Un tercio del colectivo de las trabajadoras del hogar no podrá recibir el subsidio del Gobierno

Blanca (nombre ficticio), peruana de 57 años, trabaja “como esclava” desde 2016. Así define ella misma su situación laboral; es interna en una casa de Alcobendas donde cuida las 24 horas del día a un anciano de 94 años. Duerme en una habitación sin llave, con la puerta abierta y con sus cosas a un par de manzanas, en un cuarto que alquila por 250 euros al mes para pasar los sábados, su día libre antes de que comenzara el confinamiento por el coronavirus.

“Tengo dos horas de descanso, pero nunca se cumplen porque siempre estoy aquí”, afirma. Su jornada comienza a las ocho de la mañana y no termina hasta las doce de la noche. “Trabajo 15, 16 horas diarias y ahora no tengo ni el fin de semana libre, nadie puede salir de casa”. El ritmo laboral es tan intenso que contesta a las preguntas de la periodista con audios de WhastApp desde el baño o la cocina. “No respetan ni mi tiempo libre, hasta interrumpen mi horario para comer”, señala.

Esta trabajadora del hogar, mujer, latinoamericana y sin afiliación a la Seguridad Social refleja la situación de un tercio de empleadas que forman parte del colectivo en la Comunidad de Madrid. Para estimar el número de trabajadoras del hogar que no cotizan, se pueden sacar conclusiones de las diferencias entre las afiliadas y las registradas en la Encuesta de Población Activa (EPA), las personas ocupadas que dicen trabajar en el sector. Según datos de febrero de 2020, hay 104.316 trabajadoras del hogar cotizando a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid. Los últimos datos de la EPA arrojan la cifra de 156.000 personas realizando esta actividad. Es decir, unas 50.000 trabajadoras del hogar realizan su trabajo en la economía sumergida y no podrán beneficiarse de la ayuda que prepara el Ejecutivo.

La medida pretende equiparar a las trabajadoras del hogar con el resto de empleados que vean sus trabajos suspendidos o sus horas reducidas por un ERTE, para que cobren un 70% de su salario base durante un mes. El requisito indispensable es que estén afiliadas a la Seguridad Social por sus empleadores. Las que están en situación irregular, las que trabajen en la economía sumergida o las que se quedan sin trabajo pero su empleador no les da de baja, se quedarán sin subsidio.

“Esa es la pérdida de libertad”, afirma Blanca. Cada día se enfunda el uniforme, cuida, limpia, asiste y acompaña a su empleador en lo que necesite. Desde que comenzó el confinamiento le han aumentado el sueldo 50 euros, ahora cobra un total de 900 euros al mes y se paga ella el seguro médico. Si su empleador se pusiera enfermo y decidiera que ya no la necesita, Blanca se quedaría sin nada. “Me iría a mi habitación a esperar que la pandemia pase y volver a buscar trabajo. Sería una agonía”, afirma.

Según los datos de la Seguridad Social, el 57% son extranjeras, aunque no es una cifra precisa ya que, entre los considerados como “no extranjeros”, hay un porcentaje importante de afiliaciones de nacionalizados, como explica la secretaria de Política Social y Diversidad de CCOO, Ana González. La asociación Servicio Doméstico Activo (SEDOAC) —que se creó en Madrid hace más de una década para luchar por los derechos de las trabajadoras del hogar—dobla la cifra de empleadas del hogar que trabajan en la economía sumergida, y afirma que el 85% son mujeres inmigrantes. Según su presidenta Carolina Elías, es el perfil más vulnerable porque normalizan y callan la explotación laboral con la esperanza de conseguir la documentación.

En la Comunidad de Madrid, la región con el mayor impacto en trabajo doméstico, el 26,5% de las afiliaciones nacionales, casi la mitad de ellas trabajan en régimen de internas, como Blanca. “Las internas son las que más necesitan el subsidio, porque son con las que se cometen más abusos", explica la presidenta de SEDOAC.

Las organizaciones que protegen sus derechos, entre ellas SEDOAC, denuncian que la pandemia del coronavirus ha precarizado aún más el empleo del hogar. En un comunicado, reivindican medidas que garanticen ingresos suficientes para todas las trabajadoras. También piden el acceso para las migrantes a las prestaciones sin ninguna exigencia de situación regular o normalizar la situación de todas las trabajadoras de hogar cuando se levante el estado de emergencia.

“Nada de lo que pedíamos era nuevo, es lo que venimos reivindicando una y otra vez desde hace años”, denuncian en un comunicado. Si se aprueba la subvención, será la primera vez en España que las trabajadoras del hogar reciben un subsidio de desempleo, de manera temporal y extraordinaria por la crisis sanitaria sin precedentes que golpea el país. España continúa pendiente de ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que amplía sus derechos y las protege ante situaciones como esta", añade el comunicado.

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