La ONU insta a poner en marcha el sistema de justicia para la paz en Colombia

Naciones Unidas instó este martes al Congreso de Colombia que ponga en marcha el sistema de Justicia Especial para la Paz (JEP), un aspecto crucial de los acuerdos alcanzados en 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las FARC, que se encuentra atascado desde que el candidato uribista Iván Duque ganara las elecciones presidenciales el pasado 17 de junio. La Misión de Verificación de la ONU, que ha acompañado el proceso de paz desde sus inicios, hizo un llamamiento “a las instituciones del Estado competentes y a las fuerzas políticas para que remuevan los obstáculos que siguen impidiendo que el proceso de paz de Colombia cumpla con su compromiso con la justicia y el derecho de las víctimas”.

La organización destaca en un comunicado que la transición posterior a la desmovilización y desarme de las FARC debe cimentarse en los principios de “verdad, justicia, reparación para las víctimas y no repetición”. Esa es la premisa de la JEP, que se constituyó en marzo y cuya función primordial ahora peligra por la cerrada oposición a los acuerdos del Centro Democrático, el partido fundado por el exmandatario Álvaro Uribe, mentor de Duque y principal detractor de este proceso de paz.

Lo pactado en La Habana después de cuatro años de negociaciones ya ha dado sus frutos. El conflicto armado ha terminado, el grupo insurgente fundó un partido político que cuenta con un apoyo social prácticamente nulo y, con la excepción de algunos frentes de la disidencia, más de 7.000 excombatientes están en fase de reincorporación. Naciones Unidas recuerda, además, que “las elecciones parlamentarias y presidenciales de los últimos meses han mostrado un beneficio tangible del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC-EP: las campañas electorales más pacíficas y participativas en décadas”. Por esta razón, “es hora de que las víctimas puedan beneficiarse sin más demora de los compromisos establecidos sobre la rendición de cuentas de las personas que se someten a la JEP”.

Sin embargo, el primer desafío del uribismo consistió en aplazar de manera indefinida, en sede parlamentaria, la aprobación del reglamento de ese sistema de justicia encargado de juzgar los crímenes de la guerra. Duque ya se reunió con Santos, que dejará el poder en agosto, y con la presidenta de la JEP, Patricia Linares, aunque, al menos de momento, la situación no se ha desbloqueado. El Centro Democrático está decidido a exhibir la fortaleza de sus sectores más radicales y este martes rechazó sin matices el pronunciamiento de la Misión de Verificación de la ONU. 

La bancada del partido en el Congreso, que se define como “mayor responsable de la elección” de Duque, dejó claro en un comunicado que “no acepta sus exigencias”. “Las observaciones y proposiciones que hemos planteado no pueden ser calificadas como obstáculos”, argumenta esta formación, que apela a la legitimidad que, según su criterio, le otorga la victoria del no en el plebiscito sobre los acuerdos de paz de octubre de 2016 y el triunfo de Duque en las elecciones presidenciales.