La neutralidad exige tomar posición: por qué es importante defenderla
La medida aprobada hoy silencia las voces que no pueden pagar un mejor acceso
Mientras millones de usuarios, ingenieros, start-ups y empresas de Internet de todas las magnitudes se manifiestan a favor de la neutralidad de la Red —la no discriminación de datos por parte de los proveedores de servicios de internet—, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos aprobó este jueves revertir las reglas aprobadas en 2015 para garantizar un Internet Abierto. En concreto, fueron diseñadas para asegurar que los proveedores de servicios traten el contenido de todos por igual.
Para entender el asunto es necesario mencionar que, según la Ley de Telecomunicaciones de 1996, un servicio de Internet puede ser "de telecomunicaciones", posibilitando al suscriptor elegir el contenido que recibe y poder enviar sin intervención del proveedor. También puede ser un servicio "de información", como la televisión por cable, ofreciendo una selección de contenido a los suscriptores. Los "servicios de telecomunicaciones" pueden estar sometidos a requisitos de no discriminación siempre que estos no sean injustos, como las reglas de neutralidad de la Red. Pero los "servicios de información" no.
En particular, la FCC busca reclasificar la banda ancha de "servicio de telecomunicaciones" a "servicio de información". Aunque el presidente de la FCC, Ajit Pai, afirma que esta medida protegería a los usuarios, esta reclasificación solo beneficiaría a los grandes proveedores de servicios de Internet (PSI) al eliminarse la base legal que establece la neutralidad en la Red. Tras ser aprobada, esta norma abre las puertas a un control nunca visto de los PSI sobre Internet.
El mandato legal es claro: para tener reglas de Internet abiertas y significativamente sólidas ante el escrutinio judicial, la FCC tenía que reclasificar la descripción de banda ancha, que pasa de ser un “servicio de información”- su errónea clasificación durante años - a un servicio de telecomunicaciones. En 2015, la FCC procedió con esta reclasificación, y sus reglas de neutralidad de la Red finalmente fueron validadas por la Justicia. Ello tiene sentido: Los proveedores de servicio de Internet solo entregan información que el suscriptor elige y no información curada o alterada por el proveedor como en el caso de los “servicios de información.”
Teniendo en cuenta esta historia, si la FCC regresa la banda ancha a la categoría de "servicio de información", la FCC no necesitará mantener las reglas de neutralidad de la Red. Esta reclasificación significa otorgar a los PSI un pase libre para la discriminación de datos.
La iniciativa de la FCC afirma que las aplicaciones que necesitan una mejor respuesta de la Red se beneficiarían del pago para conectarse más rápido y fiablemente, mientras que otras aplicaciones y sitios continuarían funcionando como lo hacen hoy. Ello puede conllevar que una conexión de pago por Internet signifique, para los sitios y las aplicaciones más pequeños o las nuevas empresas sin financiación importante, la obligación de negociar con múltiples PSI para evitar que su contenido sea oculto, degradado o incluso bloqueado. O incluso que propicie la existencia de “carriles más rápidos” para socios o afiliados comerciales. Todo esto ocurre mientras Europa, India, Canadá y América Latina, por citar ejemplos, apuestan en mayor o menor medida por apoyar la neutralidad de la Red.
La neutralidad es algo más que una pugna comercial, es un principio que siempre ha existido, y que supone uno de los rasgos más significativos de Internet: el crecimiento de un Internet abierto y la democratización del acceso a la expresión, el conocimiento, y la innovación en los extremos. Rechazarla abre la puerta para que los PSI's caigan en la discriminación de datos, como el bloqueo de sitios web, ralentizar la velocidad de Internet de ciertos contenidos, y cobrar tarifas a los suscriptores para acceder a películas, redes sociales y otros contenidos de entretenimiento a través de “carriles más rápidos”. Su eliminación significa también voces silenciadas: las voces que no pueden pagar un mejor acceso.
Corynne McSherry y Katitza Rodríguez son expertas en derecho de las telecomunicaciones de Electronic Frontier Foundation.
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