El PP vota contra los puntos violeta en las fiestas patronales de Las Rozas

Hace justo dos años, la ministra de Igualdad, Irene Montero, anunció una campaña para impulsar los llamados puntos violeta ―espacios concretos a los que pudieran acudir las víctimas de violencia machista― en comercios, empresas, negocios públicos y privados, entre otros. La iniciativa no se concibió para que las mujeres denuncien en esos lugares, sino para que se convirtieran en sitios seguros, donde sentirse escuchadas, acompañadas y ayudadas. En julio de 2022, apenas 12 meses después, la idea se extendió a los locales de ocio nocturno. Y ahora, pasados otros 365 días, los puntos violeta han vuelto al debate público. Al menos, en la Comunidad de Madrid.

En Torrelodones, donde el PP y Vox gobiernan en coalición, una concejala del partido de ultraderecha aseguró que eliminarían “los puntos violetas podemitas” de las fiestas municipales, aunque finalmente y debido al revuelo mediático, sí los colocaron. El gobierno de Las Rozas, del Partido Popular, ha votado este lunes en el pleno municipal que no se instalarán estos espacios en los festejos patronales, que se celebran a finales de septiembre. No los ha habido nunca, ni habrá este año, en las fiestas de Pozuelo, otra de las localidades en manos del PP en una de las zonas con las rentas más altas de España. En Boadilla, el Ayuntamiento tampoco los subvenciona y los ha venido gestionando una asociación vecinal. Sí tendrán puntos violeta en sus fiestas los vecinos de Majadahonda, a escasos 12 kilómetros de los pozoleños, según un portavoz municipal. Y el Ayuntamiento de El Boalo ―liderado por los populares, junto a Vox y Somos Pueblo― ha decidido quitarlos definitivamente de las casas de la juventud del municipio, de unos 8.000 habitantes.

“En Las Rozas nunca ha habido punto ni nada”, cuenta por teléfono Beatriz Borrás, diputada de Más Madrid en la Asamblea y vecina del municipio desde niña. Cada septiembre y desde que tienen 12 años, ella y sus amigas han ido a las fiestas patronales. Recuerda bailar y pasarlo bien, pero también volver a casa y que a 10 minutos de llegar un grupo de chicos le gritaran obscenidades. O coger el autobús lleno de hombres ebrios, “diciendo cualquier tipo de guarradas”. “Imagina el susto. Pero lo acabas normalizando, porque nos pasa tan a menudo...”, dice.

El punto de inflexión, opina la diputada, fue 2018. Entonces, una adolescente de 15 años denunció una agresión sexual por parte de tres chicos durante las fiestas. Justo dos semanas antes, en los festejos de la vecina Majadahonda, otras dos menores de 14 años denunciaron sendas agresiones sexuales en las inmediaciones del recinto ferial. “Pensamos que era necesario, como hacen en muchos otros municipios, que hubiera uno o dos puntos violeta, porque las dos zonas de fiesta son amplias y están separadas”, recuerda Borrás. Lo propusieron como iniciativa ciudadana por primera vez en 2020, cuando el partido todavía no tenía representación, y han seguido haciéndolo hasta ahora. Pero la propuesta ―que incluía, entre otros aspectos, dos puntos visibles y fijos, acciones de concienciación o folletos informativos― ha sido rechazada en el pleno municipal.

La concejala de Familia y Servicios Sociales de Las Rozas (de casi 96.000 habitantes), Ruth Agra, comentó durante el pleno ―se puede ver íntegro en la web municipal― que la propuesta “no era necesaria” porque ya tenían pensado instalar “puntos informativos”. “En las fiestas del año pasado se cubrieron un total de 20 horas con esos puntos, por los que pasaron más de 3.000 personas, y a lo largo de los cinco días no se atendió ni se tuvo conocimiento de ninguna agresión sexual”, añadió.

Carlos Arnal, concejal de Más Madrid en el municipio y que presentó la iniciativa en el pleno, considera que no es suficiente. “Un punto violeta tiene una serie de particularidades, por ejemplo que haya alguna mujer para atender. Es un problema de daltonismo político, no les gusta el morado, ni el rojo, ni el arcoíris. A un punto general va alguien al que roban el móvil o una mujer a la que agreden, pero no es el mismo tipo de violencia”, critica.

Labor voluntaria

En Las Rozas, los vecinos sí han tenido punto violeta, al menos uno itinerante. Borrás, otros miembros del partido y los propios vecinos, de forma voluntaria, llevan tres años organizando grupos de prevención y atención. Hacen folletos, pegatinas con los teléfonos de los servicios especializados y hasta camisetas para que los chavales les identifiquen por la noche.

“Muchos chicos y chicas nos dicen que gracias por estar, porque nunca lo habían visto”, cuenta la diputada. También recuerda cómo dos niñas de 11 años se acercaron a los voluntarios porque, mientras grababan vídeos en el parque, un hombre las miraba y se masturbaba tras un arbusto. Tenían miedo de ir a denunciar y ellos les acompañaron. “Estos años hemos visto que sí es necesario, que no resta y solo suma. Se agradecería que en uno de los municipios más ricos de España, donde esto no supondría mucho gasto al Ayuntamiento, pudieran prevenir, concienciar y estar ahí”, defiende.

Sonia Lamas Millán, experta en violencia sexual, señala que los puntos específicos para atender casos de violencia machista son imprescindibles, especialmente en entornos festivos donde se concentran un gran número de hombres y mujeres. “Las víctimas deben ser atendidas por personas formadas en violencia sexual, en intervenciones de emergencia y con perspectiva feminista. Un punto genérico o uno con solo presencia policial no es suficiente. No dudo de la profesionalidad de los agentes, pero no todos tienen este tipo de formación”, comenta.

Millán también es secretaria del Igualdad del PSOE en la ciudad de Madrid y ha coordinado la puesta en marcha de numerosos puntos violeta. “Hemos visto que sirven para que mujeres que han sufrido violencia en otros momentos y no lo hayan contado se acerquen y lo expresen”, dice y añade que Las Rozas tenía la oportunidad de desmarcarse ante las políticas de los nuevos gobiernos de PP y Vox: “Quitarlos o no considerarlos necesarios es una política contra la prevención de las agresiones sexuales”.

“Han entrado con mucha inquina”

Donde han desaparecido del todo los puntos violeta es en el municipio de El Boalo ―que incluye también a los pueblos de Cerceda y Mataelpino―. Tras las elecciones del 28-M y después 12 años con un ejecutivo de izquierdas, la corporación municipal ha dado un giro y ahora el Partido Popular gobierna con Vox. “Nos llamaban la aldea gala de la sierra. Pero han entrado con mucha inquina y han quitado todo lo que fue creación del gobierno anterior”, cuenta por teléfono María José Gómez, candidata por Más Madrid este año.

Ahí entran la bandera LGTBI, la Concejalía de Igualdad y los puntos violeta. “Había dos en cada pueblo y en fiestas se añadía uno más”, explica Gómez. Los próximos festejos son en unos días y será la primera vez que se celebren sin los espacios de atención a las agresiones machistas. El nuevo alcalde, Sergio Sánchez, defendió así su decisión en una entrevista en Onda Cero: “Hemos retirado absolutamente cualquier cartel ideológico porque vamos a un modelo de neutralidad, a los jóvenes no se les puede estar condicionando [...] No era un punto violeta informativo, era propaganda”.

En Pozuelo, bastión del PP, un portavoz municipal indica que “nunca ha habido” un punto violeta y que este año no va a ser la excepción. “Lo que se hace es dar atención por parte de la policía. Cuando ha habido alertas concretas, como con la sumisión química el verano pasado, se hace una cobertura especial”, indica. Y en Torrelodones, después de un tira y afloja y de que Vox borrara el vídeo donde su concejala se vanagloriaba de que quitarían los vestigios “podemitas”, finalmente se puso un punto, aunque solo de la medianoche en adelante.

Este julio, ocho mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, cuando la media entre julio y agosto suele ser de cinco o seis homicidios, ha recordado este martes el Ministerio de Igualdad, durante la cuarta reunión para analizar los últimos asesinatos. En lo que va de año, 31 mujeres han sido víctimas de la violencia de género, 1.215 desde que empezaron a contabilizarse los casos en 2003. Mientras, Vox se desvincula de las pancartas que condenan este tipo de violencia.

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