La detención del hermano de Uribe agrava su relación con Santos

La detención de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por presuntos vínculos con el paramilitarismo, ha vuelto a exacerbar a la oposición colombiana y a distanciarla aún más del proceso de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, que asoma a su fin. El Centro Democrático, el partido del hoy senador, considera que la detención es parte de una persecución contra Uribe con tal de presionarle para que apoye el acuerdo con las FARC. El lunes, antes de retirarse de una sesión en el Congreso, una portavoz del partido aseguró que se encuentran “en rebeldía contra la dictadura”.

La Fiscalía de Colombia ordenó el lunes la detención de Santiago Uribe por presuntos vínculos con el paramilitarismo, concretamente los cargos que se le imputan son el de concierto para delinquir y homicidio agravado. El primero de ellos tendría que ver con su presunta participación en la formación y financiación del grupo paramilitar Los 12 apóstoles, una banda que operó en el norte de Antioquia, departamento del que fue gobernador Álvaro Uribe. El cargo de homicidio tiene que ver con el asesinato de Camilo Barrientos, un conductor de autobuses señalado por la Policía, en 1994. Dos de los autores del crimen aseguraron que lo cometieron por orden de Santiago Uribe.

La Fiscalía tiene 120 días para determinar si el hermano del expresidente, que pasó la noche detenido en un búnker de la institución judicial en Bogotá, es llamado a juicio o si su caso se archiva. De lo que no hay duda es que el caso ha vuelto a poner de nuevo bajo sospecha a Álvaro Uribe y sus supuestos vínculos con el paramilitarismo, que le acompañan desde hace años aunque no se ha llegado a probar de forma directa.

La reacción del Centro Democrático, el partido que creó Uribe para hacer oposición a su exministro de Defensa, Juan Manuel Santos, fue radical. Nada más conocerse la detención del hermano del senador, la bancada opositora se retiró del pleno del Congreso, en el que se debatían un proyecto de ley para habilitar zonas de concentración para las FARC. “La detención infame oscurece el ambiente, limita las libertades públicas y deja sin garantías a la oposición democrática”, leyó la senadora Paloma Valencia, quien, en nombre del partido, fue más allá y calificó la orden judicial de “villanía”. “Nos declaramos en rebeldía contra la dictadura”, concluyó Valencia en un tono desafiante.

Pese a que el hermano de Uribe ya había sido investigado e interrogado en 1997, para el Centro Democrático su detención es una “cortina de humo” del Gobierno para tratar, por un lado, de ocultar los problemas económicos del país. Pero, sobre todo, lo consideran una forma de presión por parte del Ejecutivo, en supuesta connivencia con la Fiscalía, para tratar de que Uribe respalde el acuerdo de justicia alcanzado con las FARC y dé su visto bueno al acuerdo de paz. “Nosotros representamos a miles de colombianos que están en contra de la impunidad de la que se van a beneficiar las FARC, esto lo que busca es presionar para que cedamos ante el acuerdo de justicia”, asegura Iván Duque, portavoz del Centro Democrático en el Congreso, para quien la justicia en Colombia “se ha llenado de activismo político”.

La furibunda reacción del uribismo se produce dos semanas después de la polémica por la participación de negociadores de las FARC en un acto en La Guajira que, supuestamente, tenía carácter pedagógico pero que contó con la presencia de guerrilleros armados. El Centro Democrático considera que hay un doble rasero a la hora de tratar a Uribe y su familia y a los guerrilleros. La formación no hizo mención a la decisión de la Procuraduría, el otro organismo judicial clave en Colombia, crítico como el uribismo del proceso de paz, de abrir una investigación al Ministerio de Defensa.

A falta de menos de tres semanas para que se cumpla la fecha límite que se dieron el Gobierno y las FARC para llegar a un acuerdo de paz, el 23 de marzo, el escándalo por la detención del hermano de Uribe salpica de nuevo la política colombiana con vistas al posible plebiscito. La oposición uribista aún no ha aclarado si se abstendría o votaría en contra de refrendar los acuerdos con las FARC. Lo que sí ha hecho es apoyar una marcha crítica con el proceso, el próximo 2 de abril en todo el país. La senadora Paloma Valencia, antes de que la bancada del Centro Democrático se retirase del Congreso, lanzó un último mensaje con tono desafiante: “Convocamos al pueblo colombiano para que ejerza el derecho a la protesta aún cuando todavía hay tiempo”.