De cuando a Madrid le sobraban los pisos de protección oficial

Hubo un tiempo en que al Ayuntamiento de Madrid le sobraban sus viviendas públicas y prefería hacer caja a disponer de patrimonio. Un tiempo, hace más de una década, en que decidió vender 1.860 viviendas porque era más importante ingresar efectivo que seguir siendo el casero de cientos de familias de bajos recursos. Años en los que Ana Botella era alcaldesa de Madrid, quien, de un día para otro, decidió vender a un fondo buitre un tercio de las viviendas construidas en suelo público con dinero y recursos salidos de los impuestos.

Algunos días después de la manifestación que el 13 de octubre movilizó a miles de personas en Madrid a favor de la vivienda, Arantxa Mejías, una de las personas que más trabajó para impedir aquella venta de Botella, mira con cierto optimismo lo que empieza a pasar en las calles y el malestar que recorre las ciudades. “Frente a la movilización actual recuerdo con algo de tristeza la poca empatía social que generó la lucha que estábamos comenzando”, explica. Una década después, la realidad es que por aquel entonces pagaba 600 euros por un piso en Carabanchel al Ayuntamiento de Madrid y hoy paga 1.050 euros a una filial del fondo Blackstone.

Ana Botella, alcaldesa de Madrid entre diciembre de 2011 y junio de 2015, llevaba poco más de un año al frente de la alcaldía cuando anunció la venta de un buen trozo del patrimonio inmobiliario, casi un tercio de las 6.549 viviendas que tenía la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).

El procedimiento para vender 1.860 pisos ―1.208 de ellos en régimen de alquiler y 652 en régimen de opción de compra― duró 14 días y en julio de 2013 el ayuntamiento anunciaba que el Consejo de Administración de la EMVS había aprobado la venta de las casas a cambio de 125,5 millones de euros. La Comunidad de Madrid, presidida entonces por Francisco González, intentaba algo parecido con otras casi 3.000 viviendas que pasarían a manos de Goldman Sachs, pero la movilización ciudadana logró detener la venta. Consumada la operación, el ayuntamiento calificó la venta como “transparente y competitiva” y el dinero obtenido, dijo entonces el consistorio, eran “nuevos recursos para continuar sus políticas sociales”.

“Aquella venta marcó un antes y un después”, dice la abogada Alejandra Jacinto, socia fundadora de CAES, un despacho especializado en temas de vivienda. “Abrió la puerta a los fondos buitre y se mandaron dos señales: que se puede vender patrimonio público a precio muy barato a fondos de inversión y que si es necesario es posible modificar la ley de arrendamientos urbanos para que esos contratos fueran más fuertes. Si a esto le sumamos el régimen en el que están enmarcadas este tipo de empresas que se dedican al mercado inmobiliario y que apenas tributan el impuesto de sociedades, se lanza un mensaje claro de priorizar el interés especulativo por encima del derecho a la vivienda”, añade Jacinto.

Tras aquella venta hubo un juicio y Botella y siete miembros de su equipo fueron condenados a pagar de su bolsillo casi 25 millones de euros, aunque siete años después, en julio de 2020, el Tribunal de Cuentas revocó la sentencia. Inicialmente, la sentencia consideraba probado que la operación fue ilegal al no asegurar la concurrencia y que los inmuebles se vendieron por 159 millones de euros con un importe por debajo del precio de mercado, lo que generó un perjuicio al erario público de más de 25 millones de euros. Durante el juicio se supo también que la empresa municipal pagó 2,3 millones de euros en comisiones por “honorarios de asesoramiento e intermediación”. Según Jaime Palomera, Doctor en Antropología económica del Instituto de investigación urbana de Barcelona, si en España toda la vivienda social hubiera mantenido este estatus, el 40% de las viviendas estarían fuera del mercado a un precio asequible lo que colocaría a España por delante de Países Bajos, el país europeo con más vivienda oficial.

“Se habla de patrimonio, de dinero, de escrituras... Pero detrás de esas casas hay vidas”, dijo Mejías en la Audiencia Provincial de Madrid durante aquel juicio. Con 25 años descubrió, como otros cientos de madrileños, que la casa en la que vivía con sus padres ya no era de la EMVS, sino de Fidere, una de las ramificaciones españolas del fondo de inversión estadounidense Blackstone. Decidió entonces dar la batalla, y no se arrepiente, aunque el resultado haya sido agridulce y su vivienda actual terminara en manos de un fondo que ha crecido en España a un ritmo similar al que lo hacía el pago de su alquiler. “Recuerdo las primeras manifestaciones que organizamos para protestar por la venta”, dice Mejías. “Éramos muy poca gente y no había empatía social, pero aquello era la antesala de la crisis de vivienda que vivimos en la actualidad. Aquello fue un laboratorio que dio paso al debate actual que ha puesto la necesidad de la vivienda social encima de la mesa”, añade. Mejías insiste en distinguir que la vivienda en la que viven sus padres no fue precisamente un regalo y diferencia entre vivienda social y vivienda protegida. La vivienda social es de titularidad pública y tiene un precio muy por debajo del mercado, o sea un alquiler de 200 o 300 euros mensuales, y la vivienda protegida tiene un precio mayor, aunque por debajo del precio de mercado y es construida tanto por sector público como privado.

¿Es posible que hoy se repitiera una masiva venta de este tipo? Según Mar Espinar, diputada en la Asamblea de Madrid y exportavoz del PSOE en el Ayuntamiento,”no es posible saberlo y todo puede empeorar”. “El Partido Popular ha ganado la batalla del anti-intervencionismo, pero la única forma de parar la deriva al alza de los alquileres es que los poderes públicos actúen sin pedir perdón. Proteger a los vulnerables y garantizar la vida digna de todos, punto”, dice Espinar. “La libertad de la cañita no puede prevalecer ante la justicia social, pero en Madrid la gente es más individuo que parte de algo más grande. Esa es la trágica victoria del PP”, señala.

El Ayuntamiento de Madrid cuenta con 8.515 viviendas, un 36% más que en 2019 gracias al empuje de Manuela Carmena, que liberó gran parte del suelo público sobre el que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, construye ahora. Actualmente, hay otros 2.110 pisos en distintas fases de ejecución, a los que Almeida aspira a sumar las 10.000 viviendas más de la ‘Operación Campamento’ y convertir a la EMVS en la principal promotora inmobiliaria de España, presume el alcalde. A las actuales administraciones, Arantxa Mejías reprocha la inactividad del Ministerio de la Vivienda. “Hay un Ministerio de la Vivienda cuya creación todos exigimos y celebramos, pero pedir empatía de los caseros hacia los inquilinos me parece aberrante e ignora la problemática tan grave que se está viendo con la vivienda”, critica.