División en el Parlamento irlandés ante el debate sobre la abolición del Senado

La Cámara baja irlandesa, el Dáil, ha empezado este jueves a debatir la inesperada propuesta del Taoiseach (primer ministro), Enda Kenny, de convocar un referéndum en octubre para que los irlandeses se pronuncien sobre la abolición o no del Senado. Aunque la abolición estaba incluida en el programa electoral del Fine Gael, que le llevó al poder en 2011, Kenny se había pronunciado hace tan solo dos meses a favor de una profunda reforma del Senado en lugar de su supresión.

Kenny y el líder de sus socios de coalición laboristas, Eamon Gilmore, han justificado la propuesta de abolición con el argumento de que el Senado ha perdido la utilidad que podía tener hace casi un siglo y que muchos países pequeños, en especial en Escandinavia, lo han suprimido. A su juicio, una segunda cámara tiene sentido en grandes países federales, como Estados Unidos o Alemania, pero no en países de pequeño tamaño como Irlanda. Y existe la tendencia de acabar convirtiéndose en el refugio de antiguos aristócratas o políticos en declive, como en la Cámara de los Lores británica.

Hay unanimidad tanto entre los partidarios como los detractores de la abolición en que el Senado, ahora mismo, sirve de muy poco.

El argumento del ahorro de dinero público también cuenta y ha sido citado por el primer ministro, pero no como elemento principal. A fin de cuentas, el país se ahorrará unos 20 millones de euros anuales, según sus estimaciones, una cantidad insignificante incluso para un país del tamaño de Irlanda. El coste real del Senado, sin embargo, no está claro porque el Parlamento lleva una contabilidad conjunta que no distingue sobre los costes separados de cada una de las dos cámaras.

Hay unanimidad tanto entre los partidarios como los detractores de la abolición en que el Senado, ahora mismo, sirve de muy poco. La Cámara alta no tiene poder para rechazar propuestas de ley de carácter económico pero tiene un arma política importante: puede retrasar el proceso legislativo hasta por nueve meses, lo que en ocasiones fuerza al Gobierno a cambiar sus proyectos de ley. En el pasado, el Senado se opuso a la prohibición del divorcio y logró rechazar dos leyes de importancia: una que restringía a los varones el acceso a los exámenes de los altos funcionarios y otra que excluía a las mujeres el derecho a participar en un jurado.

Pero su papel político en la actualidad es irrelevante. La propuesta, sin embargo, ha generado controversia y no solo porque se adivinan intenciones electoralistas en los cambios de posición del Taoiseach, sino porque los críticos opinan que la abolición del Senado va a dejar todo el poder en manos del Dáil y que eso, en las actuales circunstancias, es casi tanto como decir que deja todo el poder en manos del Gobierno. Lo que quieren estos críticos es reformar el Senado, no abolirlo, de forma que ejerza realmente de contrapeso a la Cámara baja. La propuesta de referéndum, sin embargo, no contempla esa opción: o desaparece, o sigue como está.

Otros creen que la abolición del Senado está justificada pero que debe ir acompañada de una profunda reforma de la Cámara baja para que pueda cumplir su función de controlar al Gobierno. Con un sistema electoral que suele premiar a un partido para que gobierne en solitario o forme coaliciones con relativa facilidad y un sistema político que hace que el futuro de los diputados esté siempre en manos del partido, ni los diputados de la oposición tienen poder para controlar al ejecutivo ni los diputados del partido del Gobierno se atreven a contestar sus propuestas para no perjudicar su propio futuro político.

Enda Kenny ha presentado una serie de propuestas para reformar la Cámara baja en paralelo a la abolición de la Cámara alta. En concreto, quiere ampliar de 12 a 14 el número de comisiones parlamentarias y que la presidencia de estas se reparta entre los partidos aplicando el sistema D’Hondt, un reparto proporcional que prima a los que han obtenido mejores resultados. Propone también dar mayor poder investigador a las comisiones y poder debatir las propuestas de ley antes de que lleguen al plenario y de nuevo antes de que alcancen el momento de la votación final. Está por ver que esa agenda reformista sea considerada lo bastante ambiciosa.

La propuesta de abolición no debería pasar demasiados apuros para ser aprobada por el Dáil a pesar de que suscita bastante menos entusiasmo entre los laboristas que en el Fine Gael y no tiene el apoyo de los dos grandes partidos de la oposición, el Fianna Fáil y el Sinn Féin. Una incógnita más grande es la suerte que pueda correr en el referéndum. No tanto por el apego que los irlandeses puedan tener al Senado, más bien escaso, sino por la impopularidad de la política de recortes del actual Gobierno y por la sensación de que un tema de ese calado debería haberse discutido en la Convención Constitucional.

Se trata de un foro creado el año pasado para debatir los cambios a los que debería ser sometido el sistema político irlandés. Cambios como la reducción del mandato presidencial a cinco años, la reducción a los 17 años de la mayoría de edad para votar, la reforma del sistema electoral, la introducción del matrimonio entre personas del mismo sexo, la participación de la mujer en la vida pública o la supresión del delito de blasfemia en la Constitución.