Keiko Fujimori, investigada en Perú por lavado de activos

Para entender la historia hace falta remontarse a 2016. Entonces, la política de 41 años —hija mayor y heredera del condenado expresidente Fujimori— estaba por enfrentarse al economista liberal Pedro Pablo Kuczynski en el balotaje que dirimiría la presidencia del país. En primera vuelta, Fuerza Popular había bordeado el 40% de las preferencias, lo que se había traducido en una amplia mayoría de parlamentarios: 73 de 130. La candidata llegaba como gran favorita. Pero en la víspera de la votación, un informe periodístico reveló que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), venía avanzando en un caso por lavado de activos y narcotráfico contra Joaquín Ramírez, en esa época parlamentario, financista y secretario general de Fuerza Popular.

En su resolución, la fiscal Vidal cita el testimonio de Jesús Vásquez, presunto colaborador de la DEA, quien dijo haber proporcionado una grabación a la Agencia, donde se escuchaba a Ramírez decir que Keiko Fujimori le había entregado 15 millones de dólares para ser blanqueados a través de una cadena de gasolineras. Su destino habría sido la campaña electoral de 2011, donde el fujimorismo enfrentó, con un resultado adverso, a Ollanta Humala. Aquel audio nunca ha sido publicado, pero los efectos de la información fueron devastadores para la candidatura de Fujimori, quien terminó perdiendo ante Kuczynski por apenas 42.000 votos.

Después de ser elegido congresista, Ramírez habría adquirido dos inmuebles por valor de cerca de 2,5 millones de dólares que posteriormente fueron utilizados por Fujimori sin pagar alquiler. La adquisición de estos edificios se habría hecho a través de dos empresas que recurrían al artificio de la “capitalización de créditos” sin recibir dinero de nuevos accionistas. La fiscal Vidal decidió dar el nuevo paso a pesar de que, en mayo de 2016, la DEA informó oficialmente de que la excandidata presidencial no estaba bajo investigación. Su hipótesis sería que ese dinero provendría de los fondos obtenidos por Alberto Fujimori durante su Gobierno, concluido en medio de denuncias de corrupción que involucraron a todo el aparato estatal.

Las pesquisas contra Fujimori podrían tardar ocho meses. Durante ellos, la fiscalía investigará sus ingresos y su patrimonio. Para ello, ha requerido información a la Superintendencia de Banca y Seguros y a la Superintendencia de Registros Públicos. También la citará a declarar. En su defensa, Keiko Fujimori publicó un video en las redes sociales. En este dice: “Cada día buscan revivir un refrito contra el fujimorismo. ¿Para qué? Para tapar Odebrecht, porque ya llegaron al señor Toledo y hay varios exministros involucrados”.

Pero Keiko no es la única integrante del clan Fujimori con problemas judiciales. Su hermano menor Kenji —el congresista más votado del Perú en las últimas elecciones— podría ser incorporado a otra investigación por lavado de activos. Esta se origina por el sorprendente incremento en el patrimonio de la empresa aduanera Logística Integral Marítima Andina S.A. (Limasa), cuya propiedad comparte con sus otros dos hermanos, Hiro y Sachie. Hacia 2009, Limasa tenía un capital social de 40.000 soles (poco más de 10.000 dólares), que aumentó a 2,8 millones de soles para 2014 (unos 870.000 dólares), convirtiéndose en socia de la transnacional japonesa Sankyo. Mientras esto ocurría en 2013, la Policía Nacional realizó un hallazgo de 100 kilos de cocaína en los almacenes de los hermanos Fujimori.

Alberto Fujimori también tuvo que vérselas con la justicia. Esta semana, la Corte Suprema de Chile accedió a ampliar el cuadernillo de extradición en su contra. Al patriarca de la familia le tocará enfrentar dos nuevos casos. El primero, por homicidio calificado en calidad de autor mediato, por el secuestro y asesinato de seis ciudadanos en la localidad de Pativilca, perpetrado por el Grupo Colina, comando de aniquilamiento que dependía del Servicio de Inteligencia, que regentaba su todopoderoso asesor Vladimiro Montesinos. El segundo, por asociación ilícita en la modalidad de peculado, por unas declaraciones del propio Montesinos, quien aseguró que por orden del expresidente entregó dinero del Estado para la compra de un terreno agrícola.

Para Keiko Fujimori, estos tres casos son más que una coincidencia. Se trataría de una campaña de “guerra sucia”, que no le impedirá seguir en su objetivo de “luchar contra la corrupción”.