México se crispa por el informe de derechos humanos de la CIDH

Inmediatamente después del duro informe publicado esta mañana por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno de México ha devuelto el guantazo con un comunicado que critica el "sesgo" y las "conclusiones sin fundamento" de la Comisión. "El informe", se asevera, "no refleja la situación general del país".

"La CIDH se enfocó en buscar y reflejar violaciones específicas", dice la respuesta conjunta de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría y la Cancillería. El Gobierno considera que México viene desarrollando "un marco jurídico sólido" contra las violaciones de derechos humanos y reivindica las medidas impulsadas por el Ejecutivo de Enrique Peña Nieto, como la Fiscalía de Búsqueda de Desaparecidos, la Ley de Víctimas, el Mecanismo para la Protección de Periodistas o el apoyo a migrantes, reformas que chocan con la persistente realidad de violencia: migrantes extorsionados, reporteros asesinados, familiares de víctimas indignados y un conteo imparable de desapariciones que entre este gobierno y el anterior suma ya, oficialmente, unas 27.000 personas.

En su informe, la Comisión afirma que México vive una "grave crisis de violencia e impunidad". En declaraciones a este periódico, su encargado para este país, James Cavallaro, ha hecho hincapié en la diferencia entre mejorar las normas y aplicarlas: "El papel aguanta todo, pero hay que hacer valer las garantías".

Pese a todo, México se reafirma: "En nuestro país no se vive una crisis de derechos humanos", se declara en el comunicado, que acusa a la Comisión de obviar los "cambios estructurales" del actual periodo presidencial y –abriendo mucho el foco– de "ignorar más de 50 años de avances".

El Gobierno subraya que su colaboración con la Comisión durante la elaboración del informe "muestra la mayor apertura del Estado mexicano" a la rendición de cuentas y señala que espera que la renovación directiva de la CIDH, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos, mejore "el diálogo" entre las dos partes. El actual secretario ejecutivo de la Comisión, que termina su mandato este año y ha anunciado que no buscará la reelección, es el mexicano Emilio Álvarez Icaza, un académico y activista crítico con el Gobierno de su país.

Un punto de roce entre el Gobierno de México y la Comisión es el caso Ayotzinapa. Un grupo de expertos convocado por la Comisión viene trabajando con permiso del Ejecutivo en contrastar las pesquisas oficiales sobre la desaparición de 43 estudiantes en 2014, y sus críticas a la investigación han puesto en entredicho el compromiso del Gobierno por esclarecer la verdad.