Escándalo en Perú por el aumento del sueldo de los congresistas

El Congreso peruano, formado por 130 miembros, fue clausurado en 1992 durante el autogolpe de Alberto Fujimori, en un período de gran desprestigio de los partidos políticos. Hoy el Parlamento también está sumido en el descrédito: un 65% de los peruanos no se siente representado por este poder del Estado, según una encuesta de 2012 elaborada por la empresa Imasen.

Sin tener en cuenta la opinión de sus conciudadanos, los parlamentarios aprobaron hace 20 días, el último día de legislatura, el incremento a 4.400 euros mensuales de un bono de gastos de representación. Este viernes el Consejo Directivo, órgano del Parlamento formado por la Mesa del Congreso y los representantes de los grupos parlamentarios, se reunió para revisar la medida, obligado por la presión ciudadana y mediática, pero decidió mantener el incremento.

 “Para que puedan cumplir la función de representación y llegar a los lugares más alejados de la patria”, argumentó el presidente del Congreso, Víctor Isla, del oficialismo, en una fugaz comparecencia ante la prensa al final de la votación, en la que solo se opusieron los parlamentarios de Acción Popular-Frente Amplio.

Cerca del 70% de los peruanos desaprueba la labor del Congreso

Los congresistas perciben un sueldo de poco más de 5.200 euros mensuales más gastos de representación que hasta diciembre ascendían a unos 2.200 euros. Los 4.400 euros mensuales aprobados estarían sujetos al impuesto de la renta, por lo que la ministra de Justicia, Eda Rivas, lo calificó como un “aumento de sueldo disfrazado”.

Las críticas aumentaron cuando se supo que la ministra de la Mujer, Ana Jara, que es también congresista pero no ejerce como tal, había estado cobrando los gastos de representación. La funcionaria, emplazada por los medios, prometió que devolvería el dinero si el Parlamento se lo pedía y presentó un proyecto de ley para evitar el vacío legal que le había permitido cobrar dicha retribución. Después anunció que retornaría el dinero de todos modos y volvió a desdecirse una vez más. El jueves difundió en las redes sociales la foto del cheque de gerencia al Congreso por el monto que no debió recibir en 2012, más de 23.000 euros. Sin embargo, el congresista Javier Bedoya afirmó ayer, en un canal de cable, que no existe tal vacío legal al haber cobrado por un cargo que no desempeñó: “no está exenta de responsabilidad penal”, dijo.

Según las últimas cinco encuestas mensuales de la agencia GFK Conecta, la desaprobación del Congreso fluctúa entre un 66% y un 73% de los peruanos consultados, cifras que no difieren mucho de la percepción durante el Gobierno del aprista Alan García. La dañada imagen del Congreso llevó a que al final del Gobierno del Partido Aprista, el organismo español de cooperación AECID, invirtiera más de dos millones de euros entre 2007 y 2012 en un proyecto para “fortalecer el desempeño de las funciones representativa, legislativa y de control” del Parlamento peruano. El año pasado, participantes y evaluadores del proyecto retrataron crudamente los problemas del Legislativo: poca institucionalidad, funcionamiento informal y su veleidad, sujeta a intereses particulares o del Ejecutivo. “Es una organización que se autorregula y carece de controles externos”, añade el documento de evaluación.

Los parlamentarios que conforman el Consejo Directivo aprobaron el 14 de diciembre por unanimidad el aumento del bono, pero a medida que se acentuaron las críticas, incluso por parte del presidente Ollanta Humala, algunos congresistas pidieron no recibirlo o condenaron la medida.

El abogado y observador político Ricardo Vásquez Kunze comentó a este diario que el Legislativo es mediocre. “No ha estado a la altura de sus funciones: la elección del Defensor del Pueblo y de los miembros del Tribunal Constitucional debieron haberse solucionado hace mucho tiempo, pero no da la talla para los asuntos de institucionalidad para el país. Aunque sí se pueden poner de acuerdo para sus propios intereses”, aseguró.

“Se trata de un Congreso que se mueve en función de la presión mediática y ‘para las cámaras’. Se discute mucho más apasionadamente aquello que los medios ponen en agenda, sea lo que fuere. Se actúa con un criterio más efectista —a veces hasta sensacionalista— que con un criterio de largo plazo, con una visión de Estado”, declaró a EL PAÍS la parlamentaria por Cusco Verónika Mendoza, disidente del partido del Gobierno, Gana Perú. “Hay una injerencia cada vez más importante del Ejecutivo ya sea por intromisión de éste o por omisión del Congreso. Hemos visto casos en los que se da una suerte de veto, particularmente del Ministerio de Economía y Finanzas, con la ‘amenaza’ de que si la norma no coincide con lo que quiere el Ejecutivo la ley será observada”, sostiene la representante que ahora integra la bancada Acción Popular-Frente Amplio.