El escándalo de las escuchas en Argentina se agrava con sospechas de espionaje a los Kirchner

El escándalo por prácticas de espionaje que sacude a la clase política argentina se ha agravado hoy después de que el juez encargado del caso apuntara que las escuchas ilegales podrían haber alcanzado también a la presidenta, Cristina Fernández, y a su esposo y antecesor, Néstor Kirchner. Tras una petición del fiscal federal Alberto Nisman, el juez que lleva el caso detuvo al ex comisario y ex jefe de la Policía Metropolitana de la capital argentina, Jorge Fino Palacios, mientras que el jefe del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, destituyó al subjefe del cuerpo, Osvaldo Chamorro.

El caso se destapó en octubre, cuando se conocieron supuestas prácticas de escuchas ilegales a un familiar de una víctima del atentado contra la mutualista judía AMIA por parte de Palacios, quien se vio obligado a renunciar a la jefatura de la Policía Metropolitana en medio de una tensa polémica entre el gobierno capitalino y el Ejecutivo nacional.

Lejos de apagar los ecos del escándalo, la dimisión de Palacios fue la primera etapa de un proceso que ha destapado escuchas ilegales a familiares de víctimas de la AMIA -atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires y que causó 85 muertos y más de 200 heridos-, políticos, periodistas y que, según las últimas revelaciones del juez del caso, podría incluso afectar a la mandataria y su esposo.

"También parece que habría datos personales de nuestra presidenta y de su esposo. Vamos a investigar todo", mantuvo el juez Norberto Oyarbide en alusión a datos encontrados en un ordenador de la agencia de seguridad Security Consulting, controlada por Palacios.

El magistrado aclaró que la investigación "todavía no está completa", pero admitió que en ordenadores incautados a los sospechosos "también estaban los datos personalísimos" de Fernández y su marido. El asunto es "extremadamente delicado", apuntó en declaraciones a emisoras locales, aunque matizó que es necesario que la Secretaría de Inteligencia del Estado (servicio secreto) confirme las sospechas.

Según medios locales, en los ordenadores de la agencia controlada por Palacios se habría encontrado información sobre la situación patrimonial y financiera de políticos, sindicalistas, periodistas -como el director del diario La Nación, Bartolomé Mitre- y hasta funcionarios del gobierno de la ciudad, como el jefe de Gabinete, Horario Rodríguez Larreta.

El fiscal ampara la orden de detención en las escuchas ilegales instrumentadas por Palacios a Sergio Burstein, familiar de una de las víctima del atentado de la AMIA. Nisman considera que Palacios incurrió en delitos de violación de la intimidad, abuso de autoridad como jefe de la Policía Metropolitana y falsificación de documentos públicos.

El caso se complicó aún más la pasada semana, cuando Néstor Leonardo, uno de los cuñados de Macri, resultó herido leve al ser atacado en las puertas de su casa un día después de acusar a su suegro de "hostigamiento" y de intervenciones ilegales de sus teléfonos al ser citado como testigo por el juez Oyarbide.

El magistrado mantiene procesado y detenido a Ciro James, antiguo agente de la Policía Federal y funcionario del Ministerio de Educación de Buenos Aires que aspiraba a formar parte de la Policía Metropolitana que Macri pretende poner en marcha el 10 de diciembre próximo.

El alcalde impulsó la creación de esta fuerza de seguridad tras el fracaso de sus gestiones con el Gobierno nacional para que traspasara parte de la Policía Federal a la órbita de la capital argentina con sus fondos correspondientes, que rondan unos 250 millones de dólares anuales.

Tras el estallido del escándalo, Macri, ex presidente del popular club de fútbol Boca Juniors, se declaró víctima de maniobras políticas de quienes se oponen a la Policía Metropolitana. Para el analista político Jorge Arias, de la consultora Polilat, "Macri ha cometido otro yerro de principiante político que lo está dejando, junto a su escasa capacidad operativa en la ciudad, al costado del camino, al menos de la discusión política más grande en Argentina de cara a las elecciones presidenciales de 2011".

En la legislatura porteña, las reacciones no se han hecho esperar: el legislador opositor Juan Cabandié no descartó pedir un juicio político contra el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, por considerar que "es el responsable político del accionar tanto de Chamorro como de Palacios".