La Fiscalía archiva la denuncia de los vecinos por el cantón del distrito madrileño de Vicálvaro

El cantón de Vicálvaro, distrito del sur de Madrid, es legal y, por tanto, seguirá construyéndose. Así lo ha determinado la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Madrid, que ha archivado la denuncia presentada en septiembre por los vecinos que se oponen a la obra. El fiscal delegado de medioambiente de Madrid ha concluido que la construcción del cantón en la calle de Abad Juan Catalán “es acorde a la legalidad urbanística y está debidamente justificada”. Frente a los señalamientos de los denunciantes, que pedían investigar al Ayuntamiento de Madrid por posibles delitos ambientales y de ordenación del territorio, el fiscal delegado ha señalado que “debe descartarse cualquier indicio delictivo”.

El archivo de la denuncia había sido adelantado por la vicealcaldesa Inma Sanz este jueves, para sorpresa de los vecinos que, aseguran, no han sido notificados hasta el momento del auto fechado a 15 de diciembre. “El proyecto sigue adelante y seguimos adelante a hablar con ellos y de minimizar las afecciones”, afirmó la vicealcaldesa durante una rueda de prensa.

Vicálvaro es una de las tres zonas de Madrid, junto con Montecarmelo y La Paz, que libra una batalla contra el Ayuntamiento por las construcciones de los nuevos cantones, que hacen parte del nuevo contrato de Limpieza de Espacios Públicos, adjudicado a finales de 2021 por cerca de 1.700 millones de euros.

En Vicálvaro se ubicarán dos de estas instalaciones, que ya están en obras. Uno, de 6.000 metros cuadrados, quedará en la calle de Las Santeras, 51, en una zona industrial y ya tiene la obra avanzada porque no estuvo entre los proyectos paralizados en abril. Otro, de 1.300 metros cuadrados, de tipo auxiliar, quedará en la calle Abad Juan Catalán. Los vecinos, que se han organizado en una plataforma ciudadana, están de acuerdo con el primero; pero en contra del segundo porque, aseguran, afecta un parque y queda cerca de viviendas. Además del trasiego de vehículos, les preocupa que haya en estas instalaciones acumulación y tratamiento de residuos. El Consistorio, sin embargo, ha insistido en varias ocasiones en que este tipo de infraestructuras son vestuarios para los barrenderos, almacenes y aparcamientos.

Los vecinos de Vicálvaro han tocado varias puertas: la Junta de Distrito, el Ayuntamiento, la empresa Urbaser, los partidos políticos de oposición, la Fiscalía y el Defensor del Pueblo. A este último le han pedido intervenir para que el Consistorio facilite información, planos y detalles de las obras. Portavoces de las asociaciones vecinales aseguran que en reuniones les han indicado que el cantón tendrá compactadoras de residuos de cartón, plazas de aparcamiento y un silo de sal; pero, agregan, no les han entregado los documentos para verlos fuera de las reuniones.

La Fiscalía, en el auto, reconoce en los vecinos “un malestar por la falta de información por la administración actuante, falta de transparencia, falta de participación en las decisiones públicas, incluso por la la decisión de ubicación del cantón frente a otras alternativas”. La Plataforma de vecinos de Vicálvaro afectados por el cantón asegura que para ellos eso es “buena noticia”: “La Fiscalía nos da la razón y confirma la manifiesta falta de transparencia que llevamos meses sufriendo”. El auto, sin embargo, les advierte de que el control político ciudadano debe discurrir por las vías ordinarias, “incluida la electoral”. El PP lideró las elecciones del 28-M en esta zona del distrito, donde obtuvo entre el 30% y 40% de los votos.

Por ahora, la Fiscalía ha determinado que la obra y su planeación se ajustan a la norma y que la parcela elegida no se ubica dentro del parque forestal de Vicálvaro, sino dentro de una zona que hace parte del plan parcial La Catalana y que tiene calificación de dotación de servicios para equipamiento.

De acuerdo con la Fiscalía, el plan parcial contempla una vía ―que no se ha hecho― que separa esa zona del parque forestal. Como no se ha construido, se ve hoy como “una continuidad física” del parque. “Esta discordancia provoca sin duda la creencia de los denunciantes de que el cantón se ubica en el llamado parque forestal”, dice el escrito de la Fiscalía. Explica que, aunque en Catastro el área figura como parte del área forestal, esta es una información acorde a la “realidad urbanística” y no a la del planeamiento.

Finalmente, la Fiscalía ha determinado que la obra no requiere evaluación de impacto ambiental, “pues dicho expediente ya está previsto en la tramitación de los planes urbanísticos [del plan parcial La Catalana]”.

Los portavoces vecinales de Vicálvaro, que están a la espera de recibir el auto, ya sabían que la parcela estaba prevista en el Plan Parcial. “La denuncia se produjo en septiembre al ver unas excavadoras entrar a destrozar nuestro parque, sin información alguna. Pero en estos cuatro meses hemos tenido conocimiento de que la parcela está prevista en el Plan aunque lleve de facto 20 años integrada en el Parque Forestal”, asegura un portavoz de la Plataforma. “Llevamos ya meses diciendo que podrá ser legal hacer el cantón ahí, pero es totalmente inmoral porque existen otras parcelas alternativas que evitarían ese destrozo de zonas verdes y que, además, están alejadas de las viviendas”, dice un comunicado difundido este viernes en el que se recogen unas primeras valoraciones de la noticia.

Por ahora, han solicitado una reunión al alcalde José Luis Martínez Almeida y le han pedido evaluar con su equipo alguna de las 15 parcelas alternativas que sugirieron en diciembre.

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