El crimen marca las urnas en Honduras

El sonido abrupto de los disparos compone una banda sonora macabra en las periferias de las ciudades hondureñas. Se escuchan a la hora del almuerzo, al anochecer, en la madrugada. El pasado miércoles sonaron hasta 45 a las tres de la tarde. Cuarenta y cinco balas para acabar con la vida tres chicos —de 19, 20 y 24 años— que conversaban sentados en una de las calles de tierra de Comayagüela, un suburbio de la capital hondureña. Son solo tres de las 20 personas que fallecen al día en un país con apenas 8,2 millones de habitantes. Los seis asesinos llegaron en tres motocicletas a plena luz del día y cara descubierta y dispararon con armas recortadas. La policía y los militares, que operan juntos en muchas partes del país, llegaron al lugar del crimen cuando ya era demasiado tarde y solo confirmaron el nombre de los fallecidos y que uno de ellos tenía antecedentes penales. En el barrio contiguo un destacamento de la recién estrenada policía militar eleva el nivel de alerta.

La policía militar es un cuerpo de soldados dependiente de las Fuerzas Armadas al que se le ha dado formación civil para ejercer labores de policía. Cargan armas de gran calibre —M16 de EE UU y Tavor israelíes— y visten uniforme moteado. Solo la palabra policía, agregada al antebrazo izquierdo, les distingue de los militares. Se estrenaron en octubre con mil efectivos y son la bandera electoral del candidato oficialista, el expresidente del Congreso Juan Orlando Hernández, del derechista Partido Nacional, que quiere ampliar la fuerza a 5.000. La propuesta no es cosa menor en un país donde hasta los años noventa toda la policía en su conjunto formaba parte del Ejército y todavía ahora la Constitución otorga a los militares la vigilancia de las elecciones, al darles la custodia del material electoral, las urnas y las mesas de votación. Además, la formación castrense ha ampliado su participación en política desde que fuera el brazo ejecutor del golpe de Estado en 2009 .

“¿Dónde quieren a los militares, en los cuarteles o en las calles?”, clama Hernández en sus actos de campaña. “¡En las calles!” gritaba la multitud enardecida en un mitin en la misma Comayagüela apenas tres días antes del triple asesinato. Los reservistas del Ejército le acompañaban en el evento.

En uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de 85.5 homicidios por cada 100.000 habitantes, el combate a la delincuencia se ha vuelto una baza electoral. Durante el gobierno actual, también del Partido Nacional, el país ha quedado sumido en una espiral de violencia donde se mezcla la delincuencia de pandillas con la guerra entre carteles por controlar uno de los puntos estratégicos de la ruta del narcotráfico, las diversas actividades del crimen organizado —secuestros, extorsiones, robo forestal— y una policía con procesos judiciales por corrupción, ejecuciones extrajudiciales y vínculos con el narcotráfico.

Ante este panorama, el candidato oficialista promete mano dura. “Haré lo que tenga que hacer para erradicar la delincuencia”, repite una y otra vez. Ante la pregunta de qué significa esa frase, respondió que “los hondureños saben lo que significa” y no quiso dar más detalles. “Es una expresión muy irresponsable, quiere decir que si lo que tengo que hacer va en contra de la ley, lo voy a hacer, refleja voluntad autoritaria”, explica Víctor Meza, uno de los intelectuales más respetados del país.

Meza es miembro de la Comisión de reforma de seguridad pública, un comité de expertos convocado por el Congreso para proponer un nuevo modelo policial. La Comisión propuso a los candidatos firmar un pacto por la seguridad en la que, entre otras medidas, se comprometen a crear una nueva policía civil, cercana a la población, transparente y respetuosa de los derechos humanos. Hernández fue el único de los nueve candidatos que no firmó. Su principal rival en las elecciones del próximo domingo es Xiomara Castro, la esposa Manuel Zelaya —el presidente derrocado en el golpe de Estado de 2009—, y candidata del nuevo partido LIBRE. Promete sacar a los militares de las tareas de seguridad pública y establecer una policía comunitaria. Ambos están empatados en las encuestas, así que la policía militar podría ser determinante de la victoria de una u otro el próximo domingo.

“Las grandes transacciones de la droga no se dan en los barrios marginales. Entonces la policía militar lo único que hace es incentivar el nivel de violencia. Llega con blindados, con ametralladoras para hacer operaciones policiales de rutina. ¿A quién se está victimizando ahí? A la comunidad misma. Como no hay una presencia del Estado 24 horas en esos lugares bajo control de los grupos criminales, cuando se retira el operativo militar las condiciones siguen siendo igual. Las bandas criminales han ido llegando sin prisa pero sin pausa, y ahora viven en las barriadas 24 horas al día los 365 días del año, mientras que el Estado llega y se va y pretende combatir violencia con violencia”, explica Arabeska Sánchez, coordinadora de seguridad del Observatorio de la Violencia.