La Asociación Nacional del Rifle cruza el Río Bravo

La Asociación Nacional del Rifle de EE UU (NRA, en inglés) es una de las organizaciones más poderosas de Estados Unidos y una de las más férreas opositoras a cualquier modificación, por mínima que sea, a la Segunda Enmienda de la constitución norteamericana, que garantiza el derecho a portar armas. Pero su alcance va más allá de sus fronteras.

La NRA gastó cuatro millones de dólares en “inversiones” en Centroamérica y El Caribe en 2010, según una investigación difundida por la publicación America's Quarterly. Miembros de la organización están en contacto permanente con los grupos de propietarios de armas en México y otros países de la región y, en algunos casos, han ejercido una influencia decisiva en los intentos latinoamericanos por regular la posesión de armas, como en Brasil en 2005.

Si bien el presupuesto destinado por la NRA a sus “inversiones” al sur de la frontera es minúsculo comparado con su abultado presupuesto –más de 240 millones de dólares, 80 veces más que el mayor grupo antiarmas de EE UU–, la organización vigila de cerca los pasos hacia una regulación de armas en Latinoamérica, como lo ha hecho en el resto del mundo. “Pese a que la asociación no puede gastar dinero fuera de las fronteras de Estados Unidos, la NRA consigue medios para apoyar movimientos locales y ejercer influencia de distintas maneras”, señala Wendy Cukier, autora del informe.

EE UU es el principal exportador de armas personales del mundo, un sector que genera ganancias por encima de los 700 millones de dólares al año. Solamente las destinadas a México ganaron 129 millones de dólares en 2012, según un estudio de la Universidad de San Diego.

Desde casos tímidos como la organización de seminarios para defensa personal en Trinidad y Tobago y Costa Rica –como por ejemplo el curso Refuse to be a victim, dirigido a mujeres– hasta la “asesoría directa” de miembros de la asociación a organizaciones locales en toda la región.

Un ejemplo de esa asesoría directa es México Armado, un grupo que defiende el derecho a portar armas que participa en las competiciones organizadas por la NRA (que no exige la membresía para participar). Algunos de sus miembros aceptan que hay una comunicación constante con la asociación para recibir asesoría y consejos.

“Los mexicanos deberíamos ser mucho más conscientes de que tenemos que defendernos y un control de armas nos perjudicaría”, explica Alfredo Gámez, miembro de la asociación. Cita el caso de Alejo Garza Tamez, un ganadero mexicano de 77 años que se enfrentó a los sicarios que habían amenazado con matarle de no entregarles su rancho en Padilla, Tamaulipas, una de las zonas más violentas del país. Armado hasta los dientes, el hombre consiguió matar a cuatro de sus atacantes y herir a otros dos antes de caer abatido. “Es nuestro ejemplo”, dice. Pero en el caso de México, las aspiraciones de las asociaciones de tiro difieren de las de otros países: no se busca una legislación más estricta, sino relajar la existente.

La paradoja mexicana consiste en que en el país en que más de 70.000 personas han muerto a causa de la violencia del narcotráfico en los últimos seis años, para obtener un arma legal en México es necesario llenar un control ante la Secretaría de Defensa Nacional y superar un trámite burocrático de al menos una decena de pasos.

El mercado negro es otro cantar. La frontera con EE UU, no obstante, hace que las armas pasen sin problema al país. Un informe de la ONU calcula que entre el 70% y el 90% de las armas ilegales en México provienen de EE UU. “Aquí [en México] están prohibidas las armas. Vivimos en la evasión y simulación”, apunta el escritor y académico Sergio Aguayo. Subraya “el doble discurso” de la NRA y algunos sectores del Gobierno estadounidense sobre las consecuencias del tráfico de armas hacia México. “Estados Unidos es el principal exportador de armas ilegales a América Latina. [...] Tenemos 12.000 armerías instaladas en la frontera de EE UU y ni siquiera hay un reconocimiento oficial de que estamos ante un problema gigantesco. He hallado documentos del Gobierno estadounidense de hace cuatro o cinco años donde recomiendan que se haga lo posible por minimizar el tema”, añade.

Y los pocos intentos de hacer una legalización más firme se han topado con pared. Para muestra el caso de Brasil. En 2005, Charles Chuck Cunningham, director político de la asociación, viajó a Brasil para reunirse con los dos principales movimientos a favor del control de armas del país sudamericano, el primer lugar de muertes con armas de fuego del mundo. Solamente en 2010 murieron más de 38.000 personas.

La asesoría consistió en traducir los anuncios difundidos por la NRA en EE UU, al punto que algunos no se ajustaban del todo a las circunstancias brasileñas: uno advertía de que no se podía “quitar el derecho a portar armas a los ciudadanos” –la constitución de Brasil, a diferencia de la estadounidense, no contempla tal derecho– y otro advertía que “la policía podría tardar hasta siete minutos en responder tu llamada”. Los brasileños bromeaban con que la policía de su país tardaría mucho más en responder. Pero la estrategia funcionó. Después de que el “sí” a endurecer las leyes contra armas contara hasta con un 80% de respaldo, a la hora de la votación el “no” triunfó con un 64%. Tras la matanza de 12 niños en 2011 en un colegio de Río de Janeiro, se ha discutido intentar llevar una propuesta similar a las urnas, pero no se ha definido ninguna fecha.