Sanidad solo ha cobrado 1.808 de las 127.000 multas por saltarse la normativa contra la covid

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid sólo ha cobrado 1.808 de las 127.609 denuncias impuestas por la policía y la Guardia Civil por incumplimiento de la normativa sanitaria regional contra la covid. Esto representa el 1,4% de todas las presentadas hasta el pasado 10 de mayo, cuando acabó el estado de alarma en todo el territorio español. Otros 12.602 expedientes están ahora en fase de tramitación, según una información facilitada por el Portal de Transparencia del Ejecutivo regional. Un portavoz de la consejería afirma que se produjo un incremento muy notable de multas en marzo y recuerda que han contratado una empresa externa para intentar solucionar el atasco que sufren.

Los datos facilitados por la Consejería Sanidad recogen que, de las 1.808 multas cobradas, 641 se deben al incumplimiento de la limitación de entrada y salida de la Comunidad de Madrid o de alguna zona básica de salud (ZBS), otras 594 son por saltarse el toque de queda, 378 por no usar la mascarilla. Otras 136 se deben a no respetar los grupos de hasta seis personas, 29 por no cumplir las medidas de prevención en el sector de la restauración, 14 por fumar en lugares públicos, 9 por no quedarse en aislamiento y 7 por hacer caso omiso a las limitaciones del horario comercial de establecimiento.

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Según el Portal de Transparencia, hasta el 10 de mayo —fecha del final del estado de alarma en todo el territorio español— habían sido cobradas 572 multas, tras completarse todo el expediente sancionador. Las otras 336 hasta completar las 908 se han debido al pago voluntario por parte del infractor. Esto supone una reducción del 50% en la cuantía.

Estas sanciones le han reportado a la Consejería de Sanidad 87.637 euros, con una media cercana a los 100 euros por infracción. Y ello, pese a que incumplir el toque de queda o reunirse más de seis personas no convivientes en un mismo domicilio tenía una cuantía mínima de 600 euros, que podía llegar incluso hasta los 3.000.

Las multas se dividen en leves, graves y muy graves. Las primeras prescriben a los seis meses de cometerse la infracción, mientras que las otras dos lo hacen a los dos y tres años, respectivamente. En el caso de las leves, por tanto, es necesario acelerar el procedimiento, ya que podría caducar y la Administración regional no cobraría el importe. Por tanto, el infractor jamás recibiría en su casa una carta certificada en la que se instara a pagar la cuantía de la denuncia. Desde esa recepción, se abre el periodo voluntario de pago, con la reducción del 50%. El no recoger el envío no garantiza que no se vaya a cobrar. Se inicia la vía ejecutiva y el recargo por apremio puede llegar al 20% del total de la sanción.

Clasificación en proceso

La Consejería de Sanidad reconoce que es difícil establecer en estas fechas el número exacto de denuncias por su tipología. Primero, analizan su contenido para ver si el boletín está correctamente rellenado. Después, la Administración comprueba que la sanción es competencia de la Comunidad de Madrid y, por último, se inicia el procedimiento sancionador. Las diferentes policías locales, la Policía Nacional y la Guardia Civil remiten con carácter periódico las sanciones a Sanidad. “Al no encontrarse todas esas actas identificadas, ni calificadas en el momento de su envío desde los diferentes cuerpos policiales, su clasificación se encuentra en constante proceso”, recoge el escrito de Transparencia.

Fuentes de la Policía Municipal de Madrid reconocen que el número de denuncias puestas en los últimos meses ha sido muy alto y que ninguna Administración está preparada para tramitar un volumen tan alto. Para ello, ponen como ejemplo las fiestas que se han celebrado en pisos o en locales. “Si entramos en un bar y encontramos a 80 personas, es fácil que se pongan un gran número de denuncias: entre no llevar la mascarilla, superar el límite permitido de personas, hacer caso omiso al toque de queda o fumar sin respetar la distancia de seguridad”, afirma un mando policial. Este recuerda que algunas noches se han tramitado más de 500 denuncias por estos motivos.

Más en noviembre

Los policías municipales de la capital han puesto unas 32.000 denuncias por no llevar la mascarilla desde octubre hasta finales de mayo. El mes de más incidencia fue noviembre, con más de 6.000 denuncias frente a las 2.000 de mayo. “Poco a poco, la gente se va acostumbrando a llevarla y hay cada vez menos infractores”, reconoce este mando. “A partir de ahora, lo que se espera es que aumente el número de denuncias por consumo de alcohol en la vía pública, ya que la gente está más en la calle”, añade. Al final del toque de queda se unen la llegada del buen tiempo y el inicio del periodo vacacional, con mayor tiempo libre. Solo hasta el pasado viernes —sin contar este fin de semana—, los agentes habían rellenado 4.016 boletines de denuncia.

Un portavoz de la Consejería de Sanidad explica que el mayor incremento de denuncias se produjo en marzo, cuando se recibió “un volumen muy importante por parte de la Policía Municipal de Madrid”. Fuentes de este cuerpo reconocen que aumentaron los controles ante el alto número de quejas por fiestas ilegales. El final de los exámenes universitarios y una normativa que impedía celebraciones motivaron el incremento, añaden.

Para intentar solucionar el atasco, Sanidad contrató a principios de abril a la empresa Servicio de Colaboración Integral (SCI) por un montante de 582.252 euros, según adelantó EL PAÍS. Cobra 16 euros por expediente tramitado y un plus del 15% de lo recaudado. “Lo que se pretende es que resuelva el expediente con todas las garantías, por eso se ha tenido que acudir a una empresa externa”, afirma el portavoz de Sanidad. “Hasta ahora se ha tramitado entre el 10% y el 12% de las denuncias, pero ese porcentaje irá aumentando en breve”.

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