Seis meses para acordar el final del conflicto en Colombia

El desarme de la guerrilla y su reincorporación a la vida civil, así como un cese bilateral al fuego, que en Colombia llaman el Fin del Conflicto, con mayúsculas, son los temas pendientes que tendrán que abordar los negociadores del Gobierno y de las FARC en los próximos seis meses, tiempo límite para la firma de la paz. También falta por definir el mecanismo que se utilizará para que los colombianos digan si o no a los acuerdos y los instrumentos jurídicos que permitan ponerlos en práctica.

Estos temas se han venido trabajando paralelamente en la mesa de negociaciones, precisamente para no prolongar los diálogos. Con relación al desarme, el miércoles se ha anunciado que empezará a más tardar a los 60 días después de que se firme el acuerdo. Sobre cómo se hará, es lo que falta por pactar. Hay un grupo de generales activos y jefes guerrilleros que trabaja para ese fin desde febrero, en La Habana. Aunque lo que sucede al interior no trasciende, las FARC hablan de dejación de armas y no de entrega, lo que confunde a los colombianos. El Gobierno ha dicho en reiteradas ocasiones que para que las FARC puedan hacer política, tendrán que hacerlo sin armas. “Por eso, el proceso de dejación de armas debe culminar a la mayor brevedad”, dijo Santos este miércoles desde La Habana.

Sobre el desarme, también ha trascendido que la idea que más acogida tiene es que los guerrilleros se concentren en diferentes zonas del país, las cuales contarían con verificación internacional. Las FARC, según Enrique Santos, periodista y hermano del presidente Juan Manuel Santos, han pedido 50 de estas zonas que corresponderían al número de frentes (grupos), pero el Gobierno solo estaría dispuesto a darles seis, que estarían alejadas de fronteras y pueblos.

Entre los temores de la guerrilla, una vez dejen las armas, están los riesgos para su seguridad. No deja de rondarla el la muerte de más de 1.500 militantes de la Unión Patriótica, un partido que surgió tras las fallidas negociaciones de paz en 1984. “Están deseosos de dar el paso a la política legal sin armas. Comprometidos sinceramente pero llenos de dudas... sobre la forma concreta de abordar esa transformación. Muchos temores sobre su propia seguridad física e inseguros sobre cómo comunicar a la base guerrillera ese paso a la legalidad", dijo el hermano de Santos a una cadena radial. El mandatario aseguró desde Cuba que el Gobierno dará todas las garantías.

Sobre la implementación de los acuerdos también se ha avanzado. Hace dos semanas el Gobierno presentó ante el Congreso un proyecto de reforma constitucional con el que busca que se le den facultades extraordinarias por 90 días a Santos, prorrogables por 90 más, para expedir leyes después de que se firme la paz, con las cuales aterrizarían los acuerdos con la guerrilla. El proyecto también contempla la posibilidad de que se constituya una comisión especial legislativa que estaría compuesta por parlamentarios de las comisiones constitucionales de Cámara y Senado, que expedirían las leyes y reformas necesarias para agilizar la paz.

 El Uribismo, el mayor opositor, ha dicho que no apoya este proyecto, que tendrá que pasar por ocho debates en el Congreso, pero cuenta con el apoyo de la coalición del Gobierno, que es mayoría. Horas antes de que se conocieran los acuerdos sobre justicia, el senador Álvaro Uribe anticipó que se “opondrá al indulto de los guerrilleros” y calificó el anuncio como una forma de “permisividad” y un “indulto” al narcotráfico que ha sido, según él, la “base del terrorismo”.