La regulación del alquiler en Barcelona rompe con 11 trimestres de subida de precios

La regulación del precio de alquiler en Cataluña ha roto con 11 trimestres consecutivos de subida de las rentas en Barcelona. El departamento de Territorio de la Generalitat, del que depende el área de vivienda, reveló la semana pasada que los precios cayeron durante los dos primeros trimestres, en el conjunto de Cataluña, entre un 3% y un 5%, coincidiendo con la entrada en vigor (en marzo) de la regulación de las rentas. Este martes está previsto que se publiquen los datos concretos del segundo trimestre (abril, mayo, junio), el primero con las rentas reguladas.

En el caso de Barcelona, a falta de conocer el porcentaje exacto de caída, la cifra supondrá romper con 11 trimestres de subida continuada y récord histórico tras récord histórico: desde el segundo trimestre de 2021 hasta la actualidad, cuando los alquileres en la capital catalana han pasado de 903 euros mensuales de media, a 1.193 euros. Trimestre a trimestre las subidas no han tenido tregua, entre un 0,20% y hasta un 7% de incremento. Más allá de la capital catalana, los precios están regulados en los 140 municipios declarados como área tensa del mercado inmobiliario. Cataluña es, por ahora, la única comunidad autónoma española que aplica la contención de rentas que prevé la Ley de Vivienda.

Y precios a parte, de los datos de este martes se espera también observar otros detalles de comportamiento del mercado que son consecuencia de la regulación de precios que ampara la legislación de ámbito español. El principal es qué ha pasado con el número de contratos. Todo apunta, y los expertos lo señalan, a que caerán. Y esto se explicaría por dos motivos. Por un lado, porque algunos caseros que según la ley deberían bajar la renta, han optado por prorrogar un año los contratos vigentes: así esquivan la bajada y evitan atarse al inquilino por un periodo de cinco años. Por otro lado, si los contratos caen, reflejará también el caso de propietarios que han sacado sus propiedades del mercado residencial y las han desviado al alquiler de temporada (habitualmente, hasta 11 meses), que queda fuera de la regulación de precios. En marzo pasado, días después de la entrada en vigor de la regulación, el 90% de los alquileres ofertados en los portales de internet eran contratos de temporada.

Los profesionales del sector privado de la intermediación suelen advertir de que la regulación de precios es positiva para los inquilinos que ya viven de alquiler, pero negativa para quienes quieren buscan pisos de alquiler. Porque aseguran, la regulación espanta a los propietarios y reduce la bolsa de pisos disponibles. En cambio, las entidades que defienden el derecho a la vivienda, como el Sindicato de Inquilinas, atribuyen la caída de oferta a que la regulación está incompleta (no incluye los contratos de temporada) y permite a los caseros aprovecharse de los agujeros de la Ley.

La publicación de los datos de alquiler del segundo trimestre de este año coincide con un gran malestar social por la dificultad de acceder a la vivienda. Los datos no dan tregua ni en el mercado libre ni en la vivienda pública. En el caso del mercado libre, reflejan la brecha entre los lo que suben los ingresos de la ciudadanía y lo que sube el precio de la vivienda. Si en las últimas dos décadas, los ingresos medios de la población catalana han subido un 57,7%, la obra nueva de compra subió un casi un 172% (tres veces más), la compra de segunda mano subió casi un 123% (dos veces más) y el alquiler se más que dobló (114%). La producción de vivienda de protección, por su parte, está lejos de la demanda. En la última década se han terminado unos 13.000 pisos públicos (una media de poco más de 1.200 al año), mientras en el mismo periodo los solicitantes de vivienda pública han sido 90.000.