El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha tenido que rescatar a la empresa pública Metro de Madrid con una inyección de 114.374.396,65 euros, según figura en un convenio firmado por ambas partes y publicado este jueves en el Boletín Oficial de la región (BOCM). La inyección salva a una empresa sumida en la crisis financiera ―tuvo pérdidas de 57 millones en 2021― y a la que el alza de los precios de energía ha asfixiado hasta el límite. Como adelantó EL PAÍS, la compañía estimaba en sus proyecciones internas que necesitaría 150 millones de euros si el precio de la energía no bajaba a lo largo de 2022. La realidad confirma ahora la previsión casi en su peor escenario.

“El incremento extraordinario del precio de la energía a lo largo de 2022 ha afectado de manera determinante a Metro de Madrid, por su gran dependencia de este suministro para la prestación de su servicio”, justifica el acuerdo. “Derivado de este hecho, hasta el mes de octubre de 2022, el gasto real acumulado en dicho período asciende a 129,9 millones de euros, frente a un presupuesto inicial de Metro de Madrid en concepto de suministro energético de 43,4 millones de euros, anterior a la escalada de precios, resultando, por lo tanto, en un incremento de gasto extraordinario de más de 86,5 millones de euros, ya en el mes de septiembre, cifra que, dada la volatilidad de precios existente podría seguir incrementándose, como mínimo, hasta los 100 millones de euros al final del año 2022″, detalla, para rematar: “En consecuencia y de conformidad con lo expuesto, procede llevar a cabo la compensación a Metro de Madrid del aumento de los costes de explotación a consecuencia del incremento del precio de la energía”.

El descuadre de los números ya ha tenido un efecto práctico: la empresa anunció la pasada primavera que recortaba un 10% de media el número de trenes con los que da servicio a su millón largo de usuarios diarios, medida que dejó de aplicar desde el pasado verano. Pero el problema del aumento de costes no tiene únicamente un origen externo. Todo lo contrario.

En 2021, Metro se acogió a una tarifa fija de electricidad para protegerse de los vaivenes del mercado: en todo el año gastó 88 millones por ese concepto. Sin embargo, al menos en el arranque de 2022, la empresa abandonó esa práctica: como resultado, sus presupuestos quedaron rápidamente superados por la realidad. Así, el incremento entre lo presupuestado por energía y lo realmente pagado ha sido de más del 200%. A eso se une ahora que dos decisiones del Estado central obliguen a dedicar 14,3 millones extra a aumentos salariales de los empleados. En total, son 114,3 millones no previstos en las cuentas de la empresa pública, que es la más grande de la región junto al Canal de Isabel II.

Crisis reputacional

“[El rescate] es la ejecución de la cláusula 5c del contrato programa que Metro suscribe con el Consorcio, que ampara la posible modificación de la tarifa por viajero transportado para situaciones tan excepcionales como el incremento del coste de la energía o para otros gastos no presupuestados, como el aumento de gastos de personal por el incremento retributivo de los empleados públicos”, puntualiza un portavoz del suburbano. “Es decir, ya está contemplado en el contrato, por lo que en realidad lo excepcional son los precios energéticos, no tanto que se haya ejecutado una cláusula de un contrato entre Metro y el Consorcio”.

Nadie en la compañía oculta que atraviesa un momento grave. Así, la consejera delegada de Metro de Madrid, Silvia Roldán, se unió en enero de 2022 a los gerentes de otras empresas públicas de transporte para enviar una carta alarmante al Gobierno central. “Solicitamos al Ejecutivo ayudas para paliar el incremento de la factura de la luz”, era el resumen de la misiva. En las semanas siguientes, la dirección de la compañía transmitió a diversos interlocutores que el suburbano regional afrontaba “una grave situación económica”. En esas citas, según fuentes internas y documentación a la que accedió EL PAÍS, se llegó a decir que la empresa pública se arriesgaba a entrar en “un escenario de quiebra técnica” si el coste de la energía se mantenía disparado, aunque Roldán niega haber pronunciado ella misma esas palabras.

Además, Metro está inmerso en una crisis reputacional sin precedentes en su historia centenaria. Está el frente abierto con los trabajadores por las muertes causadas por el amianto que hay en la red, y con el suburbano de Buenos Aires por haberle vendido vagones con este material cancerígeno: en julio pasado se cerró con sindicatos y familiares las indemnizaciones a los afectados, así como para los casos que puedan darse en el futuro, a lo que se añade el Plan de Desamiantado, cuyo objetivo es eliminar este material de las instalaciones de Metro. Está el pleito abierto con Ecuador por los costes de la construcción del Metro de Quito. Está el conflicto con los cientos de vecinos de San Fernando de Henares que han tenido que abandonar sus casas porque la línea 7B ha afectado a los cimientos. Y están las quejas de los pasajeros por las esperas en los andenes y las aglomeraciones en los vagones. Un panorama complicado al que se une la necesidad de inversiones constantes para mantener y modernizar una red de transportes centenaria. Este miércoles, por ejemplo, aprobó gastar 16 millones en instalar 387 tornos inteligentes en 32 estaciones. El plan incluye extender ese modelo 4.0 a 137 paradas entre 2023 y 2029. Una gota en el océano que asfixia al Metro.

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