Mandos de los Mossos advierten de la falta de efectivos para asumir las nuevas competencias de inmigración

La delegación a la Generalitat de competencias en materia de extranjería y fronteras abre un nuevo frente en la policía catalana. Los Mossos d’Esquadra, que desde hace años pelean por ser una policía integral, llevarán a cabo funciones que hasta el momento tenían de manera exclusiva la Guardia Civil y la Policía Nacional, si se aprueba la proposición de ley pactada entre el PSOE y Junts. Al previsible rifirrafe entre cuerpos policiales por la decisión política, se suma la carencia de mossos para asumir las nuevas responsabilidades. En la actualidad, la plantilla de la policía catalana cuenta con 19.000 agentes, y el compromiso es incrementarla hasta 26.800 en 2032. Eso supone grandes convocatorias, de mínimo 1.500 policías anuales, si se quiere alcanzar la cifra, contando con la reposición de las jubilaciones.

“Es política pura y dura, no es vocación de servicio al ciudadano”, lamentan mandos de los Mossos consultados por la decisión anunciada este martes de que la policía catalana podrá proponer expulsiones, gestionará el CIE, será la competente en materia de trata y tráfico de personas o compartirá cuestiones de seguridad en fronteras con Policía Nacional y Guardia Civil. “Apostamos por la asunción de todas aquellas competencias que se determinen”, indica el secretario general de uno de los principales sindicatos, SAP-Fepol, Pere García. Pero también señala las dificultades de la proposición de ley ya registrada ante el Congreso: “¿Qué implica la ley? No queremos desorden”, añade, sobre un cuerpo que tiene una media de edad de entre 43 y 47 años. “No nos podemos posicionar en contra de tener más mossos, pero lo que no queremos es que baje el grado de exigencia”, reflexiona.

En la actualidad, el Instituto de Seguridad Pública tiene en marcha un curso para 1.300 plazas de mossos. Se abrió una primera convocatoria en septiembre, para 900 personas, que se amplió con otras 400 más. Desde la pandemia, además, la instrucción en la escuela se ha reducido a la mitad y dura seis meses, que se compensa con más formación telemática en casa, para que sea el mismo número de horas. “Al final, ¿qué tipo de policías vamos a tener?”, se quejan mandos policiales, que aseguran que nadie les ha informado sobre los nuevos anuncios. “Solo hemos recibido el dosier de prensa, con todas las noticias en los digitales”, lamentan. “Lo que no podemos es perder músculo en otros servicios”, añade el secretario general de SAP-Fepol. “No sé de dónde saldrán tantos mossos”, añade un tercer mando del cuerpo.

Otra de las decisiones pactadas por Junts y el PSOE es la gestión del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca. Hasta ahora, es una labor que ejercía la Policía Nacional. “¿Qué margen de mejora tenemos ahí?”, se quejan otros mandos del cuerpo, sobre la difícil tarea de los agentes en un centro que no es formalmente una cárcel, pero en el que las personas están retenidas en contra de su voluntad, muchas de ellas a la espera de ser expulsadas del país. Además, los acuerdos para las expulsiones suelen responder a negociaciones diplomáticas entre países, lo que reduce enormemente las posibilidades de la Generalitat de decidir a quién se expulsa y a quién no.

En la última Junta de Seguridad de Cataluña, la propia consejera del Interior, Núria Parlon, excusó que los Mossos no asumieran las competencias de seguridad ciudadana en puertos y aeropuertos de manera inmediata, algo negociado por el anterior Gobierno de ERC, por la falta de efectivos. “Hay que desplegar competencias de acuerdo a la capacidad de tenerlas”, respondió entonces la consejera a preguntas de los periodistas. La medida está ahora recogida en la nueva proposición de ley. Lo que sí se pactó entonces fue la asunción de manera integral por parte de los Mossos de los delitos medioambientales, una tarea que hasta entonces desarrollaba también el Seprona de la Guardia Civil. La medida supuso un varapalo para la Guardia Civil. Fuentes del cuerpo lamentan que el servicio al ciudadano es lo último que se prioriza en este tipo de acuerdos.

Otros mandos consideran que la ampliación de las competencias para la policía catalana es una buena noticia, aunque a corto plazo suponga un ajuste de las maneras de trabajar y una adaptación a nuevos sistemas. “Es histórico”, señalan, sobre el hecho de que los Mossos puedan, por ejemplo, proponer expulsiones. En la misma línea, otras fuentes aplauden la decisión, que dependerá de una buena coordinación entre el Departamento del Interior catalán y el ministerio del mismo ramo. La pena, indican, es que se acuerde en un contexto de negociación de un Gobierno en minoría que necesita el apoyo de Junts. “Todo lo que sea mejorar las competencias es positivo, pero se ha enfocado muy mal, como un trato político”, añade otro responsable policial.

Sindicatos policiales de Policía y Guardia Civil ya han salido este martes en tromba para criticar las decisiones del Ejecutivo y amenazan con movilizaciones. “Si hay que sentar en el banquillo a estos líderes políticos para salvaguardar un derecho tan esencial como el de la seguridad pública, lo haremos; estamos decididos a llevar este asunto hasta el final”, ha amenazado el sindicato de la Policía Nacional SUP. En la misma línea, Jupol ha denunciado la “cesión ilegal” de las competencias migratorias a la Generalitat, y ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, “si se atenta contra las competencias de la Policía Nacional”. La Confederación Española de Policía (CEP) ha hablado de “golpe mortal” para los cometidos de la Policía Nacional en Cataluña, mientras que Unión Federal de Policía (UFP) ha incidido en que la situación puede generar descontrol: “Asignar la misma competencia a distintos cuerpos policiales es un despropósito operativo que solo generará descoordinación y conflictos funcionales”. La asociación AUGC de la Guardia Civil ha denunciado que se use la seguridad como “moneda de cambio” en pactos políticos, a costa de “poner en riesgo la unidad de acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en un ámbito tan sensible como la inmigración”.