Un curso para (no) olvidar

El 21 de junio finalizaron las clases del curso 2023-24, el primer curso que ha dirigido un conseller de educación, el Sr Rovira, que se estrenó diciendo que “había centros que no sabían qué hacer con tantos profesores”. Toda una declaración de intenciones de lo que nos esperaba por delante.

Las primeras noticias del cambio de gobierno se produjeron durante el proceso de adjudicación de plazas al profesorado, proceso que estaba ya organizado cuando se incorpora el nuevo equipo de dirección de la Conselleria. Nada más incorporarse, el sectarismo (supresión de centenares de comisiones de servicio de personal técnico de la Conselleria porque el conseller afirmó “que todos eran enchufados del Botànic”), la ausencia por vacaciones de la nueva Directora General de Personal y la incompetencia manifiesta de los nuevos responsables políticos provocaron un caos difícilmente superable. En lugar de dedicar todas sus energías a resolver los problemas, que su sectarismo y prepotencia habían generado, se dedicaron a decir que todo era culpa del gobierno anterior, con argumentos tan pueriles como la obsolescencia del programa informático o frases delirantes del sr conseller como “todo ha sido planificado por el Botànic, que ha dejado todo lleno de bombas ocultas para que fallaran todos los procesos y así crear el caos”.

Por si el profesorado no había tenido bastante con este caos veraniego cambiaron los horarios de los Institutos de Educación Secundaria, bajo el argumento demagógico de incrementar las horas de inglés y matemáticas, “donde se pudiera” porque eso de que los centros tuvieran horas de profesorado para poder organizar desdobles, codocencia etc., no servía para nada. Ya que ellos no trabajaron en verano, al menos que lo hicieran los equipos directivos de los Institutos.

En septiembre presentaron los datos del inicio del curso 2023-24, como si los centros construidos, las becas de comedor, Xarxallibres o el incremento de profesorado hubieran sido producto de su trabajo en el mes de agosto. Todas esas pequeñas cosas no eran herencia del Botànic.

A pesar de todas las barbaridades realizadas por el nuevo equipo de dirección durante los días que trabajaron del mes de agosto, el curso se inició el día que estaba planificado y desde el principio empezaron a dejar claras sus prioridades: degradar la escuela pública, segregar al alumnado y conseguir que el valenciano se quede como lengua familiar en aquellos municipios en los que lo hablan hasta los dirigentes del PP.

¿Cómo han llevado adelante sus prioridades?

El finiquito del valenciano, a través de una denominada ley de “libertad educativa” que pretende acabar con todos los avances conseguidos en la enseñanza y el aprendizaje del valenciano en los últimos 40 años.

La degradación de la escuela pública a través de la supresión de más de 200 aulas en los centros públicos y de miles de plazas para el alumnado de las escuelas oficiales de idiomas, la paralización y recorte salvaje del presupuesto para infraestructuras educativas que se estaban ejecutando a través del Plan Edificant, la supresión de las ayudas para compra de material escolar dirigidas al alumnado con mayores dificultades económicas y un largo etcétera que ha finalizado con un recorte general de profesorado en los centros públicos de todos los niveles educativos con la falsa excusa de que el acuerdo de plantillas firmado por el gobierno del Botànic era ilegal.

La segregación del alumnado a través de diferentes medidas entre las que destaca la aplicación del llamado “distrito único”. Esta vieja aspiración de una parte de la patronal de la escuela concertada (la concertada que quiere ser privada pero pagada por todos), siempre va acompañada de modificaciones en el baremo de admisión del alumnado en el que esa “libertad de elección de las familias” queda condicionada por la puntuación que otorga el consejo escolar. Más allá de las barbaridades que hemos conocido sobre los criterios para conceder esa puntuación, todavía estoy esperando que alguien nos dé un solo argumento para justificar el motivo por el que un centro que se paga con el dinero de toda la ciudadanía tiene derecho a establecer criterios para decidir quién entra y quién no. Es decir, según el gobierno del Sr Mazón establecer que la proximidad de la vivienda al centro sea un aspecto a tener en cuenta en el baremo de admisión es un ataque a la libertad de las familias. Sin embargo, establecer que puntúe ser hijo de antiguo alumno o haber estado escolarizado en una determinada escuela infantil privada en la que se pagan 300 euros al mes, por no hablar de las barbaridades que habían acordado algunos consejos escolares o titulares de algunos centros concertados, sí son cantos a la Libertad.

Estas son algunas de las medidas que el gobierno del Sr Mazón ha tenido a bien aplicar a nuestro sistema educativo, medidas que han ido acompañadas de discursos grandilocuentes en los que se afirma que todo se hace por la libertad, por el apoyo al alumnado con más necesidades, por promocionar el valenciano. Es decir, que no solo nos castiga sino que además pretende insultar a la inteligencia de todas las valencianas y todos los valencianos.

Y así hemos llegado al final de este curso para olvidar, si no queremos recordar todos los ataques a la educación pública que han aplicado, o un curso para NO olvidar si cuando llegan los diferentes procesos electorales queremos recordar cuáles han sido este curso sus prioridades, que casualmente siempre son las mismas cuando gobiernan, prioridades que se pueden resumir en una: “que la escuela pública sea una escuela marginal dirigida a los sectores más desfavorecidos de la población”.

Miguel Soler fue secretario autonómico de Educación de la Generalitat valenciana entre 2015 y 2023 con el PSPV-PSOE.