La Audiencia de Valencia mantiene la acusación contra la secretaria del PP municipal por cohecho

La Audiencia de Valencia ha decretado el archivo provisional de la causa abierta contra dos exconcejalas del PP y un asesor durante la etapa de Gobierno de Rita Barberá en el caso del pitufeo por la que estaban acusados de un presunto delito de blanqueo. Sin embargo, el tribunal ha decidido mantener la acusación de cohecho contra la secretaria del grupo municipal, María del Carmen García Fuster por la comisión de un presunto delito de cohecho.

Con estos, los archivos decretados por la Audiencia en esta misma pieza del caso Taula ascienden a 16, tras los 13 hechos públicos este martes por el mismo tribunal, que decretó el sobreseimiento provisional de las diligencias, tras estimar sus recursos de apelación contra el auto de procedimiento abreviado dictado en octubre pasado por el Juzgado de Instrucción 18 de Valencia.

En el caso de la acusación por cohecho, el tribunal entiende que la causa ha de seguir contra ella por la “supuesta percepción de dinero de origen desconocido pero vinculado no obstante a cobros de empresas por trabajos no demostrados o realizados con sobrecoste” en la campaña electoral de 2011.

A juicio del Tribunal, existe un “substrato que permite atribuir racional e indiciariamente la consideración de dinero procedente de una actividad delictiva al dinero descubierto a través de las notas manuscritas, poseído y manejado por la apelante sin haber aportado una explicación coherente que descarte los mencionados indicios”.

Además de la acusación del delito de blanqueo, que la Audiencia provincial está archivando, de momento, para todos los imputados, parte del equipo de Rita Barberá está acusado tambien de cohecho, como es el caso de García Fuster y de malversación. En su escrito de acusación, el fiscal detalló la operativa del PP en los meses previos a las elecciones de 2007, 2011 y 2015, en los que la lista de Barberá ganó los comicios y la califica de “una operativa criminal de entregas de dinero por empresarios con fuerte vinculación contractual con el Ayuntamiento de Valencia, así como el desvío de fondos públicos provenientes de fundaciones y asociaciones creadas en el seno de dicho Ayuntamiento y la obtención y disposición de dinero en metálico de procedencia ilícita vinculada a dádivas, premios, gratificaciones o regalos que eran entregados en consideración a las funciones que desempeñaban altos funcionarios y dirigentes pertenecientes al Grupo Municipal del Partido Popular”.