Lo que Belo Monte delata sobre todos los lados

Y Belo Monte por fin ha llegado a los titulares de la prensa —y a los corazones y mentes de los “ciudadanos de bien” de este Brasil— como denuncia. Según el diario Folha de S.Paulo, Otávio Marques de Azevedo, expresidente de Andrade Gutierrez, una de las mayores empresas de construcción del país, reveló a la Operación Lava Jato una trama de sobornos de 150 millones de reales (41 millones de dólares) que implicaba a la hidroeléctrica. El dinero se habría repartido a partes iguales entre el PT y el PMDB y las empresas contratistas involucradas en la obra de la hidroeléctrica lo habrían entregado en forma de donaciones legales a las campañas electorales de 2010, 2012 y 2014. Básicamente, lavado de dinero de sobornos por medio de la financiación de campañas. Si se comprueba la trama expuesta en la delación premiada —y solo después de eso—, Belo Monte podrá alcanzar a la presidenta Dilma Rousseff.

Hay algo, sin embargo, que la relación entre las delaciones premiadas de la Operación Lava Jato sobre Belo Monte ya expone de forma explícita. Dónde está el valor, o dónde están las prioridades. La hidroeléctrica solo se convierte en objeto de denuncia cuando la ponen en relación con una trama de sobornos que aún tiene que probarse. A continuación, sectores que siempre han defendido la construcción de Belo Monte y la ensalzaron como una “magistral obra de la ingeniería”, como si se tratara de la parte buena del Gobierno de Dilma Rousseff, pasan a denunciar la planta con la expectativa de, esta vez, alcanzar a la presidenta.

Sucede con Belo Monte lo que sucedió con el tema de la corrupción: la derecha pasa a apropiarse de él. O, dicho de otro modo: se secuestran las denuncias relacionadas con la construcción de la hidroeléctrica y se ponen bajo el amplio paraguas de la corrupción. Con más entusiasmo, porque, si se comprueban, Belo Monte puede llevar a lo que faltaba, una conexión con la campaña de 2014.Ante las denuncias, Dilma Rousseff y Norte Energia, la empresa concesionaria, han negado que se hayan producido irregularidades.

Esta apropiación es particularmente interesante porque señala las dificultades de una parte de la izquierda en este momento. Si la trama de sobornos aún está por comprobar, las violaciones de los derechos humanos y la destrucción ambiental producidas por la hidroeléctrica están ampliamente documentadas. Pero la izquierda vinculada al PT silenció esta violencia a lo largo de todos estos años. Y la silenció una vez más cuando se le concedió a la hidroeléctrica la licencia de funcionamiento sin que la empresa hubiese cumplido la totalidad de las condicionantes que, como su nombre indica, eran las condiciones para que pudiese funcionar. Si el tema de los derechos humanos no es exclusivo de un campo ideológico, es cierto que siempre ha sido un tema querido por la izquierda. Por haberlo silenciado, esta izquierda se deslegitima. Y ya no sabe qué es en un momento en el que necesita desesperadamente probar su diferencia con relación a los que le apuntan un dedo acusador.

Belo Monte se convierte, así, en un problema también para todos aquellos que, de forma suprapartidista, se presentan “contra el golpe” y “en defensa de la democracia”. El punto defendido está claro: al posicionarse en contra de la destitución de Dilma Rousseff porque no hay una base legal para la misma, se defiende la elección de las urnas, el voto, la democracia. Pero, aun así, la mayoría de los participantes en estos actos y manifiestos necesitan repetir todo el tiempo que la defensa de la democracia no se confunde con la defensa del Gobierno, en la medida en que varios aspectos de este Gobierno son indefendibles. Es todo menos fácil manifestarse por la democracia y el cumplimiento íntegro del mandato de Dilma Rousseff mientras, al mismo tiempo, la presidenta sanciona la ley antiterrorismo que, según la interpretación de quienes aplican la ley, puede criminalizar precisamente manifestaciones y movimientos sociales.

Esa dificultad aumenta cuando Belo Monte despunta en el noticiario y en el discurso del oponente como una denuncia de corrupción. Es fácil afirmar que este Gobierno está siendo atacado, y con él la democracia, porque “ha defendido los derechos de los más pobres”, como se ha repetido en todos los actos y manifestaciones que he seguido. Esta es una parte de la verdad, pero está muy lejos de ser el todo. Es mucho más difícil decir algo como “este Gobierno ha violado los derechos de los más desamparados para construir la hidroeléctrica de Belo Monte” o “la hidroeléctrica de Belo Monte, una de las mayores obras de la PAC (Programa de Aceleración del Crecimiento), ha producido el etnocidio de pueblos indígenas”. Y concluir: “Pero aun así es necesario defender a democracia y la elección de las urnas”. Es posible afirmar eso, pero la argumentación se complica. Debemos enfrentarnos a la complicación, y pronunciar todas las palabras, abandonando de una vez por todas las mistificaciones que facilitan el discurso.

Cuando Belo Monte entra en la agenda de la derecha, abrigada bajo el paraguas de la corrupción, ¿qué van a hacer aquellos que defienden la democracia?

Belo Monte se convierte en lo inevitable en este momento. Cuando el proceso de implantación de la hidroeléctrica entra en la agenda de la derecha, abrigado bajo el paraguas de la corrupción, ¿qué van a hacer los sectores de la izquierda? Hay dos alternativas: reorganizar las prioridades, lo que significa incluir la posible trama de corrupción en el campo de los derechos humanos y ambientales, o silenciarla una vez más.

Debido a la secuencia de silencios embarazosos, cuando no cobardes, a las contradicciones no enfrentadas, a los enfrentamientos pospuestos porque había una elección a ganar, una disputa a vencer, un giro a la izquierda por hacer o un “menos peor” que defender, todo lo mejor que los que se posicionan “en defensa de la democracia” pueden decir hoy es que defender la democracia no significa defender al Gobierno. Es eso o asumir que se está a servicio del borrado.

Pero, es necesario alertar una vez más, Belo Monte es lo inevitable. El proceso histórico ya ha probado que silenciar las verdades que convienen para ganar una disputa en el campo de la política es una elección peligrosa. Solo parece posible defender la democracia, sin defender al Gobierno, si se enfrentan las contradicciones de este acto. En el caso de Belo Monte, esto significa afrontar las violaciones de derechos consumadas antes, durante y después de la obra. Hacerles frente a las violaciones de los derechos humanos y la destrucción ambiental que están ocurriendo ahora, en este momento, en el Xingú. Y que no pueden, una vez más, hacerse invisibles en nombre de las conveniencias, o ser reducidas a una trama de sobornos aún por comprobar.

He escrito, más de una vez, a lo largo de los últimos años, que Belo Monte, cuando se desvele por completo, será el nudo que revele Brasil. Esta obra gigantesca contiene la anatomía entera de las relaciones entre las constructoras y los Gobiernos (en plural), que señala la historia del país desde la construcción de Brasilia, a mediados del siglo pasado. Que esa operación entre el Estado y las empresas contratistas se comenzase a dibujar durante la construcción de la capital del país, un monumento modernista erigido sobre la destrucción de la naturaleza representada por la ecorregión del cerrado, es de un simbolismo explícito. Y aquí estamos nosotros, más de medio siglo después, ante Belo Monte, un monumento fuera de lugar en medio del Xingú, uno de los ríos más ricos en biodiversidad de la Amazonia, en un momento de la historia en el que ya no es posible negar la acción del hombre sobre el cambio climático.

Si se reduce Belo Monte a un capítulo de la Operación lava Jato, se borran libros enteros

Si se reduce Belo Monte a un capítulo de la Operación lava Jato, se borran libros enteros. Esto es lo que, de nuevo, no se puede permitir que suceda. Solo hay la oportunidad de “refundar la democracia en Brasil” —o la República—, como algunos han defendido, si Belo Monte se mira tal y como es en realidad. Mucho más allá de lo que la Operación Lava Jato puede mostrar. Hay que mirar al “Belo Monstro”, como le llaman en la región del Xingú, a los ojos. Para descubrir que están todos allí, amarillos y rojos, blancos, de cualquier color. Derecha, izquierda. Belo Monte es un monumento que expone las contradicciones tanto de los que gritan “contra la corrupción” y “por la destitución de Dilma Rousseff” como de los que gritan “en defensa de la democracia” y “contra el golpe”. En Belo Monte, hay poca gente que no tenga las manos manchadas de sangre.

Vale la pena recordar algunos episodios de esta historia en movimiento.

—¡Belo Monte se va a construir!

Esta fue la frase de Dilma Rousseff, entonces ministra de Minas y Energía de Lula, en 2004. Es importante prestar atención a la fecha: esta escena se produjo durante el segundo año del primer mandato de Lula. La declaración fue seguida de un puñetazo en la mesa. Entonces Dilma se levantó y les dio la espalda a los representantes de los movimientos sociales de la región, que le exigían coherencia al PT, el partido al que habían apoyado y al que la mayoría estaban afiliados. Esta escena, contada por Antonia Melo, la mayor líder viva del Xingú, es la síntesis de la elección hecha por el partido, allá atrás, al anunciar que se construiría la hidroeléctrica, de cualquier forma y antes de escuchar a los directamente afectados por ella, en una decisión previa, anterior al análisis de las consecuencias. Allí ya se había dicho casi todo, si no todo. Para quien estuviese dispuesto a escuchar, claro está. Casi nadie lo estaba. Esa escena explica también la elección de Dilma Rousseff como sucesora de Lula.

Entre el puñetazo de la ministra y el inicio de la generación de energía por Belo Monte, que se produjo la semana pasada, han pasado 12 años. Y una de las mayores colecciones de violaciones de derechos de la historia reciente de Brasil. Belo Monte es más que un muestrario de crímenes socioambientales: es un monstruario. Ya lo era mucho antes de que las primeras delaciones premiadas revelasen presuntos sobornos relacionados con la obra, ya lo era mucho antes de que el juez Sergio Moro, de que los fiscales y la Policía Federal, siquiera soñasen con la Operación Lava Jato. Y nadie, de ningún lado, puede decir que no sabía, que no había sido informado. La desinformación es un lujo no disponible en este momento.

En 2011, por ejemplo, Célio Bermann, profesor de la Universidad de São Paulo (USP) especializado en el sector energético, afirmó en una entrevista: “No se trata de construir una planta para producir energía eléctrica. Una vez construida, alguien tendrá que producir energía eléctrica, pero Belo Monte no se está construyendo para eso. Lo que está en juego es el uso del dinero público y especialmente durante el período de cinco, seis años en que se construirá el proyecto. Es en ese momento cuando se factura. En la construcción es cuando corre el dinero. Es cuando se compra a alcaldes, concejales, gobernadores y se mantiene esa situación. Estoy siendo muy claro al exponer mi percepción de lo que es una central hidroeléctrica como Belo Monte”. Y después: “Están las personas que ganan por la obra: los fabricantes de equipos, las empresas contratistas. Y hay quienes ganen no financieramente, sino políticamente, por permitir que esa articulación sea posible, porque es esa gente la que va a pagar la campaña al próximo mandato”.

Bermann tenía credenciales para afirmar lo que afirmaba. Había participado en los debates del área energética y ambiental para la elaboración del programa de Lula en la campaña de 2002 y fue asesor de Dilma Rousseff entre 2003 y 2004, en el Ministerio de Minas y Energía. Se desafilió del PT, según él, cuando “el bigote de Sarney estaba apareciendo mucho en las fotos”. En 2011, declaraciones como las del profesor, fuera de las redes socioambientales, sufrían fuertes descalificaciones. A quien señalaba las ya clarísimas contradicciones de Belo Monte se le acusaba de no comprender las necesidades de desarrollo del país.

Vale la pena retroceder algunos años más y releer la entrevista concedida por el economista Delfim Netto, un exministro de la dictadura civil-militar, a la revista Veja, a principios de 2007. Al defender el Programa de Aceleración del Crecimiento de Lula, su nuevo amigo, Delfim Netto afirmó: “El mérito del plan fue recuperar un proyecto de desarrollo económico y buscar encender el espíritu animal de los empresarios.El sector privado necesita dos garantías para invertir: la de que habrá crecimiento y la de que no faltará energía. Si existen estas dos garantías, las inversiones vendrán. Vea el caso del complejo hidroeléctrico de Belo Monte, en el río Xingú. Por más noble que sea la cuestión indígena, es absurdo exigirles a los inversores que reduzcan a la mitad la potencia de energía prevista en un proyecto gigantesco porque una docena de indígenas cocorocós viven en la región y un jesuita quiere publicar una gramática cocorocó en alemán”.

Según Folha de S.Paulo, Flávio Barra, un alto ejecutivo de la constructora Andrade Gutierrez, afirmó en una delación premiada que Delfim Netto habría recibido 15 millones de reales (4 millones de dólares) como soborno para que acomodase los intereses de las empresas contratistas en la formación de los consorcios de la planta de Belo Monte. Sin embargo, según el mismo periódico, Delfim Netto “refutó con vehemencia” las acusaciones por medio de sus abogados.

La “acomodación” de las empresas contratistas en la obra de Belo Monte fue explícita. En 2010, poco antes de la subasta de la planta, grandes constructoras, como Camargo Corrêa y Odebrecht, abandonaron la disputa de repente y alegaron falta de “condiciones económico-financieras”. Ganó la subasta un grupo de empresas contratistas más pequeñas, bajo el nombre Norte Energia. Para simular una competición, había otro grupo, en el que participaba, al menos, una de las grandes, Andrade Gutierrez. Este grupo fue derrotado.

Dos operaciones se llevaron a cabo a continuación. En una de ellas, las empresas contratistas pequeñas fueron dejando el consorcio vencedor, hasta que este asumió la configuración actual de Norte Energia: principalmente, estatales del sector, como Eletrobras y Eletronorte, y fondos de pensiones. En otra operación, Norte Energia contrató a las grandes constructoras para que ejecutasen la obra, así como a las empresas contratistas más pequeñas que habían abandonado el consorcio. El conjunto de empresas contratistas formó el tercer elemento, además del estado y de Norte Energia: el llamado Consorcio Constructor Belo Monte. Es en la construcción, como se sabe, donde está el dinero.

Espantarse con Belo Monte solo después de la sospecha de sobornos revela que a la mayoría poco le importa la vida de los más vulnerables

Esta ingeniería no es ninguna novedad. Todo esto se contó, pero pocos creyeron que valiese la pena al menos un espanto. Lo que importaba era el desarrollo. Y, para algunos sectores, el mantenimiento de la creencia de que el PT, aunque asociado a las viejas oligarquías políticas, seguía siendo un partido de izquierdas. Y así, sin mayores extrañezas, con escasez de preguntas —por parte de todos los lados y también por parte de la prensa—, Belo Monte fue construida en gran parte con dinero público, enviado desde el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social). Cabe recordar que, entre la subasta de la planta y el inicio de la operación, el costo estimado de la obra pasó de 19 a más de 30 billones de reales (de 5.221 a 8.245 millones de dólares).

La presunta trama de sobornos acaba de empezar a investigarse. Una delación es un comienzo, no una conclusión. Pero la violación de los derechos humanos y la destrucción ambiental que resultaron de esta articulación entre lo público y privado están, como ya se ha dicho, ampliamente documentadas. Esta ingeniería ya era bien conocida, y tuvo, cabe subrayarlo, respaldo del Poder Judicial. Es una vergüenza que solo a partir de las delaciones premiadas de la Operación Lava Jato exista espanto, porque eso es muy revelador de que la vida de los más vulnerables poco importa. No solo para este Gobierno, sino para la mayoría de la población brasileña, independientemente del lado en el que esté o del color de la ropa que vista. Y eso, me gustaría advertirles a los que claman contra la corrupción, es corrupción. La suya, y no solo la del Gobierno.

Cuando los indígenas, los ribereños y los pescadores afectados, así como los residentes en las áreas bajas de Altamira, llevaron a cabo protestas contra Belo Monte, este Gobierno puso a la Fuerza Nacional a defender a Norte Energia. Se criminalizó a los líderes y a los movimientos sociales. Se expulsó a miles de personas de sus casas y también de islas del Xingú, haciéndoles perder, así, su modo de vida, sus relaciones comunitarias, su pertenencia.

Este Gobierno dejó a esa población sin ninguna protección jurídica para enfrentarse a los abogados de Norte Energia. Y, por lo tanto, sin posibilidades de negociar en términos mínimamente aceptables su “remoción obligatoria”. Los analfabetos firmaron con el dedo documentos que no eran capaces de leer. Solo cuando la obra se aproximaba a su fin, a principios de 2015, un grupo itinerante de la Defensoría Pública de la Unión logró vencer todas las resistencias y llegar a Altamira.

Esta violencia fue vivida por Otávio das Chagas, el pescador sin río y sin letras, por Raimunda, cuya casa fue incendiada por Norte Energia, por João, a quien se le trabaron la voz y las piernas en la oficina de la empresa, y por Antonia Melo, que casi perdió el corazón antes de perder su casa. Tan solo algunos ejemplos, cuyas historias se pueden leer entre los miles de refugiados en su propio país generados por Belo Monte.

Nadie ha hecho caceroladas por los ribereños cuyas casas fueron destruidas, ni por los niños indígenas desnutridos

¿Por qué se han indignado tan pocos? Quienes denuncian un golpe contra la democracia deben plantearse esta cuestión. Quienes defienden la destitución de Dilma Rousseff también. En el momento en que Don Erwin Kräutler, el obispo de Xingú, que desde hace más de diez años se ve obligado a andar con escolta policial para que no lo asesinen debido a su lucha por la selva, afirmó que “Lula y Dilma pasarán a la historia como traidores a la Amazonia”, ¿los sectores de la izquierda que se callaron concluyeron que Don Erwin estaba a servicio de la derecha? Y los indignados con la corrupción, ¿piensan que el problema son solo los presuntos sobornos?

Veamos lo que pasó con aquellos a quienes Delfim Netto llamó “una docena de indígenas cocorocós”. Norte Energia les dio, durante dos años, una “mensualidad” de 30.000 reales (8.245 dólares) en mercancías a las aldeas indígenas afectadas. Fue lo que los técnicos denominaron “el mayor proceso de cooptación de líderes indígenas y desestructuración social”. Las aldeas se dividieron, los indígenas dejaron de cultivar sus campos porque la comida llegaba en latitas, incluso pueblos de contacto reciente comenzaron a consumir azúcar, aperitivos industrializados y refrescos.

En vez de destinar los recursos a reducir y compensar los impactos causados por la obra, se usó el dinero para la distribución de espejitos modernos, más de 500 años después de la invasión de los europeos, en plena democracia. La desnutrición infantil en las aldeas indígenas aumentó un 127% entre 2010 y 2012, pero los pequeños indígenas desnutridos por obra de una empresa financiada con dinero público no parecen conmover a los “ciudadanos de bien”. Nadie ha hecho caceroladas por ellos.

La lógica determinaría que, en el momento en que una de las obras más grandes del PAC llegase a las aldeas indígenas, el Gobierno, al menos, fortaleciese al órgano de protección. Curiosamente, durante ese período, se vació la FUNAI (Fundación Nacional del Indígena): en Altamira, se redujo el personal de 60 a 23 funcionarios. Los caciques pasaron a negociar directamente con Norte Energia, Belo Monte se convirtió en un mostrador en el que se cambiaban derechos por televisores.

Todo esto sucedió, y sucede. A lo largo de los últimos meses, los impactos causados por el llenado del lago de la central comenzaron a hacerse evidentes: toneladas de peces murieron y las aldeas indígenas fueron tomadas por una infestación de mosquitos. Las familias ribereñas, más invisibles todavía que los indígenas, luchan para que se cumplan las acciones que les permitan retomar su modo de vida mientras ven, día tras día, cómo encogen sus posibilidades de supervivencia. En este momento la situación es aún peor, con una empresa que ya ha conseguido todo lo que quería y un Gobierno que no gobierna.

El etnocidio de los indígenas fue denunciado a la Justicia, pero no entró en la agenda de las manifestaciones

Quien mejor ha explicado la anatomía de Belo Monte, en la que se mezclan perversamente el estado y el emprendedor, ha sido Thais Santi, fiscal de la República en Altamira. “Belo Monte es el caso perfecto para estudiar el mundo en el que todo es posible. Hannah Arendt leía los estados totalitarios. Leía el mundo del genocidio judío. Y creo que es posible leer Belo Monte de la misma manera”, afirmó en una entrevista concedida a esta columna. “El sustentáculo de Belo Monte no es jurídico. Está en el Hecho, que cada día se consuma más. El mundo del todo es posible es un mundo aterrador, en el que el Derecho no pone límites. El mundo del todo posible es Belo Monte”.

Los fiscales de la República en Pará denunciaron las violaciones de la ley cometidas en el proceso de Belo Monte en más de 20 acciones en la Justicia. Una parte de ellas obtuvieron medidas cautelares favorables en primera instancia, que algunos presidentes de tribunales derribaron en seguida mediante un instrumento autoritario llamado “suspensión de seguridad”. Mediante la alegación de que hay un peligro de que “se produzca grave daño al orden, a la salud, a la seguridad y a la economía públicas”, el mérito de la acción no se juzga en estas decisiones. Así fue, también, como el Gobierno de Dilma Rousseff consiguió, con el beneplácito de una parte del Poder Judicial, garantizar que Norte Energia convirtiese Belo Monte en un hecho consumado en medio del Xingú, represando el río y toda posibilidad de cuestionar las ilegalidades en el proceso de implantación de la hidroeléctrica. Cuando por fin se juzgue el mérito de las acciones contra Belo Monte, la destrucción de la selva y de vidas humanas ya estará consumada hace mucho tiempo.

Tal vez la hipocresía que atraviesa la sociedad brasileira quede aún más explícita en la acción que denuncia el etnocidio indígena. En 121 páginas, los fiscales revelan paso a paso la destrucción cultural de los pueblos indígenas promovida por Norte Energia y el estado, con la consiguiente vulnerabilidad física. Y piden el reconocimiento de que “el proceso de implementación de la Planta Hidroeléctrica de Belo Monte constituye una acción etnocida del estado brasileño, de la concesionaria Norte Energia y de la FUNAI”.

¿Cómo se combate la corrupción de tantos que se han callado, a la izquierda y a la derecha, ante la destrucción de vidas a lo largo de todos estos años?

La acción, presentada ante el Poder Judicial en diciembre de 2015, no tiene precedentes en la Justicia brasileña, pero fue ignorada por la mayor parte de la prensa. Las manifestaciones, de un lado y del otro, estaban en curso, pero el etnocidio indígena nunca entró en su agenda.Que Delfim Netto, como se ha visto, manifieste que poco le importan la vida y el destino de hombres, mujeres y niños indígenas se entiende al recordar que fue ministro de una dictadura que exterminó aldeas enteras. Pero, ¿y los brasileños que quieren “moralizar” a este país? ¿O los que defienden “la democracia, contra el golpe”?

En este momento, los refugiados de Belo Monte están ahí, enfrentándose, día tras día, a una catástrofe humanitaria ignorada por el resto del país. En una carta oficial datada del 7 de abril, la fiscal Thais Santi alerta: “por la forma como se hizo (y se hace), el proyecto de Belo Monte se materializa como un motor de eliminación de la vida humana en Volta Grande do Xingu”. Quien crea que su vida va muy mal necesita recordar que todo lo que empeora lo hace mucho más para los más vulnerables. Más aún si su dolor está geográficamente lejos del centro de las decisiones políticas y económicas del país.

La Operación Lava Jato probablemente revelará por completo la trama de sobornos de Belo Monte. Pero, ¿qué pasa con el resto? ¿Cómo se combate la corrupción de tantos que se han callado todos estos años? ¿La corrupción como ciudadano, como persona, la corrupción íntima?¿Cómo se combate la corrupción que atraviesa todos los lados del Brasil falsamente polarizado? Este es el nudo que hay que desatar. Si no, una vez más, todo cambiará para seguir igual.

Si no se le hace frente a Belo Monte, en la totalidad de lo que representa, en lo tanto que dice acerca de las fracturas históricas de este país, mucho más allá de los presuntos sobornos, ninguna propuesta es seria. No hay cómo acusar solo al otro en esta historia. Esta es la parte incómoda. A nadie le gusta no sentirse tan limpio, o pensar que su lado bueno no es tan bueno. Belo Monte es inevitable en cualquier manifiesto o manifestación, de cualquier lado y también más allá de los lados.

Restringir la tragedia de Belo Monte a los sobornos es también una forma de eludir la cuestión. Es posiblemente lo que va a suceder. Porque la podredumbre de Brasil también está expuesta en el hecho de que los sobornos causan conmoción y revuelta, pero la destrucción de la vida de los indígenas, los ribereños y los pobres urbanos, así como la del río y el bosque, se ha mostrado, en la práctica, perfectamente aceptable a lo largo de todos estos años.

La mayor denuncia es precisamente el hecho de que Belo Monte solo se convierte en denuncia cuando aparece en una trama de sobornos que, si se comprueba, puede llegar a la última campaña presidencial. Ahí es donde se revela lo que tiene valor. Y cuán selectiva es la indignación y cómo depende de los fines. Si contemporizamos que este es el valor en lo que se refiere a Belo Monte, en nombre del que se aniquilaron las vidas de tantos para que siguiesen moviéndose los engranajes, no seremos diferente de aquellos a quienes acusamos. Si no hay cambio en lo que tiene valor, no habrá cambio ninguno.

Como defiendo, artículo tras artículo, situarse fuera del Brasil falsamente polarizado es una posición. No la rehúyo. Lo más difícil este momento de Brasil es afrontar las contradicciones, y resistir a la tentación de eludirlas. Sería mucho más fácil si hubiese un lado bueno y otro malo. Pero no los hay. Cada posición es espinosa, es una silla de clavos. El clavo más grande, casi una estaca, es Belo Monte, aunque muchos siguen negándose a verlo. Belo Monte es la versión más completa de las contradicciones de los Gobiernos Lula-Rousseff y también del país, por eso es inevitable en este momento. Está allá, miles de toneladas de cemento y de acero sobre el Xingú, que cuentan una historia terrible.

Por eso, es duro. Pero la única posición honesta conlleva asumir y afrontar las contradicciones. Mi posición sigue siendo contra el proceso de destitución, mientras no haya una base legal para la destitución, según lo que está previsto en la Constitución. Y hasta ahora no la hay. Es una pequeña ironía personal, pero, como ciudadana, tengo el deber de defender el voto de todos aquellos que ignoraron lo que se contó sobre Belo Monte. Y así, o por ignorarlo deliberadamente o por considerarlo poco importante, eligieron a esta presidenta y este proyecto para la Amazonia. Defender el voto de la mayoría no es facultativo, sino una obligación. Defiendo que se mantenga el estado de derecho porque defendí que se mantuviese el estado de derecho que los Gobiernos Lula y Rousseff rompieron para materializar Belo Monte.

Belo Monte es inevitable. La historia lo mostrará. Que vengan los días.

Eliane Brum es escritora, periodista y documentalista. Autora de los libros de no ficción Coluna Prestes - o avesso da lenda, A vida que ninguém vê, O olho da rua, A menina quebrada, Meus desacontecimentos, y de la novela Uma duas.

Sitio web:desacontecimentos.comEmail:elianebrum.coluna@gmail.comTwitter:brumelianebrum

Traducción de Óscar Curros