Santos termina con las fumigaciones con glifosato

A partir de este jueves, Colombia suspende las fumigaciones aéreas de coca con glifosato. Las avionetas que sobrevolaban los campos colombianos fumigando los cultivos con el herbicida, un polémico producto que según la Organización Mundial de la Salud puede causar cáncer, serán una imagen del pasado. En mayo, el Consejo Nacional de Estupefacientes, con el guiño del presidente, Juan Manuel Santos, anunció el giro definitivo en la estrategia de lucha contra las drogas. El Gobierno apostará por la erradicación manual y la sustitución de cultivos ilícitos.

El adiós definitivo al glifosato se hará cuando la autoridad encargada de las licencias ambientales anule o suspenda el plan que permite la aspersión con el químico. Sin embargo, la orden presidencial no tiene marcha atrás. Santos lo reiteró hace una semana cuando lanzó su nueva política antidrogas y recordó que a pesar de las fumigaciones, los cultivos se han incrementado. Colombia registró 69.000 hectáreas de coca en 2014, un 44% más que en 2013, según Naciones Unidas. “Y eso que usábamos el glifosato, que dejaremos de usar a partir del 1 de octubre”, aseguró el mandatario.

La nueva estrategia del Gobierno busca llegar a acuerdos con las comunidades que siembran coca para que la erradiquen voluntariamente

La nueva estrategia del Gobierno busca llegar a acuerdos con las comunidades que siembran coca para que la erradiquen voluntariamente. Santos ha dicho que tendrán asesoría técnica y financiación para que emprendan proyectos agrícolas. También prometió que daría la titularidad de la tierra a quienes se mantengan más de cinco años cultivando productos lícitos. Solo en los casos en que esto no sea posible se acudirá a la erradicación forzosa, a cargo de la policía.

Para Juan Carlos Garzón, investigador del Wilson Center de Washington y asesor en política de drogas, la fumigación aérea era una “herramienta funcional para un Estado enfocado en eliminar matas y no en atender las necesidades de los territorios donde se concentran los cultivos”. Garzón destaca que la apuesta del Gobierno, al menos en teoría, sea transformar esos territorios. “La cuestión es si habrá recursos, si las instituciones podrán articularse y si se asume con seriedad la idea de que es más importante disminuir los impactos negativos de la economía ilegal de las drogas que reducir sus dimensiones”, dice. El Gobierno calcula que cerca de 65.000 familias tienen algún tipo de relación con cultivos ilegales.

Julián Wilches, exdirector de Política contra las Drogas del Ministerio de Justicia, también tiene sus reparos, ya que aunque considera que la sustitución de cultivos es una mejor estrategia que concentrarse en la aspersión, afirma: “Si lo que queremos es reducir el narcotráfico, no deberíamos concentrarnos en los cultivos”. El analista cree que si lo que se busca es un desarrollo rural integral, no se le debería cargar esa responsabilidad a la política antidrogas.

“Construir Estado”

A las implicaciones negativas que trae el glifosato para la salud, se suman otras razones que también pesan para suspender su uso y que contradicen la posición de Estados Unidos, que aunque respeta la decisión de Colombia, ha salido en defensa de la aspersión.

Pese a la suspensión de las fumigaciones, no está claro que el glifosato se abandone del todo. El director de la Policía, el general Rodolfo Palomino, ha dicho que aunque se suspenda la aspersión con ese herbicida, se están explorando otras posibilidades. Para Garzón, asesor en política de drogas, persistir en el uso de químicos sería seguir en la bicicleta estática de la que ha hablado Santos, que no es otra cosa que desgastarse haciendo un gran esfuerzo pero sin avanzar. “No se trata de conseguir otra molécula. La pregunta es si somos capaces de construir Estado en esas regiones y eso no lo va a hacer un nuevo químico”, dice el analista.

El Gobierno planea implementar un proyecto un proyecto piloto, principalmente en el sur del país, para que unas 26.000 familias que siembran coca como forma de subsistencia reemplacen los cultivos ilícitos por otros productos agrícolas o pecuarios que sean sostenibles en estos territorios.