El aborto, clave en la designación de un juez para el Supremo de Estados Unidos

La plaza vacante en el Tribunal Supremo se ha convertido en la gran batalla política en Estados Unidos. Anthony Kennedy anunció el pasado miércoles su jubilación tras 30 años en la máxima autoridad judicial del país. Eso concede a Donald Trump, que ha empezado a reunirse con potenciales sustitutos, una de las mayores potestades que tiene un presidente: proponer a un candidato para un cargo vitalicio que, si es aprobado por el Senado, puede influir durante décadas en el rumbo social de EE UU. Y Kennedy, de 81 años, no es un juez cualquiera. Aunque de tendencia conservadora, en muchas ocasiones su voto ha ejercido de péndulo para blindar, junto a los juristas progresistas, la legalidad de asuntos de enorme calado, como el derecho al aborto o el matrimonio igualitario.

La jubilación de Kennedy ha propiciado sentimientos antagónicos. Los círculos conservadores lo ven como una oportunidad de oro para afianzar su influencia en el Supremo. Los progresistas temen un retroceso monumental en asuntos sociales. El debate gira, sobre todo, alrededor de la posibilidad de que pueda verse afectada la sentencia del tribunal en 1973 que legalizó el aborto en EE UU. Hay dos senadoras republicanas, del ala centrista del partido, que han apoyado en el pasado el derecho a la interrupción al embarazo. Una de ellas, Susan Collins, ha advertido que votará contra un candidato al Supremo que sea “hostil” con el fallo que legalizó el aborto.

Trump continuó este martes preparando la selección de un nominado para la vacante de Kennedy. El mandatario se reunió el lunes con cuatro posibles candidatos —dedicó 45 minutos a cada uno de ellos por separado— y el martes habló con otros tres, según explicó a la prensa el portavoz de la Casa Blanca Raj Shah.

En la campaña electoral de 2016, buscando el voto religioso, Trump prometió nominar a candidatos al Supremo que fueran críticos con el derecho al aborto. El republicano anunció una lista de 25 potenciales juristas conservadores, elaborada por organizaciones sociales afines, para cubrir la vacante dejada por la muerte de Antonin Scalia en 2016. Tras ganar los comicios, Trump nominó a Neil Gorsuch y logró con éxito su confirmación, lo que afianzó la ventaja de cinco juristas conservadores frente a cuatro progresistas en el tribunal.

Las cuatro personas que el mandatario entrevistó el lunes son jueces federales de apelación. Tres hombres y una mujer. Hay dos que parten con ventaja, según fuentes conservadoras citadas por The Washington Post, aunque Trump es impredecible. Uno de ellos es Brett Kavanaugh, de 53 años, que trabajó en la investigación del impeachment de Bill Clinton, para el Gobierno de George W. Bush y como asistente en el Supremo. Recientemente votó en contra de permitir abortar a una inmigrante indocumentada que estaba en un centro de detención.

La otra es Amy Coney Barrett, de 46 años, que fue durante años profesora universitaria y también trabajó en el Supremo. Durante su votación, el año pasado, para ser juez de apelaciones, los demócratas cuestionaron si su fe católica podía influir en sus decisiones.

La aritmética parlamentaria es clave. El candidato que Trump nomine debe ser aprobado por el Senado. Los republicanos de Trump controlan 51 escaños en la Cámara Alta frente a 49 demócratas. Los conservadores solo se pueden permitir perder un voto. En caso de empate a 50, el vicepresidente Mike Pence, como presidente del Senado, puede desempatar la votación. Otra complicación para los republicanos es que John McCain lleva meses sin acudir al Senado porque está luchando contra un avanzado cáncer cerebral y es una incógnita si podría estar presente. El objetivo de los conservadores es que la votación tenga lugar antes de las elecciones legislativas de noviembre, en las que corren el riesgo de perder su exigua mayoría en la Cámara Alta.