El abogado que defiende a la pareja de Ayuso en la causa del fraude no presentará la denuncia contra la ministra Montero, Hacienda y Fiscalía

El abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no presentará ninguna denuncia ni querella contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ni contra la Agencia Tributaria, ni contra la Fiscalía, según ha comunicado el propio letrado a EL PAÍS. Carlos Neira, del despacho de abogados Garrido, es el letrado escogido por González Amador para el caso que denuncia el ministerio público. González Amador, el novio de Ayuso, fue denunciado por la Fiscalía a principios de mes por un doble fraude fiscal de 350.951 euros a través de una trama de facturas falsas y una sociedad pantalla, que en este caso era una empresa con la que buscaba reducir sus impuestos fiscales.

Este viernes, el diario El Español y la cadena Cope han informado de que la pareja de la presidenta prepara una querella contra Montero, la Fiscalía y la Agencia Tributaria por una supuesta revelación de secretos. Fuentes del entorno de Ayuso aseguran que esta intención existe, pero que todavía no se ha presentado ninguna denuncia. “Lo hará otro bufete especializado”, indican, sin más detalles.

El letrado Neira, que es quien lleva el caso del fraude fiscal, afirma a este periódico que él tampoco se querellará contra la ministra de Hacienda, ni contra la Agencia Tributaria, ni contra la Fiscalía a título personal. El caso de fraude que afecta a la pareja de la presidenta se conoció el martes, cuando eldiario.es publicó el primer artículo a la seis de la mañana. Desde entonces, se han publicado numerosas informaciones y declaraciones de Ayuso.

El miércoles, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que se celebraba en Leganés, Ayuso contestó a los periodistas y atribuyó la denuncia a una persecución “de todos los poderes del Estado”, con frases como: “Es una inspección fiscal salvaje y sacada de quicio”. “Si, después de toda una vida trabajando, esta persona tiene un patrimonio y se puede permitir comprar una casa, un coche o siete, mientras esté legal, mientras esté todo en A, mientras esté ante notario, soy libre de subirme en ese coche o de meterme en esa cama”. “Buscan desestabilizarme a través de mi destrucción personal”. “Pedro Sánchez está sentado en la corrupción política y económica y esto no lo va a tapar”.

Horas antes, se había conocido que el novio de Ayuso se compró una casa en Madrid de 183 metros cuadrados en junio de 2022. El inmueble está ubicado en una de las zonas más caras de la capital. Aquí el metro cuadrado se situaba en febrero en 6.271 euros, según el último informe de Idealista. Es decir, que un piso de 50 metros cuadrados cuesta, al menos, 313.500 euros. La vivienda tiene un valor de 1.147.593 euros. Y según el catastro, el censo donde se pueden consultar todos las fincas urbanas del Estado, tiene un valor de referencia catastral estimado en 809.222 euros. En este inmueble también vive la presidenta madrileña, según ha reconocido ella misma.

Horas antes se había publicado que la pareja de Ayuso facturó más de un millón de euros a una empresa que se enriqueció con mascarillas de China. También que mintió ante Hacienda, según las dos empresas para las que intermedió. Las dos firmas españolas que participaron en el negocio de mascarillas y guantes con la mediación de González negaron a EL PAÍS parte del relato que este hizo a la Agencia Tributaria. El novio de la presidenta madrileña afirmó que la operación se gestó en enero de 2020, dos meses antes del estallido de la crisis de la covid en España, y que también participó como intermediaria una compañía estadounidense radicada en Florida.

Y también se conoció que su propio letrado del caso, el abogado Neira, inspector de Hacienda en excedencia, envió un correo al ministerio público donde reconocía los delitos tributarios. La Fiscalía de Madrid lo admitió en un comunicado oficial en el que confirmaba que el abogado del novio de Ayuso ofreció “un pacto de conformidad” al ministerio público, en el que reconocía la autoría “de dos delitos” fiscales, y aceptaba pagar las cantidades defraudadas, así como una “sanción penal”. Sin embargo, la causa todavía está abierta.

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