La batalla por la financiación desplaza al ‘procés’ y vuelve al centro de la campaña catalana

Los partidos catalanes han vuelto a situar la financiación autonómica en el centro de la campaña del 12-M después de haber desterrado esa reforma de la agenda política durante más de una década. Tras el amplio llamamiento de patronales y sindicatos para pactar un nuevo sistema que mejore los ingresos de la Generalitat, las principales fuerzas se han apresurado a lanzar sus propuestas al vislumbrar un posible anzuelo para captar el voto moderado. La vieja batalla por la mejora de la autonomía financiera se impone en campaña a la amnistía o al referéndum. Por ello, los candidatos desempolvan viejas reivindicaciones: desde la oferta de ERC de una suerte de concierto fiscal solidario a la del PSC de desplegar un consorcio formado por el Gobierno central y la Generalitat para que la Agencia Tributaria de Cataluña recaude y gestione todos los impuestos que se generen en la comunidad, como ya prevé el Estatut.

Oriol Junqueras dejó de acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a partir de 2017. El entonces vicepresidente económico del Govern rompía la doctrina que él mismo se había impuesto pocos meses antes, que consistía en seguir sentándose en cualquier foro en el que se discutiera “un solo euro” que pudiera repercutir en los ciudadanos catalanes. Y ello a pesar de que hacía ya prácticamente cinco años que los partidos soberanistas habían renunciado a reclamar al Gobierno una mejora de la financiación. Tras el portazo, de Mariano Rajoy al ambiguo “pacto fiscal” de Artur Mas en 2012, los sucesivos ejecutivos de signo soberanista se lanzaron al proyecto de una finalmente fallida “Hacienda propia”, que casi desde su concepción estaba vinculada a la independencia. A la vez, tampoco el Gobierno central mostraba interés por reformar un modelo que debía ser revisado en 2014.

La soberanía se convirtió desde entonces en la única propuesta de Esquerra y de los herederos de Convergència para mejorar la financiación catalana, que se ostentado el poder en los últimos diez años. De hecho, la actual consejera de Economía, Natàlia Mas, también decidió ausentarse del Consejo de Política Fiscal a la vez que denunciaba un modelo que, a su juicio, había penalizado a Cataluña durante 40 años. La titular autonómica de Finanzas soslayaba que ERC sí había avalado en 2009 el modelo que el gobierno de José Montilla –del que entonces formaba parte— había pactado con el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Es más, los republicanos pusieron en marcha después de ese pacto una campaña publicitaria para difundir las bondades de un sistema que estimaban que iba a aportar más de 3.000 millones extra a las arcas de la comunidad.

Las patronales y los sindicatos, sin embargo, han reabierto este año un debate que sigue generando amplios consensos en Cataluña. Según el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), el 70% de los catalanes considera urgente modificar el actual sistema. Ese porcentaje está muy por encima de los apoyos a la amnistía ―apenas presente en la campaña― o al referéndum. Con los servicios públicos en el foco, la financiación de estos se ha convertido en un asunto de primer orden en estas elecciones. Máxime cuando los equilibrios parlamentarios sobre los que se apoya el Gobierno de coalición hacen pensar en una renegociación del sistema de financiación autonómica una vez acabe el actual ciclo electoral.

ERC ha sido el primer partido a recuperar el debate de la financiación. Es más, la propuesta de “financiación singular” del Govern costó al partido el primer toque de atención de la Junta Electoral Central (JEC) al considerar que vulneraba la neutralidad a la que se debía el Ejecutivo ante las elecciones. Con ese nuevo movimiento, los republicanos respondían a una inédita llamada de una veintena de patronales que urgían a una “reforma ambiciosa” del sistema de financiación. Esquerra presenta en estos comicios la propuesta del Ejecutivo de Pere Aragonès para sacar a Cataluña del sistema de régimen común con una suerte de concierto mediante el que recaude todos los impuestos generados en Cataluña y luego transfiera una cuota por los servicios prestados y otra en concepto de solidaridad territorial. La Generalitat rehúsa dar cifras sobre el importe de ese cheque, pero un cálculo de 2015 del propio Ejecutivo estimó que el gasto no financiero del Estado en Cataluña ascendió a cerca de 45.000 millones de euros.

Propuesta “estrafalaria”

El resto de los partidos ha visto igualmente en la financiación un caladero en el que hacerse con voto moderado. Frente a la propuesta de máximos de ERC, los socialistas retoman el debate justo en el momento en el que sitúan el inicio de la “década perdida” del procés. La portavoz del PSC, Nuria Parlon, aseguró recientemente que los socialistas buscarán una financiación “justa” que no ponga en riesgo la “cooperación y cohesión territorial” pero que a la vez permita desplegar servicios públicos de calidad. Los socialistas, además, quieren poner en marcha un consorcio entre el Gobierno central y la Generalitat para gestionar de forma conjunta la Agencia Tributaria de Cataluña. Se trata de una potestad que ya contempla el Estatuto, que no fue tumbada por el Constitucional pero que nunca se ha desplegado, en parte por su complejidad. Fuentes del antiguo Gobierno tripartito explican que hubo dos intentos para que ese consorcio echara a andar a finales de la década de 2010, pero se toparon con las reticencias de los funcionarios de ambas instituciones. Tal vez consciente de ello, el candidato Salvador Illa advirtió de que su propuesta podía toparse con “resistencias”.

También Junts per Catalunya contempla en su programa un modelo de financiación muy similar al de ERC, inspirado en el del País Vasco y Navarra pero con una cuota de solidaridad interterritorial. Sin embargo, este mismo martes los republicanos han arremetido contra los de Puigdemont por “falta de rigor” y formular una propuesta “estrafalaria” y contra los de Illa por carecer de “ambición”. También este martes el candidato del PP, Alejandro Fernández, ha abogado por mejorar la financiación de Cataluña. Sin embargo, el popular pone como condición que se haga por vía multilateral, es decir, mediante un acuerdo con el resto de comunidades autónomas. Vox, en cambio, va en dirección contraria y propone acabar con la autonomía financiera. “Que pretendan gestionar más dinero es algo que debemos impedir a toda costa”, afirmó recientemente su candidato Ignacio Garriga.

La universidad catalana, que durante anteriores reformas fue un hervidero de ideas y números ―no siempre coincidentes― observa el resultado de estas elecciones. En las últimas semanas, han salido a la luz ideas para una nueva reforma como un aumento de los recursos inyectados por el Estado al sistema, elevar la participación de las comunidades en los impuestos o revisar la nivelación para garantizar el principio de ordinalidad. Los entusiastas que quieran reengancharse a un debate que genera tantas pasiones como polémica ponerse al día con el recién publicado Modelos de financiación. Una inmersión rápida, de las profesoras Núria Bosch y Maite Vilalta. Desde la academia, ven complicada la propuesta de financiación singular como punto de partida. Falta por ver si de las mayorías resultantes puede salir una oferta que eche leña a la negociación.