La tragedia venezolana que no se nombra

El dueño de la panadería que hay frente al hotel lleva una semana secuestrado. El viernes, los empleados de seguridad impidieron el atraco de dos personas en moto a tres chavales que estaban sentados a unos cincuenta metros del hotel. Y estamos en Palos Grandes, una de las zonas más seguras de Caracas.

En la puerta de muchos restaurantes venezolanos se ve un letrero que dice: “Espacio libre de humo” junto a otro que advierte: “Espacio libre de armas”. Consciente de la violencia que reina en las calles, el Gobierno emprendió en 2011 una campaña por el desarme. Casi todo el mundo en Caracas conoce a alguien que fue atracado o sufrió un secuestro exprés, de los que suelen durar varias horas. En los últimos años han surgido bandas con armas más potentes que las de la policía y capacidad para ejecutar varios secuestros en una misma noche. La clase media se ha familiarizado con el argot de los blindajes de auto y sabe que uno de protección mediana cuesta alrededor de 15.000 euros.

“Hace 20 años era muy extraño el blindaje. Hoy en día tienes que esperar seis o siete meses si pretendes blindar tu carro. Ha aumentado también la contratación de guardaespaldas, aunque sea para una noche de fiesta. Y el que no puede permitírselo, electrifica los muros de su casa. Todo esto nos revela que hay un proceso de privatización de la seguridad en un país gobernado por políticos que se dicen socialistas”, explica el sociólogo Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, entidad en la que participan siete universidades y que publica cada año las cifras extraoficiales de homicidios.

Briceño estudia la violencia desde 1994, cinco años antes de que Chávez llegara al poder. “La tasa de homicidios era entonces de 20 por cada 100.000 habitantes. Y ya estábamos preocupados. En 1998 se registraron 4.500 muertes violentas. En 2000 casi llegaron al doble. En 2003, cuando Chávez cumplió cuatro años en el poder, los homicidios ascendieron hasta los 11.300, la tasa se había triplicado. Entonces, en 2004, el Gobierno prohibió la difusión de las cifras. Y creamos el Observatorio. Nuestro informe de diciembre señala que el año pasado se produjeron 21.692 homicidios. O sea: 73 por cada 100.000 habitantes. Eso es el doble que la tasa de Colombia (34), tres veces la de México (23) o Brasil (24) y muy superior a la de Argentina (8), Chile (4) o España (1). El Gobierno no reconoce nuestras cifras y solo asume una tasa de 50 homicidios, para ya es bastante más alta que la de Colombia”.

¿Por qué un problema que afecta de forma tan acuciante nunca le pasó factura al Gobierno? “Porque Chávez fue muy hábil a la hora desviar la atención”, explica Briceño. “Nunca se menciona el tema en los canales de radio y televisión oficiales. Y en las raras ocasiones en que Chávez aludió al problema dijo que ya viene de lejos. Y es cierto que antes de que él llegara al poder la tasa era alta, de 22 homicidios por 100.000 habitantes. Pero durante su gestión no sólo aumentaron las muertes violentas sino que se extendieron por el resto del país. En los Estados con menos homicidios, como Mérida, la tasa es mayor que la de Colombia”.