Carlos Mazón elimina la oficina para recuperar dinero público desviado por la corrupción

La Generalitat Valenciana, gobernada por el PP y Vox, ha decidido eliminar la Oficina de Recuperación de Activos, un órgano desde el que se hacía un seguimiento de los procedimientos judiciales que se investigan y suponen un perjuicio económico a la Generalitat.

El objetivo de la agencia era el seguimiento y promoción de la actuación de la Abogacía General de la Generalitat en determinados casos, así como la exigencia de la ejecución de las sentencias, cuando las actuaciones habían supuesto un perjuicio económico para la Generalitat como consecuencia de actos fraudulentos por parte de autoridades y empleados públicos. El objetivo es recuperar para el erario público el dinero distraído por la corrupción. Hasta enero de 2023, estas actuaciones permitieron reingresar 8.130.139 euros en las arcas públicas, a los que se sumaban otros cinco millones pendientes de recuperación. El origen de estos fueron, por ejemplo, el caso Cooperación, bajo la presidencia de Francisco Camps, por el que fueron desviados alrededor de seis millones de euros de los fondos que la Generalitat dedicaba a la cooperación con países del Tercer Mundo. También el caso Emarsa, una entidad de depuración de aguas residuales del área metropolitana de Valencia desde las que, también dirigentes del PP, pagaron cantidades millonarias por servicios y suministros inexistentes. La oficina también ha trabajado en procedimientos administrativos como el de la reclamación al PP de su deuda de más de 20.000 euros por el alquiler del Palau de la Música, de titularidad pública, por un mitin electoral celebrado en 2011.

La entidad era una réplica de la implantada en decenas de países y, en 2015, por el propio Gobierno de España entonces bajo la presidencia de Mariano Rajoy. En estas oficinas se persigue privar a las organizaciones criminales de las ganancias procedentes de sus actividades delictivas como el tráfico de drogas, de armas o el blanqueo de dinero. En el caso autonómico, se limitaba a los activos desviados u obtenidos a través de corruptelas de autoridades o funcionarios con la Generalitat Valenciana como perjudicada. Así, por ejemplo, cuando en febrero de 2022 las autoridades suizas comenzaron a desbloquear y transferir a España los más de 43 millones de euros depositados en diversas entidades bancarias suizas por algunos de los condenados por la trama Gürtel, la Oficina de Recuperación de Activos de la Generalitat solicitó que se hicieran efectivas las responsabilidades civiles de los corruptos para que las arcas públicas valencianas recuperaran 3,2 millones de euros, por la contratación irregular de pantallas durante la visita del Papa en julio de 2006.

Los socialistas valencianos han denunciado este lunes la decisión del PP y Vox de fulminar un órgano que puso en marcha el Gobierno de Ximo Puig “para recuperar el dinero que el PP nos robó a lo largo de los años en sus múltiples casos de corrupción”, según ha apuntado la portavoz en las Cortes, Rebeca Torró. “Y lo ha hecho en medio del puente de agosto, con nocturnidad y alevosía, unas formas y un fondo que dicen mucho de su manera de entender la política y de su compromiso para luchar contra la corrupción”, ha señalado antes de exigir “la reactivación inmediata de esta oficina” tal y como estaba funcionando, con personal de la dirección general de relaciones con las Cortes Valencianas que, además de otras, tenían asignada esta función.

La justificación de la decisión de la Generalitat ha sido argumentada por el secretario general del PP valenciano, Juanfran Pérez Llorca, quien ha acusado al expresidente Puig de arrogarse competencias que correspondían a la Abogacía de la Generalitat y de “pisotear su independencia”. “Ahora se ha despolitizado y se ha profesionalizado esa oficina, a diferencia del anterior, que le quitó competencias para dárselas a los políticos”, ha dicho Llorca, cuando el resto de oficinas también dependen de la designación del Ejecutivo. “Este tipo de cuestiones han pasado a depender en su integridad de la Abogacía, sin tintes políticos. Es la Abogacía de la Generalitat el órgano supremo que tiene la capacidad de instar acciones judiciales relacionadas no solo con casos de corrupción sino de cualquier otra índole”, ha señalado, cuando la oficina ejercía una labor de auxilio.

Fuentes de los socialistas valencianos han recordado la “utilización” que ha hecho el PP de instituciones como la Abogacía de la Generalitat en momentos como el del estallido del caso Gürtel, cuando la entonces portavoz del Consell de Francisco Camps, Paula Sánchez de León, compareció públicamente junto a la Abogacía y la Intervención de la Generalitat para defender la legalidad de las contrataciones realizadas por el Gobierno valenciano y criticar un informe de Guardia Civil en el que ya se advertía de las corruptelas de la trama.

Una de las labores en la que se encontraba el órgano era la de hacer un cálculo del perjuicio económico que el caso Erial, en el que está implicado el expresidente Eduardo Zaplana, supuso para las arcas públicas por las adjudicaciones supuestamente irregulares de los planes eólicos valencianos y de adjudicación de las ITV. La oficina iba a recopilar toda la información con el fin de presentarla al juzgado y concretar la reclamación para la celebración del juicio, que comenzará en enero.