Un juzgado de Vilanova ha extraviado dos veces una causa contra tres empresarios abierta en 2008

José Antonio Gómez era empresario, vivía en Barcelona y no tenía aún 40 años cuando denunció a tres antiguos socios de una inmobiliaria por apropiación indebida. Era un asunto económico sin mucha miga, de los que pasan por los tribunales sin pena ni gloria. Los socios se apoderaron, presuntamente, de 42.500 euros en dividendos que le correspondían a José Antonio por una promoción que iba a desarrollar la empresa. No solo no le pagaron sino que, como declararon ante Hacienda haberle ingresado esa cantidad, le tocó abonar 8.500 euros en impuestos por incremento de patrimonio. Una mala jugada.

La denuncia recayó en el juzgado de primera instancia e instrucción número 8 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Y ahí ha permanecido durante 17 años. José Antonio, que ahora se dedica a la formación de agentes inmobiliarios, vive en Cádiz (“necesitaba cambiar de aires”, dice) y ha cumplido 56, tiene poca fe en la justicia. Pero no renuncia al derecho a la protesta y por eso ha elevado una queja contra la jueza, Margarita Fe Subirats, ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha empezado a estudiarla y a solicitar información pero no ha abierto por ahora expediente, según un portavoz del órgano.

“Entiendo que los jueces sean lentos por falta de recursos, pero esto es demasiado y aquí han pasado cosas extrañas”, explica. José Antonio no alude a la hiriente lentitud sino a otro hecho insólito: el juzgado ha perdido dos veces la causa, según la documentación consultada por EL PAÍS, y solo ha podido reconstruirla porque el denunciante ha aportado los papeles. “Hemos preguntado mil veces qué ha pasado. Ni nos han dado una explicación ni yo tengo ninguna teoría”. En la queja al Poder Judicial, el hombre denuncia ese “incomprensible” extravío (”una vez puede ser, dos ya no”) y se considera víctima “por partida doble”, por los hechos y por los sufrimientos causados por “la desidia, pasividad e injustificado retraso del juzgado”. Consultado por este diario a través de un portavoz del Tribunal de Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el juzgado sostiene que la causa se perdió una vez (no explica qué pasó) y recuerda que su custodia es responsabilidad del secretario judicial.

Un camino tortuoso

Hay procedimientos que, por lo que sea, nacen torcidos y ya no se enderezan. El de José Antonio es uno de ellos. Presentó la denuncia el 10 de junio de 2008. Solo tres días más tarde, con una velocidad que no se vería más, la magistrada Fe abrió y archivó la causa, sin practicar diligencias, al no ver indicios de delito. El abogado del empresario recurrió la decisión. Pero ya no hubo noticias hasta tres años más tarde, cuando, en 2011, el juzgado ordenó la “reconstrucción del expediente”, que se había perdido. José Antonio aportó la documentación y, con ello, la jueza admitió el recurso y reabrió la investigación.

La jueza no se puso las pilas hasta el año siguiente, 2012: pidió información al registro mercantil y a los administradores de la sociedad y citó como testigos a los empresarios, que aseguraron no recordar si habían aprobado o no el pago a José Antonio o si habían emitido un certificado fiscal. Ante ese olvido, el abogado pidió, en la primavera de 2013, su declaración como investigados. Se produjo entonces un fundido a negro. La oscuridad se prolongó durante casi cinco años, a lo largo de los cuales el letrado presentó nueve escritos de impulso procesal —herramientas para decirle al juzgado que no se olvide del asunto— en los que advertía, en tono cada vez más severo, del “perjuicio irreparable” para su cliente. No sirvió de nada. “Era un cachondeo. Cada dos por tres preguntábamos. Se juntaba la navidad con el verano y el verano con la navidad”, afirma, con humor, José Antonio.

La luz regresó de la peor forma. En enero de 2018, la jueza admitió que el expediente había desaparecido y pidió ayuda a las partes. El fiscal respondió que no tenía nada y la jueza archivó el caso por la “imposibilidad de reconstruir” la causa. José Antonio acudió de nuevo al rescate y lo entregó todo y por orden cronológico. Pero ya entonces su abogado expresó el malestar: “No podemos dejar de mostrar nuestro estupor por el hecho de que este expediente se haya perdido insólitamente en dos ocasiones”. En todo ese tiempo sin noticias, y a pesar de haber acudido personalmente varias veces a Vilanova, nadie les avisó de que la causa estaba, de nuevo, perdida.

En el verano de 2018, los empresarios declararon finalmente como investigados. Pero no fue hasta cuatro años y medio más tarde, en diciembre de 2022, cuando la jueza puso fin a la investigación con un auto en el que apreciaba indicios de delito. Concluyó que José Antonio “presuntamente nunca habría percibido” los 42.500 euros y sufrió “perjuicios económicos de índole fiscal”. La jueza dio traslado a la Fiscalía y a las acusaciones para que solicitaran la apertura de juicio oral. Las defensas recurrieron ese auto y, desde entonces, la magistrada no había resuelto los recursos ni abierto juicio oral. Hasta que llegó la queja.

El 11 de febrero, en otro giro de los acontecimientos, la jueza dictó el archivo de la causa. En un auto de apenas tres páginas, habla de una “paralización del procedimiento” de seis años y concluye, contra su criterio anterior, que los delitos han prescrito. A José Antonio, este nuevo revés —que atribuye a la presentación de la queja— no le quita las ganas de pelear y por eso piensa recurrir la decisión.