La Xunta recurrirá la Ley de Cambio Climático porque “pone en riesgo” el futuro de la industria pesquera

La Xunta de Galicia recurrirá al Tribunal Constitucional la primera ley que regulará en España la normativa sobre Cambio Climático y Transición Energética que ha sido aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo gallego alega que esta norma aplica un efecto retroactivo en las concesiones y en las prórrogas de las instalaciones en dominio público marítimo-terrestre, lo que genera inseguridad jurídica y paraliza las inversiones, “poniendo en riesgo las empresas asentadas en el litoral gallego, así como unas 5.000 edificaciones en la costa”.

El recurso ya fue anunciado de víspera por la Conselleira do Mar, Rosa Quintana, en el supuesto de que la nueva normativa saliera adelante sin cambios en su redacción respecto al polémico artículo 18 que regula estas concesiones del sector del mar. Quintana recordó que hay dos informes, uno de la asesoría jurídica de la Xunta y otro del Consello Consultivo de Galicia, que consideran inconstitucional la normativa promovida por el Ministerio para la Transición Ecológica por su redacción de los artículos 18.3 y 18.4.

Esta norma está envuelta en una polémica a dos bandas entre el Gobierno central y la Xunta por su supuesta afectación al sector conservero e industrial del litoral gallego y, en concreto, a la situación de empresas como Ence en Pontevedra.

El Consello Consultivo considera que la redacción del artículo 18.4 tendrá consecuencias en el régimen de prórroga extraordinaria que contempla la vigente Ley de Costas y, por ello, limitará el plazo hasta 75 años a las concesiones al tener una “evidente eficacia retroactiva tácita”, expone en su dictamen.

“Si se quiere hacer una modificación de la ley de costas, pongámonos a trabajar en ella, pero no introduzcamos cambios en otra ley, que nada tiene ver, generando inseguridad jurídica a industrias que están trabajando perfectamente en la costa”, aseguró la conselleira en declaraciones a Europa Press.

En medio de la polémica, hace unos días, la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera aseguró en varios mensajes escritos en gallego a través de su cuenta oficial de Twitter, que la Ley de Cambio Climático “no afecta a ninguna de las concesiones ya otorgadas ni a sus prórrogas legales”, por lo que pedía “ser responsables” y “no mentir ni asustar a la gente”. Igualmente insistió que la concesión de Ence es una decisión que depende de los tribunales.

Además del PP, también el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, se ha posicionado en contra de la nueva ley, pero tampoco ha logrado sus objetivos. Rego envío a la ministra Ribera, en la que ofrece una propuesta de modificación del artículo 18, por medio de una enmienda transaccional, para excluir en él a todas aquellas actividades como la acuicultura, depuradoras y cocederos de marisco, conserveras y otras actividades respetuosas con el medio ambiente relacionadas con el sector.

El diputado nacionalista instó a la ministra a buscar una solución que salvaguarde los puestos de trabajo y la actividad del sector mar-industria en Galicia, sin que se ponga en peligro. Rego ha asegurado que la tramitación de esta ley “está generando una enorme preocupación en Galicia”, en especial, por la redacción del artículo 18

“El problema de tratar de manera homogénea realidades muy diferentes es que pueden derivar en grandes injusticias”, ha incidido el diputado. “Es evidente que la realidad de la costa gallega es muy distinta de la mediterránea, o incluso de la cantábrica”, expone a la ministra, y avisa del efecto “demoledor” que la futura normativa tendrá para la industria.

Mesa de diálogo sobre Ence

La aprobación de la nueva ley ha tenido la primera respuesta por parte del comité de empresa de Ence. Representantes de la plantilla se han concentrado este jueves ante la subdelegación del Gobierno en Pontevedra para exigir al Ministerio para la Transición Ecológica que convoque la mesa de diálogo sobre el futuro de la fábrica de Lourizán y de sus puestos de trabajo.

La protesta coincide con la jornada en la que toma posesión el nuevo delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, y ha sido la primera de las movilizaciones previstas para demandar que se celebre la reunión y que la ministra Teresa Ribera cumpla con su compromiso de convocarla.

El comité de empresa, que lideran los sindicatos CIG y UGT, entienden que ya tendrían que darse pasos para iniciar la mesa de diálogo, mientras recuerdan que la prórroga para la permanencia de Ence en su actual ubicación en terrenos de dominio público marítimo-terrestre depende de una decisión judicial que dictará la Audiencia Nacional, pero demandan un encuentro entre todas las partes para buscar soluciones después de la tensión generada en relación con el artículo 18 de la Ley de Cambio Climático.