Rusia destruye tres toneladas de limones españoles

A pesar de las protestas de la población y de numerosos políticos rusos, las autoridades continúan destruyendo los alimentos que llegan de contrabando, principalmente a través de Bielorrusia, desde los países europeos afectados por las sanciones del Kremlin. Este jueves, el Servicio de Inspección Agrícola y Ganadera (SIAG) ha informado de que los dirigentes de Cheliábinsk, región de los Urales, acaban de destruir tres toneladas de limones españoles después de comprobar que los cítricos se colaron en Rusia, a pesar de que esta fruta se encuentra en la lista de productos de la Unión Europea cuya importación ha sido vetada.

La información sobre la destrucción de los limones españoles llega el mismo día en que Rusia anunció que amplía la prohibición de exportar alimentos a otros países europeos que han apoyado las sanciones de la UE motivadas por la actuación de Moscú en la crisis ucrania. Se trata específicamente de Albania, Islandia, Lichtenstein, Montenegro y "con condiciones especiales", Ucrania (contra la cual la medida será aplicada solo en el caso de que Kiev introduzca la parte económica del acuerdo de asociación con la UE aprobado en junio del año pasado).

El SIAG procedió a destruir los cítricos después de descubrir en el cargamento etiquetas que indicaban su procedencia española. Junto con estos limones, las autoridades eliminaron 1,6 toneladas de uva italiana y 844 kilos de manzanas holandesas.

El criticado decreto por el cual se destruye la fruta confiscada por contrabando fue promulgado hace exactamente una semana y, justamente hoy, el Partido Comunista Ruso, a través de su grupo parlamentario encabezado por Guernnadi Ziugánov, presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley en el que propone, en lugar de eliminar los productos afectados por el veto, distribuirlos entre las familias rusas de bajos ingresos y los habitantes de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania.

La destrucción de productos alimenticios ha provocado un amplio rechazo entre la problación rusa, desde políticos de derecha e izquierda hasta la gente de a pie, pasando por religiosos de diversas confesiones, ecologistas y defensores de derechos humanos. Solo el 15 % de los rusos respalda incondicionalmente la medida, mientras que el 60 % está categóricamente en contra.

Después de que la UE extendiera las sanciones económicas contra Rusia por seis meses, hasta el 31 de enero de 2016, el presidente Vladímir Putin anunció que Moscú prorrogaba por un año, hasta el 5 de agosto de 2016, el embargo a los alimentos perecederos procedentes de la Unión Europea, Estados Unidos y otros países que han apoyado las sanciones. Putin afirmó que esta medida tiende a garantizar la seguridad de Rusia y que «será un buen incentivo para los agricultores nacionales».

En cuanto a la ampliación del veto alimenticio a nuevos países que han apoyado el castigo europeo, el primer ministro ruso, Dmitri Medvédev, criticó la justificación que han dado los que se han adherido a las sanciones. Esos países argumentan que están obligados a introducir las sanciones debido a diversos acuerdos que tienen con la UE, pero, subrayó Medvédev, «una serie de países que tiene acuerdos análogos con la UE no participan en las sanciones contra la Federación Rusa. De ahí que el unirse a ellas sea una elección consciente».

Sea como fuere, el pimpón de sanciones, unido a la caída de los precios del petróleo, principal fuente de divisas de Rusia, ha llevado a una devaluación del rublo con los consiguientes problemas para la población, que ha visto cómo se disparan los precios: la cesta básica de la compra ha aumentado un 14,3 % en la primera mitad del año. En agosto el rublo ha seguido bajando y los precios subiendo, por lo que los pronósticos no son para nada optimistas.