Los vecinos de la Cañada Real denuncian al Gobierno de Madrid y a Naturgy por los cortes de luz

Después de tres meses sin luz en la Cañada Real, empiezan a aflorar las consecuencias en este enorme poblado chabolista del sureste de Madrid. Una menor de edad tuvo que ser ingresada el martes en urgencias del hospital Infanta Leonor de Madrid tras inhalar monóxido de carbono por calentarse con una estufa de leña y ya son más de ocho casos solo en la última semana. Con el invierno azotando, los habitantes de la Cañada tienen que decidir cada noche si se enfrentan a una hipotermia o se arriesgan a sufrir una intoxicación al intentar calentarse. Tras meses de protestas y de reuniones infructuosas entre administraciones, el problema ha llegado ahora en los juzgados.

Indignados por la falta de respuesta de las autoridades tras numerosas protestas, en las que han escrito hasta cartas a la ONU, los vecinos del sector VI de la Cañada ―el más extenso, empobrecido y conflictivo por los problemas de drogas y que va de la A-3 hasta el término municipal de Getafe― han decidido presentar este miércoles una denuncia en los juzgados de plaza Castilla contra el Gobierno de Madrid y la empresa distribuidora de luz, Naturgy, por los permanentes cortes de suministro que llevan sufriendo desde octubre. “Esto es una vulneración de derechos humanos”, ha afirmado el abogado Javier Rubio, en representación de Tabodal, una asociación de vecinos de la zona.

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Entre los denunciantes se encuentra Akiraz, de 40 años, madre de la menor ingresada. “Casi me muero. Había puesto una estufa para calentarnos y todo terminó en el hospital. Nos empezamos a sentir muy mareados y mi marido llamó a la ambulancia”, ha afirmado Akiraz, de 40 años. Su hija, Haya, de 16, tiene problemas en el corazón y su madre asegura que su salud ha empeorado por esta situación.

La menor ya ha sido dada de alta después de haber sido derivada al hospital por el equipo médico del centro de salud Villa de Vallecas. “En la última semana, nos han llegado más de ocho casos como el del martes [en referencia a la menor] a la furgoneta de atención móvil que tenemos”, ha detallado Lidia Ortega, doctora del ambulatorio de Vallecas, que ha acudido con los vecinos y el abogado a los juzgados. “Los daños a la salud física y psíquica de los habitantes empiezan a ser evidentes, como ponen de manifiesto los informes del Servicio Madrileño de Salud”, ha denunciado Ortega.

Según el abogado Rubio, el corte del suministro en el sector VI ha dejado en la oscuridad a 2.953 personas, 1.211 de ellas menores de edad. Desde principios de noviembre también se ha cortado la luz en el sector V, lo que afecta a otras 1.660 personas, de las cuales 601 son niños y niñas, por lo que utilizan estufas de gasoil para superar las duras noches de frío de la capital en estos meses del año.

“Queremos pagar la luz, no queremos vivir gratis. Nuestras viviendas están pagadas y queremos que nos pongan contadores”, afirma Ouda, una vecina que lleva viviendo desde 1994 en el sector VI. “Me pongo el doble de ropa y cinco mantas para intentar entrar en calor, pero a veces no es suficiente. Esta noche no he podido dormir del miedo de pensar que el butano le haga daño a mis niñas y a mi madre”, confiesa.

Los denunciantes responsabilizan a la Comunidad de Madrid y a Naturgy de su situación, que recuerdan que se produce en medio de la pandemia, e insisten en que el pacto firmado por la Comunidad de Madrid, Delegación del Gobierno y los ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas en 2017 incluye entre otras actuaciones un plan de rehabilitación de la infraestructura eléctrica y la completa demolición del sector VI, que aún no se han llevado a cabo. Este “obliga a establecer el suministro eléctrico en todos los sectores”, tal y como subrayan los vecinos en un comunicado.

“Las autoridades madrileñas no tienen ningún problema en encender millones de bombillas en el centro, pero no quieren restablecer un corte de luz arbitrario que incumple sus compromisos y lesiona gravemente los derechos humanos de una población laboriosa y honrada que quiere cumplir con todas sus obligaciones como ciudadanos”, remarcan.

El concejal de Más Madrid Javier Barbero también ha acudido a los juzgados para brindar su apoyo a los vecinos y pedir a la presidenta de Madrid que tome medidas lo antes posible. “Esto está desbordando todas las previsiones de inmoralidad de todas las administraciones, que no hacen otra cosa que pasarse la pelota, pero al final son decenas de niños que están poniendo en riesgo su salud”, ha criticado Barbero.

Le ha respondido el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, David Pérez, quien ha dicho en una entrevista en Telemadrid que no se trata de echarse culpas entre administraciones, sino de que “cada uno resuelva la parte que le toca en la Cañada Real”. Pérez ha insistido en que es la Delegación de Gobierno quien debe solucionar los cortes de luz al ser un problema de seguridad.

“La garantía del suministro eléctrico en toda la Cañada Real que contempla el pacto se está incumpliendo desde hace dos meses y los servicios sanitarios están alertando de ello”, ha subrayado Rubio. No hay una sola razón que explique los cortes de luz. Depende de a quien se pregunte, la respuesta es muy distintas desde que es culpa de las plantaciones de marihuana que sobrecargan la red, a los enganches a luz ilegales o la falta de respuesta de las autoridades.