cataluña, pueda contar de más recursos”.

La mención a la ampliación de las capacidades de la Agencia, que actualmente cuenta con 852 empleados, no es gratuita. Dentro de las filas republicanas no han sentado bien ciertos comentarios hechos el pasado fin de semana por fuentes de La Moncloa, poniendo en duda que esa entidad pueda asumir más impuestos en esta legislatura. El texto también insta al Govern a “formalizar todas las acciones necesarias para implementar el nuevo modelo” —es necesario un cambio en leyes en el Congreso— y que se cree un consorcio entre Estado y Generalitat que asegure el cumplimiento de inversiones consignadas en los Presupuestos Generales.

Los socialistas, por su parte, están ultimando sus propias resoluciones. Según su portavoz, Lluïsa Moret, responderán al espíritu de los pactos de investidura con ERC y los comunes. Girarán en torno a tres ejes: mejora de los servicios públicos, la lucha contra la desigualdad y la prosperidad compartida. En este último capítulo se incluye, entre otras cosas, el modelo de financiación.

Moret afirmó que su grupo está explorando consensuar propuestas de resolución con sus socios de investidura. Con todo, no excluyen alcanzar un acuerdo con Junts al subrayar que están abiertos a negociar con todos los grupos, salvo con los de extrema derecha. Los textos abordarán, entre otras cosas, el aumento de la plantilla policial, el fracaso escolar o los problemas derivados de la salud mental.

Para Junts, el debate, que se extenderá hasta el jueves, tiene una misión muy clara: intentar demostrar la debilidad del Govern, ahondado en su idea de que no defiende como corresponde los intereses de los catalanes ante el Gobierno central. Un caldo donde la reivindicación por una mejora de la financiación tiene mucho peso. El secretario general de la formación, Jordi Turull, criticó ayer que Illa no respondiera a las afirmaciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. “La riqueza de Cataluña no es de los catalanes, es de todos”, dijo el socialista tras reunirse con Pedro Sánchez. ERC también lamentó el silencio del president, mientras que el Govern dice que no contribuirá al ruido.