La jueza procesa a Zaplana por organización criminal y blanqueo

La jueza ha puesto fin a la instrucción del caso de corrupción política Erial, cuyo principal investigado es Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo en el Gobierno de José María Aznar, del PP. En su auto de transformación a procedimiento abreviado, paso previo a la apertura de juicio oral, la titular del Juzgado de Instrucción Número 8 de Valencia considera que “existen indicios” de que algunos de la veintena de investigados “se aprovechaban de los cargos políticos que ostentaban a lo largo de varios años, junto con empresas existentes y ayudadas también por empresarios individuales” y “facilitaron la obtención de contratos públicos obteniendo todas las partes beneficios económicos” que “posteriormente fueron objeto de blanqueo y otros delitos”.

Las presuntas conductas “eran dirigidas por Zaplana”, junto a un grupo cercano al expresidente de amistades o de personas que habían tenido relación “por la posición política” que ostentó y “las relaciones que tuvo desde su cargo público”, todo ello “con el fin de poder obtener ganancias ilícitas”. Los concursos públicos tras la privatización de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) y la ordenación territorial de los parques eólicos resultaron ser “a la carta” para que las empresas interesadas, “previa estipulación de comisión, se hicieran con dichas adjudicaciones”.

La jueza procesa también a una veintena de personas, entre ellas, su sucesor al frente de la Generalitat y expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, del PP; el que fuera jefe de Gabinete de Zaplana Juan Francisco García; los hermanos empresarios Vicente y Juan Cotino, sobrinos del exdirector general de la Policía con Aznar Juan Cotino, fallecido en 2020; y los supuestos testaferros Joaquín Barceló y Francisco Grau. Por el contrario, ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa para la hija de Zaplana, María, y su mujer Rosa Barceló, al no ver indicios de delito.

“El dinero detectado tras la instrucción y obtenido por comisiones ilícitas y que no ha sido recuperado en su totalidad, ya que parte del mismo fue intervenido por las autoridades andorranas, y otra parte entregado al propio interesado, donde existían cuentas a nombre de Joaquín Barceló como testaferro de Eduardo Zaplana, ascendería a más de 15.000.000 euros”, apunta el auto de la jueza. Tras la confesión de su presunto blanqueador, el uruguayo Fernando Belhot, este “transfirió al Juzgado la cantidad de las cuentas suizas, dinero que lo era de Eduardo Zaplana y que él le gestionaba, según consta en su declaración, siendo el importe de esta transferencia 6,734,026,1 euros”, señala el auto.

El dinero obtenido por facilitar estas contratas, posteriormente, se destinaba a nuevas operaciones ilícitas, en las que intervenían empresas como Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Integrales, Turnis Sylvatica y Dobles Figuras, todas ellas citadas en el auto. El complejo circuito de dinero que viajaba de un bolsillo a otro, a cuentas en el extranjero en Luxemburgo o Países Bajos y a entidades opacas, convierte a Zaplana y al resto de investigados en posibles autores de los presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental.

La jueza cita en su auto como director de la trama al exministro del PP, que fue detenido por este caso el 22 de mayo de 2018 y permaneció en prisión hasta febrero del año siguiente. No obstante, la instrucción, en realidad, había comenzado tres años antes, durante la investigación de otra red de corrupción, el caso Imelsa, cuando a Marcos Benavent, el autodenominado “yonqui del dinero”, se le incautaron unos papeles hallados en una vivienda que había pertenecido al expresidente valenciano. Los documentos pormenorizaban los importes que debían aportar los candidatos a una adjudicación y la cantidad que debían señalar en sus pliegos.

Estas anotaciones enfocaron la mirada de los investigadores hacia la privatización de las ITV y la ordenación territorial de los Parques Eólicos, iniciativas impulsadas bajo el gobierno de Zaplana en la Generalitat. La trama de políticos, empresarios, funcionarios públicos, gente de confianza y un presunto testaferro, Joaquín Barceló, diseñaba, señala el auto, “concursos a la carta” en las adjudicaciones de estos servicios para empresas como las que formaban el Grupo Sedesa, propiedad de Cotino y sus sobrinos, Vicente Cotino Escrivá y José Cotino Escrivá, con las que se pactaban las comisiones y que acababan haciéndose con los contratos públicos.

Mientras daba salida a las ganancias, Zaplana siempre quedaba “ante todo oculto en la sombra de todo tipo de actividad, con el fin de eludir posibles responsabilidades y dado que era conocido públicamente”, continúa el auto. Repartía pequeñas porciones del dinero entre sus amigos y conocidos para captarlos para la causa y puso a Barceló de administrador de las sociedades y titular de las cuentas que servían para oscurecer el tránsito de los beneficios hacia paraísos fiscales.

El exministro de Aznar se enriquecía mientras quedaba “al margen, formalmente, y libre de responsabilidades”. El mapa de las sociedades pantalla se reparte por empresas de España, Uruguay, Panamá y Luxemburgo, y cuentas abiertas en países como Andorra y Luxemburgo. Posteriormente, si era necesario, la red había constituido dos empresas, Medlevante S. L. y Gesdesarrollos Integrales S. L., para que el dinero regresara a España una vez blanqueado.

“En este entramado colaboró también Mitsouko Flerida Henríquz, secretaria personal de Eduardo Zaplana desde hace años y conocedora de las actividades delictivas del mismo”, dice el auto, así como la exdiputada autonómica del PP, Elvira Suanzes, amiga del exministro y su hermano Saturnino.

La jueza da a las partes un plazo de 10 días para que formulen escrito de acusación que solicite la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, en una resolución que no es firme y frente a la que cabe recurso.

Zaplana fue detenido el 22 de mayo de 2018 y se le puso en libertad el 7 de febrero de 2019, aunque de esos 259 días 51 los pasó en el Hospital La Fe de Valencia, donde fue asistido para controlar varias dolencias que son consecuencia de la leucemia que padece desde 2015.