Los Ayuntamientos, en el centro de una reconstrucción verde y sostenible

Si algo ha puesto de relevancia la situación actual es la importancia de las ciudades en la gestión de esta crisis sanitaria, desde el diseño de nuestros espacios, calles y hogares, la transformación en las modalidades de trabajo y la gestión de los servicios públicos y de proximidad, la relevancia del pequeño comercio y las redes de apoyo mutuo, hasta la capacidad de las administraciones locales en la propuesta de soluciones. No solo frente a la gestión sanitaria, sino también en la reconstrucción económica y social que está por venir.

El debate sobre el confinamiento y las medidas de protección social está dando paso a una reflexión sobre la reconstrucción social y económica del país. En Europa se está produciendo un debate clave, seguramente decisivo para el futuro de la UE, y en España vuelven a estar sobre la mesa los Pactos de La Moncloa, como ejemplo de un posible gran acuerdo para la reconstrucción.

Algunos presidentes autonómicos han planteado, con razón, que las comunidades deben estar presentes en ese acuerdo junto a las fuerzas políticas y los agentes sociales. Sin embargo, como siempre en nuestro pasado reciente, el papel de los ayuntamientos vuelve a quedar muy reducido y todo parece indicar que su aportación al impulso a nuestra economía tras la crisis puede ser marginal. Esto, sin duda, es un error y tiene pocas justificaciones más allá de las propias dinámicas políticas y mediáticas.

Objetivamente, las entidades locales tienen una situación financiera que las puede hacer mucho más relevantes con mínimos cambios normativos. A lo largo de la historia las ciudades han demostrado su capacidad adaptativa frente a las distintas epidemias que las han asolado, desde la peste negra, hasta la gripe española. El papel de la arquitectura y el urbanismo han sido claves en la generación de entornos seguros, salubres y con capacidad para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Y en un contexto donde las proyecciones de Naciones Unidas nos dicen que el 80% de la población mundial vivirá en ciudades para el año 2050, no podemos permitirnos el error de no entender la relevancia del papel de los ayuntamientos.

Es desde el territorio desde donde se puede afrontar las consecuencias de esta pandemia. No es casual que estemos viendo cómo la afectación de esta pandemia está teniendo más impacto en los barrios vulnerables. Solo desde las administraciones locales seremos efectivos y podremos prepararnos para futuros contextos, toda vez este episodio haya sido superado. Debemos trascender la dinámica de la emergencia para situarnos en la reconstrucción eficiente de nuestros modos de vida y en este escenario eso solo es posible garantizando la capacidad de los Ayuntamientos en la reconstrucción social y económica.

Tras la última crisis económica y, sobre todo, desde la aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria en 2012, los ayuntamientos han corregido de forma contundente sus desequilibrios presupuestarios, han reducido sustancialmente su deuda y, en los últimos años, han venido generando un superávit conjunto de entre 6.000 y 7.000 millones de euros. Esto ha supuesto que, según la AIReF, los ayuntamientos tengan en depósitos bancarios en torno a los 27.000 millones de euros. Una cantidad que ya es mayor que sus deudas. Sin embargo, la estricta aplicación de la regla de gasto hace que sea imposible gastarla, incluso para municipios con superávit recurrente y que cumplen con los criterios de endeudamiento y pago a proveedores.

Es evidente que en esta crisis son la Administración central, la Seguridad Social y las comunidades, como administraciones competentes en materia sanitaria, quienes deben y van tener mayor protagonismo en el gasto público necesario para reconstruir nuestra economía y nuestros servicios. Pero los ayuntamientos también deben aportar, están en condiciones financieras de hacerlo. Además, pueden capilarizar mejor una parte del gasto público en el territorio. Los ayuntamientos pueden y deben invertir más los próximos años y Gobierno y Parlamento deben facilitarlo.

Somos conscientes de que el mundo al que vamos a volver después de esta crisis no va a ser exactamente el mismo que antes. Tenemos retos cada vez más evidentes y también sabemos cómo están orientando su recuperación grandes economías como la china. No tendría ningún sentido que aprovecháramos nuevas posibilidades presupuestarias para bajar impuestos, como están planteando algunos partidos y administraciones, con el consiguiente deterioro de nuestras cuentas públicas, que no venían ya de la mejor de las situaciones y que van a sufrir mucho los próximos años. Los objetivos de esta inversión municipal deben ser ayudar a afrontar los grandes retos que tenemos como país: avanzar en la transición ecológica, la digitalización y el apoyo a la industria 4.0, la reindustrialización y la innovación.

Por eso planteamos que los ayuntamientos puedan invertir en:

• Rehabilitación energética de edificios públicos y privados (paneles solares, envolvente, luminarias, calderas…), tanto a través de inversión pública en vivienda, edificios administrativos y equipamientos, como mediante subvenciones y garantías para crédito a la rehabilitación de edificios privados.

• Reforestación, infraestructura verde, renaturalización de cauces de ríos en sus tramos urbanos.

• Construcción y modernización de depuradoras y mejoras en la infraestructura del conjunto del ciclo del agua.

• Mejoras en el tratamiento y valorización de residuos. Regeneración de vertederos ilegales.

• Introducción de carril bici y bus segregados y arbolado de alineación en vías urbanas.

• Instalación de puntos de carga eléctricos en edificios públicos y privados.

• Programas de administración electrónica y digitalización de la administración: big data, internet de las cosas, inteligencia artificial.

• Reforma y modernización de polígonos y construcción de factorías industriales.

• Creación o participación en el capital de fondos verdes o de impacto social.

Con el objetivo de que las inversiones puedan tener cierta entidad y planificación -mejorando las experiencias del Plan E y de las actuales IFS-, los ayuntamientos que cumplan con los criterios de deuda, déficit y pago a proveedores deberían presentar planes de inversión de tres años al Ministerio de Hacienda, que garanticen la estabilidad presupuestaria al tercer año y siguientes.

Se modificaría, además, la normativa que regula la tasa de reposición de efectivos de los ayuntamientos, con el fin de fortalecer y rejuvenecer las plantillas después de años de reducción, manteniendo siempre la estabilidad presupuestaria de cada municipio.

Para este fin los ayuntamientos podrán invertir el remanente acumulado o las cantidades destinadas a amortizar anticipadamente la deuda. Lo que podría movilizar más de 10.000 millones de euros cada año en todo el país, garantizando que el conjunto de las entidades locales siguen teniendo superávit, además de cumplir con los criterios de deuda y de pago a proveedores.

Desde el principio de esta crisis, Más Madrid ha querido ser una fuerza constructiva que colabora en el esfuerzo nacional para luchar contra el virus y para salir con una economía más fuerte de este reto, lo hemos hecho desde una posición lo menos partidista posible y muchos de nuestras propuestas ya son o serán pronto una realidad. En esta línea creemos que muchos alcaldes y alcaldesas de partidos de todo el arco parlamentario se van a sentir identificados con esta propuesta. Seguro que juntos podemos hacerla realidad.

Rita Maestre y Jorge García Castaño son concejales de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid

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