Imputados tres directivos de la empresa propietaria de Pegasus por espionaje al abogado del ‘procés’, Andreu Van den Eynde

La Audiencia de Barcelona ha imputado este lunes a tres directivos del entramado empresarial NSO Group, propietaria del programa Pegasus, como presuntos autores de un delito de descubrimiento y revelación de secretos por el espionaje a Andreu Van den Eynde, abogado del exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, durante el juicio al procés independentista. La resolución llega después de que la titular del Juzgado de Instrucción 24 de Barcelona denegara su imputación, manteniendo la investigación únicamente contra la empresa fabricante y las comercializadoras en Europa, una decisión que fue recurrida por la defensa de Van den Eynde, que ejerce la organización por los derechos humanos Irídia.

Ahora, la Audiencia de Barcelona entiende que si se investiga a las mercantiles que actuaban bajo la denominación NSO Group –concretamente NSO Group Technologies Limited, Osy Technologies S.A.R.L. y Q Ciber Technologies Limited–, “parece del todo lógica la ampliación de la imputación a las personas físicas que se ha averiguado están detrás de las decisiones adoptadas por las mismas”.

El tribunal entiende que, dado que se ha identificado qué personas físicas hay detrás de las personas jurídicas, siempre que la causa se mantenga viva frente a las citadas mercantiles y no se acuerde el sobreseimiento, dice textualmente el auto, “parece absolutamente adecuado tomarles declaración como investigados”.

Según ha avanzado Irídia-Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, que asumió el caso de espionaje a Van den Eynde, los imputados son el fundador de NSO Group y miembro de la junta directiva de la empresa israelí con sede en Luxemburgo, Omri Lavie; el fundador y director general de NSO Group hasta 2022, Shalev Hulio, y el directivo de Q Cyber Technologies desde 2016 hasta 2021, Yuval Somekh.

Por primera vez, manifiestan desde la entidad, los directivos de NSO Group serán notificados formalmente como investigados en un proceso penal e instan a las autoridades de Luxemburgo a colaborar en la pesquisa y a impulsar una Orden Europea de Investigación (OEI) para esclarecer los hechos denunciados.

La abogada penalista y codirectora de Irídia, Anaïs Franquesa, ha manifestado que desde la entidad han acogido con “mucha satisfacción” la decisión de la Audiencia como referente clave en la lucha contra el espionaje. Desde la entidad aseguran que el Ministerio Fiscal trató de bloquear repetidamente la ampliación de la querella, a pesar de que la Comisión PEGA y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) insistieron en la necesidad de investigar a fondo el caso Pegasus. La decisión de la Audiencia Provincial coincide con la celebración este lunes de la audiencia parlamentaria de la PACE sobre el caso y programas de espionaje similares, como Predator, uno de los spyware más importantes del mundo.

En un comunicado, Irídia ha manifestado su expectativa de que la jueza se pronuncie sobre la petición de imputación de la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, por su posible responsabilidad en el espionaje con Pegasus. En noviembre del año pasado, Irídia presentó un informe en el que valoraba el caso como una fragilidad dentro del marco legislativo español. “Toda la actividad de la inteligencia española está sometida a la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Eso nos da una idea de las escasas garantías que proporciona”, denunció Franquesa.

Brian Ventura, abogado pensalista de Irídia, subrayó la falta de transparencia por parte del CNI. Ventura insistió en que la defensa solicitó al CNI los datos de uso y adquisición de Pegasus, las personas que intervinieron en la compra e implementación y los usos del spyware en el teléfono del letrado. También pidió la declaración de la actual directora de inteligencia, Esperanza Casteleiro, pero no hubo contestación.