México se resiste al cambio anticorrupción

El Sistema Nacional Anticorrupción, el ambicioso entramado legal que ayudaría a acabar con un mal endémico que le cuesta a México el 10% del PIB, avanza a marchas forzadas por la resistencia de las instituciones y la falta de acuerdos para concluir los nombramientos de las piezas clave que conforman el sistema. El mayor rezago hasta el momento está en los Estados. Solo 8 de las 32 entidades tienen constituido completamente su sistema local para comenzar a operar.

“La construcción del sistema ha evidenciado las distintas fragilidades y debilidades que tiene nuestro sistema político”, dice Jacqueline Peschard Mariscal, presidenta del Comité de Participación Ciudadana, la instancia que representa a la sociedad civil. El sistema, que entró en vigor el pasado 19 de julio con la publicación de su ley general, arrancó de forma incompleta: el fiscal anticorrupción —el encargado de investigar los hechos de corrupción— y los magistrados de justicia administrativa —los que habrán de imponer las sanciones administrativas— no han sido nombrados por falta de acuerdos políticos. “Si no tenemos la parte de investigación penal resuelta hay un margen enorme para la impunidad en este año electoral que ya inició y que parece que va a ser el más complejo en la historia reciente”, dice Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas, instancia que agrupa a unas 80 organizaciones de la sociedad civil.

Alfonso Hernández Valdez, uno de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana, explica que el fiscal es una pieza clave dentro de las siete entidades que componen el comité coordinador (eje rector del SNA). “Si vemos el ciclo de combate a la corrupción, este no solo tiene que ver con la prevención y el control, también tiene que ver con la sanción de posibles hechos de corrupción y esa parte tiene que recaer en un fiscal autónomo e independiente”, asegura. La falta de ese nombramiento está afectando a todo el sistema porque la ley establece la coordinación de todas las instituciones para una operación exitosa, expone el investigador.

Uno de los logros más importantes del Sistema Nacional Aticorrupción (SNA) es que el Comité Coordinador, la instancia que se encarga de organizar a las autoridades federales y locales para combatir la corrupción, sea presidido por un miembro de la sociedad civil, que a su vez es presidente del Comité de Participación Ciudadana. A nivel federal el cargo lo ostenta Jacqueline Peschard, una prestigiosa académica con una destacada trayectoria en temas de transparencia y rendición de cuentas. En los Estados aún están pendientes de conformar 24 comités. “Hay unas deficiencias terribles que tienen que ver con falta de acuerdos políticos y falta de capacidades institucionales. También hay debilidad en una masa crítica ciudadana que empuje la construcción de estas instituciones”, lamenta Peschard.

En los sistemas locales también debería estar operando ya el fiscal anticorrupción. Sin embargo, en más de la mitad aún no se designado, afirma. En las entidades donde ya se nombró los procesos tampoco han sido totalmente transparentes y apegados al espíritu del sistema. “El asunto con los estados es delicado porque una cosa es que estén hechos los nombramientos y otra es que en realidad empiecen a trabajar con criterios de autonomía e independencia”, expresa.

La agenda anticorrupción

El Comité de Participación Ciudadana federal ya está ejecutando su agenda de trabajo. Una de sus primeras acciones es identificar cómo operan las contrataciones con empresas fantasma. “Nuestro foco está en el tema de las contrataciones públicas porque es por donde se filtra la corrupción. En la relación de sector público y privado es donde se encuentran las complicidades y los acuerdos mutuos para beneficiarse de manera patrimonial de recursos públicos”, explica la académica Peschard.

Otro de los temas que está en su plan de trabajo, agrega Hernández Valdez, es establecer una política anticorrupción en campañas electorales y elaborar un análisis legislativo en el tema de adquisiciones, arrendamientos y servicios. “Otro proyecto que nos interesa es un análisis legislativo en materia de adquisiciones y obra pública para mejorar las leyes existentes. Uno de los grandes hoyos que permiten la corrupción en gran escala están en infraestructura y obra pública y queremos revisar la parte legislativa”, afirma.

En el sector salud planean realizar un diagnóstico sectorial que se asocia con el tema de las empresas fachada. “Ya hemos hecho solicitudes de información sobre el tema porque queremos entender los mecanismos con los que operan las empresas fachada en sectores de política pública y el de salud nos parece importante. En función de las respuestas queremos hacer una investigación con el ánimo de ver si esos mecanismos están presentes en distintas áreas de política pública”, expone. Una vez que tengan los hallazgos, el objetivo del comité es plantear cambios en la política pública. “No nos corresponde hacer denuncias penales de ningún tipo, pero sí evidenciar los mecanismos de cómo operan las redes y proponer cambios a la legislación”, reitera.

El avance contra la corrupción será lento, advierte Lourdes Morales. “Estamos avanzando a contracorriente, hay muchos intereses para que no se avance en el combate a la corrupción, esa es la realidad”, afirma. Peschard Mariscal pide paciencia ante la expectativa de los primeros resultados en la aplicación del SNA. “Hay una gran desesperación, pero tenemos que frenarle a nuestra urgencia porque no es una cosa inmediata. Hay que ir desmontando ciertas prácticas institucionales y normas que han permitido que estas prácticas se arraiguen y sean difíciles dedesmontar y esto toma tiempo”, asegura.