Los hospitales públicos madrileños se ocupan del 0,7% de las interrupciones voluntarias del embarazo

Un 15 de octubre de 1993, este periódico publicaba un artículo que se llamaba El lujo de abortar en la sanidad pública. Empezaba así: “Cada día interrumpen legalmente su embarazo unas 35 mujeres en Madrid. Y cada día tan solo una de ellas es atendida en la sanidad pública, según datos de la Consejería de Salud. El resto acude directamente a las clínicas privadas”. Ahora, 28 años después, las cifras dicen que las mujeres que abortan cada día son una media de 54, y solo el 0,7% lo hacen en los hospitales del Sistema Madrileño de Salud (Sermas). Son datos de la Comunidad, de 2019, en una respuesta a una petición de información de la diputada de Más Madrid Loreto Arenillas, en noviembre del año pasado.

La principal diferencia respecto a hace tres décadas, y no es nimia, es que tomar esa decisión ya no cuesta entre 40.000 y 200.000 pesetas (240 y 1.200 euros). En el plano económico, los avances legislativos han permitido que ya no solo solo tengan la posibilidad de tomar esa decisión las mujeres que pueden, sino las que quieren. La Ley del Aborto de 2010, que lo despenalizó por completo hasta la semana 14 de embarazo —hasta entonces funcionó la de supuestos de 1985—, supuso el acceso legal y seguro de las mujeres a esta práctica. Desde aquel año y hasta 2019, en la región se han realizado 1.608 abortos en centros públicos —1.559 con hospitalización y 49 de forma ambulatoria (sin ingreso)—, y 210.755 en clínicas privadas derivados de esos centros. Y para ninguna de esas mujeres supuso un coste monetario. Sin embargo, sí otros.

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Ese amparo legal que dio la normativa no ha terminado de desarrollarse ni de aplicarse, y después de 11 años, y mientras que la media nacional ha tendido a crecer en el sistema público, en Madrid ha recorrido el camino contrario. En 2010, el 1,8% de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) se hacían en lo público, y en 2019 había subido hasta el 14,3%; en la Comunidad, ese porcentaje ha ido del 1,84% en 2010 al 1% hace dos años, como muestra otra respuesta de la Comunidad a la misma diputada de Más Madrid sobre el porcentaje de IVE que se da en los centros del Sermas (aunque ese 1% de la contestación del Ejecutivo no corresponde si se hace el cálculo con los números absolutos de la propia Comunidad, cuyo resultado es el 0,7%, ni corresponde con la propia suma de esa tabla, que suma 0,9%).

13,05 abortos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años

El Ministerio de Sanidad, en su último informe, de 2019, cifra un total de 99.149 abortos para todas las autonomías, 14.198 fueron dentro del sistema público y 84.951 dentro del privado. Entre las comunidades que, demográficamente, más similitudes tienen con la región que presiden Isabel Díaz Ayuso, están Andalucía, también gobernada por el PP, que notificó 19.082, 19.066 en privadas y 16 en lo público; y Cataluña, presidida por Esquerra Republicana, 20.758, de los que 9.786 fueron en lo público y 10.972 en lo privado. ¿Madrid? 16.852, solo cuatro constan en el sistema público, uno en un centro hospitalario y tres en extrahospitalarios.

Esas mismas cifras colocan a Madrid, con 13,05 abortos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, por encima de la media nacional (11,53) y como la tercera comunidad con mayor tasa, por detrás de Baleares (13,88) y Cataluña (14,72). Pero esos números, los que el Ejecutivo regional envía al Ministerio de Sanidad, no coinciden con los de la propia Comunidad, que para 2019 registra 157 en el sistema público y 19.537 en el privado —según la contestación del Ejecutivo a la diputada—. Y, con esa segunda cifra, la tasa asciende a 15,2, la más alta de todo el territorio nacional.

La normativa actual del Gobierno central establece que “cada IVE que se practica ha de ser notificada por el médico responsable de la misma a la autoridad sanitaria de la Comunidad Autónoma donde se llevó a cabo la intervención, quien a su vez introduce los datos en la aplicación on line realizada por el Ministerio de Sanidad, con la colaboración de las CC AA, y que está en funcionamiento desde el 1 de enero de 2011″.

Datos que no coinciden

¿Por qué los datos no coinciden? Un portavoz de la Consejería explica por escrito que “desde los centros públicos y privados en los que se realizan IVE, el médico responsable de la intervención envía los cuestionarios normalizados de notificación a la Dirección General de Salud Pública, responsable del análisis de los datos a nivel regional”. Anualmente, toda esa información es remitida al Ministerio: “La información que se envía es la que se recaba de la declaración de los facultativos. No obstante, Salud Pública también explora a través del Conjunto Mínimo de Básico de Datos al Alta [el CMBDA es la información que los centros recogen de los pacientes una vez que les dan el alta y que consta de datos clínicos y administrativos] los IVE que puedan haber sido realizados en centros públicos”.

Varios especialistas consultados en la última semana han contado que “a veces” las IVE no son registradas como tales, que se “enmascaran” como otro tipo de intervenciones y por eso las cifras que se envían al Ministerio no corresponden con la realidad. El mismo portavoz de la Consejería, a la pregunta de si la diferencia de cifras puede deberse a que haya razones por las que los facultativos no las notifiquen y, por lo tanto, los números de la Comunidad corresponden a los del CMBDA y los del Ministerio a los que declaran los centros, respondió con el signo de aprobación con el pulgar hacia arriba.

El pasado miércoles, Marta Vigara —a la que el Hospital Clínico San Carlos le negó un aborto terapéutico a pesar de saber que la rotura de la bolsa de líquido amniótico ponía en riesgo extremo tanto a ella como al feto—, contaba al teléfono “el tabú” que sigue habiendo sobre el aborto en los hospitales madrileños y las “reticencias” de los profesionales a practicarlos. Estaba convencida de que los motivos eran “100% ideológicos” y que eso ponía en el alambre la calidad de la asistencia a las mujeres que los solicitaban e iba “contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida”. En ese centro, en el que además Vigara trabaja como geriatra, le dijeron que mientras hubiese latido fetal, no hacían abortos.

Presiones a los médicos

También contó que “en Madrid las presiones a los médicos son brutales”, que “si llega uno que no es objetor, o no lo contratan o le dicen ‘vale, pues si no eres objetor a ese te vas a dedicar exclusivamente’”, y que ningún especialista quiere eso. Media docena de profesionales de Obstetricia y Ginecología han corroborado el relato de Vigara, dicen que hay “estigma”, que “se sigue mirando mal en muchos servicios a quienes están de acuerdo con realizar abortos” y que esas presiones a veces son “sutiles” y otras no tanto. Sonia Lamas, psicóloga y portavoz en Madrid de ACAI, la Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo, explica que, de base, ese estigma y ese tabú existen “sobre los derechos reproductivos y sexuales y en particular sobre el aborto. Son “patriarcales” y una muestra “del control del cuerpo de las mujeres”.

Esa situación, “generalizada”, ha provocado que no se desarrolle la ley actual: “ACAI ya planteó la obligatoriedad de toda la formación sobre la IVE en el currículo de aquellos estudios y disciplinas que tuvieran que ver con el aborto. Pero no se desarrolló en prácticamente ninguna comunidad autónoma ni en Medicina, ni en Enfermería, Trabajo Social o Psicología. Eso es dejadez y falta de voluntad política, porque si ese es el espíritu de la legislación, que lo es, llevarlo a las instalaciones de lo público, habrá que poner los medios para que pueda hacerse”. Lamas asegura que en este momento hay un agujero en la formación de los profesionales sobre la IVE: “Por un lado la objeción de conciencia y por otro que no hay formación, hace que la inmensa mayoría de los hospitales deriven a las clínicas acreditadas a las mujeres”. Asegura que alrededor de nueve de cada diez mujeres de las que atienden esas clínicas llegan desde la red pública.

La Consejería de Sanidad, preguntada por la posibilidad de introducir información específica para los profesionales sanitarios sobre la IVE, por la capacidad o voluntad por su parte para formar equipos en los hospitales públicos o por la rentabilidad de la creación de esos grupos en los centros públicos —anualmente las clínicas privadas facturan más de tres millones de euros—, no ha contestado. Tampoco lo ha hecho a la cuestión sobre a qué atribuyen que la red del sistema madrileño de salud se ocupe únicamente del 0,7% de todas las IVE desde hace una década. Solo aluden a que “la Comunidad de Madrid aplica la ley y respalda además el derecho constitucional a la objeción de conciencia que tienen los profesionales”.

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