Ayuso premia a los concesionarios privados de tres hospitales de uso público con 24 millones por mejorar sus instalaciones

Con las 12 uvas a punto para festejar el fin del año 2022, tres concesionarios privados de la sanidad madrileña reciben un aguinaldo de dinero público de los que hacen época. En el último consejo de gobierno del año, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha aprobado pagarles 24,2 millones de euros a los centros de Parla, San Sebastián de los Reyes y Coslada (inaugurados en 2008) por haber mejorado sus instalaciones entre 2016 y 2021. La decisión ilustra la razón por la que nadie en la Administración puede detallar cuánto dinero costará la apuesta de los gobiernos de Esperanza Aguirre por el modelo PFI (iniciativa de financiación privada, por sus siglas en inglés): una empresa privada corre con los gastos de construir el centro; explota los servicios no sanitarios; y Madrid paga por usar el edificio durante 30 años. Las constantes actualizaciones de pagos y litigios judiciales con los siete hospitales construidos con este sistema de concesión de obras ya merecieron el reproche de la Cámara de Cuentas en 2019. Y este mismo diciembre, el órgano fiscalizador ha vuelto a dejar un aviso inquietante sobre la claridad con la que se computan estos activos en las cuentas regionales.

“El motivo de ese reequilibrio [de 24,2 millones] son las distintas mejoras acometidas en estos centros sanitarios desde el año 2016, en cumplimiento del pliego de cláusulas administrativas particulares”, afirma un portavoz gubernamental. Sin embargo, la explicación no satisface a la oposición de izquierdas, que hace una enmienda a la totalidad del modelo sanitario del PP, que ha gobernado la región ininterrumpidamente desde 1995.

“Los reequilibrios aprobados son una muestra de que el sistema favorece que las empresas concesionarias siempre ganen”, lamenta Javier Padilla, de Más Madrid. “Al ofrecer nuevos servicios se les recalcula el pago, pero además estas empresas se benefician de incrementar su capacidad para captar pacientes de otras áreas, lo cual supondrá más fondos por el otro mecanismo de rentabilidad para ellas: la libre elección de los pacientes”, añade sobre el sistema que lleva a compensar con dinero público a cada hospital que atiende a un ciudadano adscrito a otro, y que cada año engorda más el negocio de los privados. “La financiación de los centros de gestión privada parte de la base de que siempre crece y se actualiza las veces que haga falta. Dan ganas de decirle a la consejería que financie igual a los públicos”.

“Nunca se sabrá cuánto van a costar estos hospitales”, lamenta el profesor emérito del departamento de Salud Internacional de la Escuela Nacional de Sanidad, exdiputado autonómico del PSOE y exconsejero de Sanidad del País Vasco, José Manuel Freire. “Son contratos extraordinariamente complejos y opacos, y el Gobierno, con su práctica de gestión, los hace todavía más opacos. Es una gestión tipo cortijo, con compañías además de gran litigiosidad”, critica. “No hay planificación, previsión, ni transparencia en relación al coste de esto y en cómo va a repercutir en el canon, en lo que la Comunidad paga anualmente a estas empresas, que lógicamente va a subir por esto”, recuerda. Y remata: “Esto es un pozo sin fondo: es una gestión con retrasos, pagos, en este caso, de hace seis años... ¿No habría sido más fácil haber hecho directamente los hospitales, en lugar de optar por este sistema que añade costes?”.

“Esto es una evidencia más de que se usa este tipo de gestión para privatizar la sanidad pública y enriquecer a empresas, con trasvase de dinero público a privadas”, opina Vanesa Lillo, diputada de IU integrada en el grupo parlamentario de Podemos. “Hay una falta de transparencia para fiscalizar esos gastos. ¿A cuento de qué aparecen ahora esos gastos? ¿Por qué ahora?”.

Los tres centros a los que irán los pagos fueron impulsados por el Gobierno de Esperanza Aguirre bajo el modelo PFI. Eso supone que las empresas corren con el gasto de la construcción, y que la Comunidad les paga un canon anual a cambio de su uso mientras les deja ingresar lo que obtengan por explotar los servicios no sanitarios del centro. Aunque los edificios pasan a ser propiedad de la Administración cuando termina la concesión —que en estos casos es de 30 años— el negocio es tan lucrativo como para que haya atraído a fondos de inversión.

Así, las concesionarias cobraron un total de 1.556.851.738 euros entre el inicio de su actividad y el 31 de diciembre de 2017, según un informe de la Cámara de Cuentas, que advirtió: “No obstante, existen múltiples procedimientos judiciales pendientes de resolver por distintos conceptos (...)”, advertía entonces el ente fiscalizador. “Si además consideramos las discrepancias existentes entre las sociedades concesionarias y la Agencia Tributaria en cuanto al tipo impositivo del IVA aplicable a la prestación de los servicios, determina que exista una incertidumbre respecto a las cantidades que finalmente habrá de pagar la Administración a dichas sociedades”.

Este mismo diciembre, la Cámara de Cuentas ha vuelto a dejar un aviso inquietante sobre la claridad con la que se computan estos activos en las cuentas regionales: “Permanecen aún pendientes de depuración y adecuado soporte para la contabilización definitiva un importe de 5.818 miles de euros, correspondientes al Hospital Infanta Leonor, de 5.468 miles de euros, correspondientes al Hospital Infanta Sofía, y de 2.969 miles de euros del Hospital del Tajo”.

El mejor ejemplo de la dificultad que supone saber cuánto dinero público costarán este tipo de concesiones es el pago decidido en diciembre por el Gobierno de Ayuso. ¿Qué mejoras han hecho estos tres hospitales para merecer el premio de la Administración?

“En el Hospital Infanta Cristina (Parla) se han aprobado 1,1 millones de euros por mejoras en rehabilitación cardíaca, habilitación de sala para mamógrafo, un box vital en Urgencias Pediátricas, ampliación de puestos de diálisis, consultas de oftalmología y la adquisición de mobiliario y equipamiento adquirido por la pandemia de covid-19″, contesta un portavoz gubernamental. “En el Hospital del Henares (Coslada) se han aprobado 12,6 millones por la ampliación de quirófanos, habilitación de sala para mamógrafo, una segunda Unidad UCI, nuevas camas, cambios de uso en espacios existentes debido a necesidades asistenciales y la adquisición de mobiliario y equipamiento adquirido por la pandemia de covid-19″, detalla. “Y en el Hospital Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes) se han aprobado 10,5 millones de euros por la habilitación de una sala para mamógrafo, nuevos quirófanos, una nueva sala para TAC, la UCI Coronaria, la ampliación de las áreas de exploraciones funcionales, una nueva sala de investigación oncológica, una nueva sala de microtomía y puestos de trazabilidad, nuevas camas, cambio de uso en espacios existentes debido a necesidades asistenciales y la adquisición de mobiliario y equipamiento adquirido por la pandemia de covid-19″.

Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.