La huerta de Valencia cede a la presión urbanística y del turismo bajo el mandato de Mazón

“La huerta es un territorio especial y único que debemos proteger. Y no lo decimos solo nosotros, lo reconocen organismos internacionales como la Unión Europea o la FAO. Quieren sembrarlo de construcciones”, denuncia vehementemente Conxa Medina, portavoz de Per l’horta, un colectivo ciudadano creado en 2001 para defender unas tierras de alto valor agrícola que conviven, a duras penas, con los 1,6 millones de habitantes de Valencia y su área metropolitana. Sus asociados recogen firmas contra el decreto ley recién aprobado por el gobierno de la Generalitat, presidido por Carlos Mazón (PP), porque hace posible la construcción residencial o de instalaciones deportivas en terrenos protegidos. El PP argumenta que la ley anterior había que ajustarla porque ha sido un fracaso y que la edificación se dará solo en casos puntuales y justificados por la emergencia habitacional. Los grupos de la oposición, PSPV y Compromís, estudian acciones políticas y jurídicas contra unos cambios que están convencidos aumentarán la presión urbanística sobre la huerta.

Desde 2018 está en vigor una ley que salvaguarda 11.000 hectáreas de una huerta que ha ido menguando por el avance de los planes urbanísticos y las infraestructuras. La ley, firmada por el Botànic (el anterior gobierno de izquierdas, del PSOE-Compromís y Unides Podem), creó un consejo rector y fijó una serie de medidas para incentivar la recuperación de tierras de cultivo abandonadas o degradadas que el PP considera fracasadas. Ahora, con la devastadora dana del pasado 29 de octubre de fondo —aunque los cambios se anunciaron mucho antes—, el Consell ha abierto la posibilidad de construcciones residenciales en un tercio de los suelos protegidos, concretamente los de grado 3, y ha suprimido el Consell de l’Horta, su órgano rector “por inoperativo”. Per l’horta estima que se desprotegen de facto 3.800 hectáreas, unas pocas localizadas en l’Horta Sud, epicentro de la dana, pero, sobre todo, en l’Horta Nord, la huerta de mayor calidad y a la que no alcanzó la riada.

Los defensores de este espacio rural acusan a Mazón de “escudarse en la dana” para actuar sobre hectáreas de terreno protegido y no descartan emprender acciones legales. La reforma, añaden, “implicará que en las zonas de huerta que no estén protegidas por los PGOU municipales, la urbanización podría ser inmediata”, advierte Medina. Los cambios permitirán además “ampliar la superficie de restaurantes, horchaterías y otros establecimientos turísticos ubicados en zonas de huerta y en especial sus aparcamientos, que en algunos casos se han construido fuera de ordenación”, advierten. También barajan que tras la autorización de proyectos deportivos que no exijan una reclasificación del suelo esté la instalación de un campo de golf. “La huerta es un paisaje fruto de la acción humana, no es un bosque o una montaña y desaparecerá si no hay agricultores”, subrayan los partidarios de mantener su protección.

Este cinturón de tierras fértiles que rodea el área metropolitana de Valencia es “el ejemplo europeo mejor conservado de la huerta mediterránea”. De hecho, especialistas de las universidades de Harvard, Oxford y de la London School se han interesado por este ecosistema. Su regresión en los años del desarrollo urbanístico ha sido importante y, según recordaba hace unos años el geógrafo valenciano Víctor Soriano, en el último medio siglo este suelo agrícola —capaz de ofrecer hasta cuatro cosechas en solo un año— ha retrocedido en un 64%.

En el Parlamento autonómico, los grupos de la oposición anuncian batalla dentro y fuera de las Cortes. La parlamentaria socialista María José Salvador, artífice como consejera de gobierno de la ley de l’Horta de 2018, añade que este espacio es una de las cinco últimas huertas mediterráneas históricas que quedan en Europa y, por tanto, tiene un valor indiscutible desde el punto de vista patrimonial y cultural no solo en el ámbito autonómico y estatal, sino incluso universal”.

En Compromís, su portavoz Joan Baldoví, exponía hace unos días muy gráficamente su valor alimentario y anunciaba mociones en sus ayuntamientos de apoyo a este singular territorio que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) declaró en 2019 como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM). “No se entiende la urgencia de los cambios a través de un decreto ley ni se explica en un contexto postdana. Vivimos en la doctrina del shock; nos están cambiado las leyes con una brutalidad enorme”, expone Paula Espinosa, parlamentaria de Compromís.

El PP defiende su reforma legal. Para Laura Chulià, portavoz adjunta en las Cortes, la ley de 2018 del Gobierno del Botànic ha sido un “rotundo fracaso” porque no ha cumplido los objetivos marcados y no ha contado con la opinión de los municipios. También niega que se busque desproteger la huerta: “Las de grado 1 y 2 seguirán estando protegidas y solo las de grado 3 podrán, en algunos casos, usarse para construir viviendas. Viviendas que en todo caso estarán condicionadas a los municipios afectados por las inundaciones o a municipios que tengan emergencia habitacional”, precisa. Chulià argumenta el fracaso de la ley en los datos de pérdida de tierras en la huerta: de 2010 a 2018 se perdía a razón del 0,96% anual. Y de 2018 a 2023, con la ley en vigor, se ha perdido un 3,5% anual.

Enric Navarro, agrónomo y productor agrario en la huerta, cree que tras este movimiento legal puede haber intereses urbanísticos y hosteleros. Desde su punto de vista, la ley que ahora se modifica puso demasiado el acento en la cuestión urbanística mientras se han descuidado las políticas dirigidas a los productores pero la defiende. “Seguimos esperando la aplicación efectiva de la ley en beneficio de los productores agrarios. Nos hemos armado de paciencia y hemos pasado todos los estudios y pasos burocráticos, y cuando toca la aplicación de sus medidas, resulta que llega un cambio político y salta todo por el aire”, critica.

Para Guillermo Garrido (PP), concejal de Urbanismo de Xirivella y miembro del Consell de l’Horta que será eliminado, las modificaciones introducidas por su partido son “puramente técnicas de cuestiones enquistadas en la ley de 2018″. “Todos queremos una huerta ordenada y cultivada, que genere negocio y mantengan el paisaje. Pero había un atasco administrativo importante y una duplicidad de funciones importante. Una oficina técnica puede suplir perfectamente al Consell”, apunta el edil. Garrido explica que toda la huerta de su municipio está protegida en grado 2, lo que significa que no se puede construir en ella. “Compromís y Podemos decidieron, de forma unilateral, proteger toda los terrenos de huerta de Xirivella cuando existía una versión preeliminar del PGOU con un trozo para el crecimiento y expansión del municipio”, añade.

En definitiva, “el decreto ley elimina las trabas y la duplicidad de un Consell de l’Horta que no ha servido para que los municipios ordenen su huerta y le saquen partido. Y permitirá construir en trozos de huerta no inundables de aquellos municipios que hayan tenido problemas de inundabilidad”, asegura el edil.