Más importante que la amnistía: la escandalosa situación de la Justicia

Acaba de empezar una legislatura y no hay ningún signo de que el Parlamento vaya a acabar con la escandalosa situación en que se encuentra la Justicia en España, con los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ocupando puestos caducados hace más de cinco años y con un 30% de vacantes en el Tribunal Supremo (TS), del que se supone que depende la calidad y la conformidad a la ley de todas las sentencias emitidas en España. La responsabilidad de este calamitoso estado de cosas es del Partido Popular, que se viene negando en el Congreso a votar la obligada renovación del CGPJ. Eso es difícilmente discutible, pero también es absurdo que algunos socialistas pretendan forzar al Congreso a convocar la votación sin acuerdo previo, lo que llevaría a un mayor descrédito, aún, de la Justicia. Lo importante ahora es conseguir que PP y PSOE negocien, encuentren lo antes posible una salida y se deje de perjudicar a todos los ciudadanos en un asunto tan serio.

Hagan lo que tienen que hacer los dirigentes políticos. Y hagan algo más los jueces y magistrados, porque resulta asombroso que no hayan sido capaces de presionar, a través de las múltiples asociaciones que los agrupan, para acabar con una situación que, pese a su encomiable trabajo personal, está desacreditando como nunca su función.

Que se sepa, la lista de candidatos a la renovación del CGPJ que llegó hace cinco años al Congreso no salió de la sede de los partidos, sino que fue elaborada por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces por la Democracia y Ágora Judicial, junto con otros propuestos directamente por miembros en activo de la carrera judicial. ¿Nadie de entre ellos (si es que no han abandonado ya su candidatura) merece el apoyo del PP y la mayoría parlamentaria de 3/5?

La pérdida de prestigio de la Justicia es uno de los peores problemas con que se enfrenta una democracia. Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados, dice el Talmud. La imagen de los miembros del CGPJ o del TS está, se quiera o no, seriamente deteriorada y es urgente que todos los grupos que defienden el sistema democrático se esfuercen por protegerla. Es imprescindible que la imagen de los miembros de la carrera judicial sea la de funcionarios imparciales, más o menos competentes, pero que no sirven a otros intereses que los de la Justicia. Pueden ser, por supuesto, de ideología conservadora, liberal, nacionalistas acérrimos, socialistas o lo que mejor les parezca, pueden ser del Opus Dei, agnósticos o budistas, pero no pueden tomar decisiones en virtud de ninguna obediencia, sectarismo o provecho. Porque en ese caso cometen prevaricación, duramente castigada en la ley y por sus colegas. Y si existen jueces de obediencia partidista o que fían su futuro profesional a sus relaciones sectarias, no deberían ser denunciados por los ciudadanos, sino por los sistemas de vigilancia interna de la propia judicatura. Son los jueces y magistrados los que deben perseguir, por encima de todo, la corrupción judicial. Si no lo hacen, por comodidad, por miedo o por falta de canales para ello, es el sistema el que falla, y ellos mismos los culpables.

El punto de fuga en pintura es el lugar en el que convergen dos o más líneas paralelas y que tienden hacia el infinito de una imagen. Aplicándolo a la imagen del Congreso y de la recién inaugurada legislatura, esas líneas hacen que todo confluya hacia la anunciada proposición de Ley de Amnistía, un debate que, tal y como está anunciado por la oposición, no permitirá dirigir el ojo hacia ninguna otra parte. Es, sin duda, importante, pero no debería cerrar otros caminos. El PP no puede llevar el debate a la calle permanentemente, como parece que es su elección momentánea, porque, entre otras cosas, es el partido que gobierna en más comunidades autónomas y no hay ciudadanía que resista que sus gobernantes les convoquen día sí y día también a protestar en la calle. No es un gran programa electoral intentar convertir el país en ingobernable y no hay posibilidad de forzar una moción de censura, por mucho que amenace Carles Puigdemont. A menos que quiera acabar sin amnistía, en la cárcel y sin autonomía catalana: otro gran programa electoral para las próximas elecciones catalanas.

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