La Generalitat encarga un informe para saber cuánto dinero desvió el caso Eiral de las arcas públicas

La Oficina de Recuperación de Activos de la Generalitat Valenciana ha solicitado a la Conserjería de Economía Sostenible, que evalúe el supuesto quebranto que causó a la Generalitat la privatización de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en 1997 y la adjudicación del Plan Eólico Valenciano en el año 2002 que están siendo investigadas en el conocido como caso Erial.

Estas dos actuaciones del Consell están en el origen de la instrucción que está realizando un juzgado de Valencia por supuestos delitos fiscales y de corrupción y en el que están investigados varios altos cargos del gobierno del PP, entre ellos, los expresidentes Eduardo Zaplana y José Luis Olivas, entre otros.

Según la directora general de Relaciones con las Cortes y responsable de la Oficina de Recuperación de Activos, Ana Domínguez, con este informe la Generalitat persigue cuantificar “el impacto que pudieron tener en las cuentas públicas tanto la privatización de las ITV como la adjudicación del Plan Eólico, actuaciones que están en el fondo de la investigación fiscal del juzgado por las supuestas comisiones que se cobraron por estas actuaciones”.

La Fiscalía Anticorrupción ya recuperó nueve millones de euros procedentes del presunto cobro de comisiones ilegales en la concesión del plan eólico y de las ITV en la Comunidad Valenciana. El dinero estaba consignado en la cuenta de depósitos judiciales siete millones de euros gestionados por Fernando Belhot, que actuaba presuntamente como testaferro de Zaplana, y que ha decidido colaborar con la justicia entregando de manera voluntaria esas cantidades

La Oficina de Recuperaciones de Activos fue creada por el Consell del Botànic para coordinar las acciones de recuperación del dinero público que en algunos casos fue obtenido ilegalmente en los distintos casos de corrupción que han afectaron a la gestión de la Generalitat Valenciana en las décadas pasadas.

Expedientes de recuperación por hasta 20 millones

Hasta la fecha, se han recuperado más de siete millones y medio de euros, en casos como las distintas piezas de la trama Gürtel, las cuatro piezas del caso Cooperación, Emarsa o las condenas por el caso FITUR.

En total se han abierto cerca de 40 expedientes relacionados en su mayoría con asuntos judiciales en los que la Generalitat ha sido perjudicada patrimonialmente, y así ha sido reconocido en las correspondientes sentencias. La oficina trabaja ahora en la recuperación de hasta 20 millones de euros por distintos expedientes.

Antes de su privatización en el año 1997 las estaciones de ITV eran gestionadas por SEPIVA, una empresa de la Generalitat, y que los ingresos que se derivaban de estas actuaciones constituían una fuente permanente de ingresos públicos. Tras la privatización, se produjeron incrementos de los precios de la inspección de vehículos y se cobraron las segundas inspecciones, que antes eran gratuitas, lo que constituyen indicios de que se pudo haberse querido beneficiar a los nuevos gestores privados.