La líder municipal de Barcelona en Comú gana el pulso a su casero: le pedía un 50% más y convertir su piso en alquiler de temporada

Ni una ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, si vive de alquiler, se libra del intento de su casero de no renovarle el contrato y convertir su piso en un alquiler de temporada. La ex número dos de la ex alcaldesa Ada Colau, Janet Sanz, ha explicado este lunes que hace unos meses, a punto de finalizar el contrato del piso en el que vive, el casero le quiso imponer un alquiler de temporada. No le renovaría, afirmó, y pero podía quedarse pagando un 50% más y con un contrato de corta estancia. “Tengo la suerte de estar afiliada al sindicato de inquilinas, ser jurista y haber sido tenienta”, ha explicado Sanz sobre la importancia de conocer las normas. Finalmente, “tras un diálogo loco”, en palabras de la propia concejal, el casero renovó el contrato cinco años más. Desde hace algo más de un mes, usar el alquiler de temporada de forma fraudulenta puede conllevar multas a los caseros.

Sanz preside desde hace unos meses la Comisión No Permanente de Estudio sobre la problemática de la vivienda en el Ayuntamiento de Barcelona. La de este lunes era la última de cinco sesiones por las que han pasado unos 25 expertos a quienes han podido preguntar todos los partidos con representación en el consistorio. La sesión de conclusiones está prevista para el 28 de abril.

Un concejal de Anne Hidalgo: “El 30% ha conservado a las clases populares en el centro de París”

En la sesión de este lunes ha comparecido precisamente a propuesta de los comunes, el ex concejal del Ayuntamiento de París Ian Brossart, que ahora es senador y copresidente del grupo municipal comunista en el consistorio. Brossart formó parte durante casi una década del equipo de la alcaldesa Anne Hidalgo y Barcelona en comú le ha llamado para explicar la experiencia de la imposición del 30% de vivienda social en las nuevas promociones de París. “Nos ha permitido conservar a las clases populares en el centro de la ciudad”, ha explicado y ha concretado que en barrios de clase acomodada los pisos de protección han pasado de ser el 1% de la vivienda al 8% gracias al 30% y en edificios donde se mezclan pisos de compra libre con otros protegidos. En algunos barrios, el Ayuntamiento ha aumentado la reserva que se impone a los propietarios hasta el 50% de vivienda protegida. Y la ciudad acaba de aprobar otra norma que obliga a los nuevos edificios de oficinas, tener un 10% de la superficie construida en vivienda y, de ésta, un 30% protegida.

Con la norma urbanística del 30% a debate en Barcelona, donde el actual ejecutivo quiere flexibilizarla, la actual tenienta de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, ha asegurado que en París, del porcentaje de vivienda pública que se ha sumado “solo una quinta parte ha sido por la vía del 30%, el resto han sido compras [de vivienda por parte del consistorio]”.