Madrid perdió al menos 40 millones destinados a promocionar vivienda pública por una decisión errónea del Canal de Isabel II

La Agencia de Vivienda Social (AVS) dejó de ingresar al menos 40 millones de euros para promocionar vivienda pública entre 2012 y 2022 por una decisión del Canal de Isabel II que la principal empresa pública de la región acaba de rectificar, procediendo a tramitar el ingreso tras interesarse el PSOE por la polémica. Ese dinero proviene de las fianzas que la compañía cobra a sus clientes para establecer el suministro del agua; es de obligada entrega a la AVS, según reconoce el Gobierno regional en un documento enviado a la Asamblea, al que accedió EL PAÍS; y debería haber sido destinado cada año a “la promoción pública de viviendas y a obras de rehabilitación y remodelación de las zonas más desprotegidas con especial incidencia en las actuaciones de erradicación de la infravivienda y chabolismo, y en planes de vivienda juvenil”. Así se recoge en la web del organismo público de vivienda.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) reconoce los impagos, que empezaron en el último año de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad; los atribuye a una interpretación distinta y ya rectificada de la normativa; y afirma que el dinero no se puede destinar a la construcción de vivienda pública, sino solamente a su promoción, entendiendo como tal ayudas o subvenciones.

“Hemos conocido con asombro que el Canal de Isabel II viene incumpliendo desde tiempos inmemoriales su obligación de depositar en la Agencia de Vivienda Social las fianzas que exigen y cobran a sus clientes en el momento de celebración del contrato de suministro”, lamenta Diego Cruz, diputado del PSOE de Juan Lobato en la Asamblea de Madrid. “Si solo fuera eso, sería un flagrante caso, otro, de mala gestión”, ironiza. “Pero a eso se une que esta obligación, regulada por la Ley 12/1997, y un decreto de la propia Comunidad, tiene como objeto ser un instrumento generador de recursos económicos para la promoción de vivienda pública y obras de rehabilitación y remodelación de las zonas más desprotegidas”, argumenta. “Además, a los 40 millones de euros hay que sumar los correspondientes recargos por no haberse depositado las cantidades en tiempo y forma”, añade. “Estamos ante un escándalo que desnuda dos realidades. Una es la pésima gestión de la primera empresa pública de nuestra Comunidad. Y otra, el desinterés de la Comunidad en actuar con decisión implementando verdaderas políticas de vivienda pública”, continúa. “Este dinero, como mínimo, habría dotado de músculo a la AVS para negociar créditos para construir vivienda pública de haberlo recibido en tiempo y forma”.

La polémica estalla en un momento especialmente sensible para la empresa. La campaña de las elecciones autonómicas y municipales se verá marcada en Madrid por el comienzo del primer juicio del caso Lezo. Según el calendario de la Audiencia Nacional, a partir del 24 de mayo —los comicios se celebran el 28 de ese mes—, empieza la vista por la compra por parte del Canal de Isabel II del 75% de la sociedad colombiana Inassa en 2001, una operación por la que se pagó más de lo debido, según la Fiscalía.

Las pesquisas afectan, por lo tanto, a parte de la expansión americana de la principal empresa pública de la región, el Canal de Isabel II, que a lo largo del último decenio ha hecho negocios en Brasil, Colombia, República Dominicana, Argentina, Panamá, México, Perú, Ecuador, Uruguay o Venezuela.

En el centro de las investigaciones por el presunto saqueo del Canal está el expresidente regional Ignacio González. En 2021, el juez mandó a juicio cuatro líneas de investigación. En tres de ellas —los amaños en la construcción del campo de golf de Chamberí, la adjudicación de la obra del tren nunca acabado de Navalcarnero y la compra de la empresa brasileña Emissao—, la Fiscalía ya pedía 18 años de cárcel para González. En esa última operación, la antigua mano derecha de Aguirre está acusado de repartirse con sus presuntos colaboradores 4,9 millones en comisiones tras la compra con sobreprecio de la compañía.

Además, el Canal acaba de acudir al arbitraje internacional contra la pérdida de su filial en Colombia, la Triple A, expropiada por el gobierno local en aplicación de una ley antinarcos. El Ejecutivo de Díaz Ayuso también estudia si sigue el mismo paso por un problema similar en Santo Domingo, donde se le acusa de haber lesionado los intereses estatales. Y la empresa aún mantiene abierto el proyecto de subastar por decenas de millones de euros parte del patrimonio inmobiliario que tiene diseminado por toda la Comunidad de Madrid.

Tanto el Canal de Isabel II como el Gobierno regional, a través de la consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, que lidera Paloma Martín, reconocen el problema de los desembolsos en la AVS. Sin embargo, discrepan de que sea obligatorio usar ese dinero para construir vivienda pública.

“El Canal de Isabel II abonó el depósito de 40 millones en la AVS el año pasado”, detalla un portavoz gubernamental sobre la cantidad que se adeudaba desde 2012, cuando la compañía pasó a ser sociedad anónima, y que estrictamente es mucho mayor, según el PSOE, que opina que hay que tener en cuenta también todos los años precedentes. “[La discrepancia] se debía a una interpretación de la norma”, añade este representante del Ejecutivo de Díaz Ayuso. “Este depósito no va vinculado a construcción de vivienda social pública, y es muy excepcional que se pueda gastar porque no afecta al presupuesto de gastos e ingresos de la AVS”, sigue. “Los depósitos se contemplan en concepto de financiación, ya que en cualquier momento determinado sabes que lo tienes que devolver, y no como un ingreso afectado a una inversión”, argumenta este interlocutor. “De ahí que ese dinero no vaya destinado a la construcción de viviendas públicas, tal y como marca la parte dispositiva de Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas”.

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