“Más de 800 hombres de las disidencias de las FARC se han entregado al Ministerio de Defensa”

Para el Gobierno de Juan Manuel Santos, que dejará la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto, son tiempos de balance y defensa de un legado. Rodrigo Rivera (Pereira, 1963) repasa su gestión como Alto Comisionado para la Paz, cargo que ocupa desde hace un año en sustitución de Sergio Jaramillo, y describe el proceso que llevó a la desmovilización y desarme de las FARC con los que califica de “hechos tozudos”. Cerca de 13.000 miembros de la antigua guerrilla han iniciado su reinserción en la sociedad y alrededor de 800 combatientes de algún frente de la disidencia se han entregado voluntariamente al Ministerio de Defensa. La organización insurgente se constituyó como partido político, el viernes se estrenó en el Congreso, pero la verdadera reconciliación del país aún está pendiente. Ese desafío quedará pronto en manos del próximo Ejecutivo, liderado por Iván Duque.

Pregunta. El proceso de paz ha sufrido retrasos. ¿Cuál ahora su estado de salud?

Respuesta. Creo que el proceso de implementación del acuerdo de paz ha venido avanzando con gran dinámica durante los últimos meses. Lo que podríamos llamar los cimientos del edificio de la paz ya se han construido. Eso tiene que ver con reformas constitucionales, que fueron seis, reformas legales y reglamentarias, alrededor de 100 piezas legislativas. La mayor parte han pasado el examen de la Corte Constitucional exitosamente y se han establecido nuevas instituciones. Hay que recordar que es un acuerdo que se va a implementar en 15 años, que va a demandar el liderazgo de cinco presidentes de Colombia, incluido el presidente Santos, y que va a demandar unos 129 billones de pesos, unos 40.000 millones de euros, básicamente para una muy ambiciosa transformación de la ruralidad del país. También para una ampliación de la democracia y de los espacios de participación, la reparación de las víctimas y la sustitución de toda la economía ilícita, fundamentalmente alrededor de los cultivos de coca por fuentes alternativas lícitas. Se viene avanzando con gran dinamismo.

P. También ha habido obstáculos.

R. Estuvimos muy afectados por la campaña electoral, primero del Congreso y luego la presidencial. Las prioridades de la campaña tienen que ver con ganar elecciones y no necesariamente con tomar las decisiones más ecuánimes. Pero la campaña pasó, lo que estamos viendo es que ya el país está en una etapa distinta, que es la etapa de transición, de entregarle de la mejor manera posible al nuevo Gobierno las riendas del poder. Lo estamos haciendo con gran aplicación, en un clima y un ambiente bastante cordial, respetuoso, franco. Y en la medida de que la campaña pasó, las posiciones extremas y críticas se han venido moderando. Las aguas están regresando a su cauce, donde las fuerzas políticas que han respaldado al Gobierno del presidente Santos van a seguir haciéndolo en relación con todo lo que signifique continuidad, mejoramiento de la implementación y la construcción de paz.

P. Hemos asistido en las últimas semanas a unas críticas dirigidas por parte del Centro Democrático a la Jurisdicción Especial para la Paz. El viernes pasado la cúpula de las FARC se sentó en el banquillo de ese tribunal. ¿Por qué, según el Gobierno, es importante que ese sistema de justicia siga su curso?

R. Porque es fundamental que se demuestre claramente que el acuerdo de paz no fue un acuerdo de impunidad. Fue un acuerdo que, a pesar de suscribirse con una guerrilla no derrotada, incluyó compromisos para que los máximos responsables de esa guerrilla y de otros actores del conflicto armado que hubieran incurrido en graves violaciones de derechos humanos, pues asumieran su responsabilidad, dieran la cara, contaran la verdad y repararan las víctimas. Si no lo hacen, entonces van a la cárcel hasta por 20 años. Esto fue muy desfigurado por la crítica extrema motivada políticamente por quienes se opusieron al acuerdo, pero lo que muestra esa foto es que los máximos responsables de las FARC ya están compareciendo ante la JEP. Otra cosa que estamos viendo es la comparecencia de generales del Ejército. No están obligados a hacerlo.  El general Mario Montoya, el responsable de la Operación Jaque, que representa buena parte de los golpes más duros que en el año 2008 se les dieron a las estructuras de las FARC y hoy ha decidido presentarse ante la JEP. Esto lo que muestra es que esta es una justicia de cierre del conflicto.

P. ¿Es posible esa reconciliación?

R. Lo que el acuerdo de paz es una oportunidad para la reconciliación. Pero la reconciliación no acuerda entre las partes ni se ordena por decreto. Depende de la voluntad de cada individuo, diría que de cada colombiano. En más de 200 años de historia de esta nación es francamente la asignatura en la que hemos fallado. Hemos repetido la violencia, hemos terminado ciclos de violencia con acuerdos de paz, pero siempre hemos fracaso en esa asignatura de la reconciliación, por eso la violencia regresó a Colombia. Lo que tenemos ahora es una oportunidad y el llamado que hacemos es que esta vez no fallemos.  El gran reto es ser capaces de entender que el acuerdo con las FARC realmente es un hecho histórico que resolvió el problema. Lo enfrentamos por más de 50 años, con fuerza militar, con intentos de negociación y todos fracasaron. Ninguno resolvió el problema de las FARC. Este acuerdo de paz arregló el problema de las FARC, en el sentido de que las FARC desaparecieron. Se acabaron. Ahora son un partido político. Y la firma de Rodrigo Londoño representa que hoy 13.003 integrantes de esa organización ya estén acreditados por el Gobierno para iniciar el proceso de incorporación. ¿Cuánto habríamos tenido que demorarnos para lograr algo siquiera comparable por la vía de la confrontación militar? Creo que eso es lo que muestra el gran valor de este acuerdo de paz.

P. Antes ha hablado de ruralidad. El Gobierno ha tratado de combatir la producción de hoja de coca también con un plan de sustitución voluntaria de cultivos. ¿Es eficaz?

R: Es una apuesta, tal vez la más audaz, en materia de construcción de la nueva ruralidad de país. Alrededor de 70.000 familias han firmado acuerdos individuales comprometiéndose a erradicar o arrancar las matas de coca. Más de 40.000 ya han arrancado las matas y tiene una primera verificación de ONU. Y está puesto en marcha todo un aparato para acompañar esas familias en su tránsito hacia la legalidad… Al mismo tiempo estamos en una carrera muy intensa para llevarles carreteras, para llevarles otros bienes públicos que en esas zonas apartadas no existen. Donde el Estado no ha llegado la mafia para comprar la pasta de coca o las pepitas de oro fruto de la minería ilegal. De alguna manera, es una competencia del Estado contra esa lógica de la mafia. Confío en que esta política se vaya a mantener y donde no hay voluntad, que siga la erradicación.

P. Colombia afronta una ola de violencia y asesinatos de líderes sociales que no cesa. ¿Cómo puede afrontar el Estado ese drama?

R. El Gobierno está permanentemente evaluando la situación y ajustando la coordinación entre todas las autoridades del Estado para enfrentar ese desafío. Lo primero con medidas de protección, individuales y colectivas, que implican un despliegue sin precedentes de fuerzas militares y policías en cientos de veredas. En esas zonas donde el plan de despliegue de fuerzas está operando realmente hemos tenido reducción sustancial [de los ataques], en muchos casos a cero. A diferencia de lo que pasaba hace 10 o 15 años, hoy se ha fortalecido la capacidad de investigación de la Fiscalía. Alrededor del 50% de los crímenes ya están esclarecidos, con autores materiales e intelectuales identificados. Un par de elementos más. La primera víctima cuando afloran episodios de violencia es la verdad y la verdad que necesitamos es la judicial. El último elemento es la reconciliación. Hay una cultura de estigmatización, de violencia verbal y heridas abiertas que hay que enfrentar. Ahora estamos empoderando consejos de paz en los municipios.

P. A principios de junio se instaló, por ejemplo, el de Tumaco, un lugar que se ha convertido en el símbolo de los males de Colombia, está amenazado por la disidencia de las FARC encabezada por Guacho…

R. Va a caer. También caerá. Cayeron los más poderos carteles de droga del mundo en Colombia, los más poderosos jefes de la guerrilla de las FARC, de los paramilitares. Por supuesto que caerá. El Gobierno le ha dado toda la prioridad. El despliegue es de más de 12.000 hombres de la fuerza pública allí, se está obrando con toda intensidad, pero el mismo tiempo promoviendo que la ciudadanía se organice, participe en esos consejos de paz, que haya una masa crítica de actores sociales promoviendo reconciliación, construyendo una masa crítica de legitimidad y de no violencia.

P. ¿Cuán preocupante es la hipótesis de refundación de las FARC a partir de las disidencias?

R. Los hechos son tozudos.  Entre agosto de 2016 y junio de este año, además de esos 13.003 hombres que nosotros tenemos identificados como miembros de las FARC, más de 800 hombres y mujeres que pertenecieron a las FARC se han presentado individualmente al Ministerio de Defensa para desmovilizarse después de haber pertenecido a alguna de esas estructuras de disidencia, en las que tuvieron que permanecer porque si no los fusilaban. Pero a la primera oportunidad se han ido. Lo que no se ha contado es que hay más de 800 que se entregaron al Ministerio de Defensa con fusiles. La tiene que estar pasando muy mal la disidencia para que 800 se hayan ido… ¿Qué hacen los otros para seguir delinquiendo? Reclutan niños a la fuerza. Están tratando de crear algo pero no lo han podido hacer. Sus crímenes, el asesinato de los periodistas y dos empresarios ecuatorianos, no demuestran su capacidad militar. Tenemos el cartel de Sinaloa tratando de meterse, el ELN que todavía tiene capacidad para pescar en río revuelto y el Clan del Golfo que por cierto está pidiendo someterse a la justicia. Lo que estamos viendo es un Estado muy fuerte.

P. ¿Es posible un acuerdo con el ELN?

R. Creo que la oportunidad está servida para que logremos unos avances sustantivos en la mesa con el ELN. El momento histórico no es el de la violencia, es el de la paz. Las comunidades donde ha tenido influencia el ELN, todas ellas condenando los hechos de violencia y pidiendo que firme un acuerdo de cese al fuego como el que hubo en octubre. Ese es el camino. La comunidad internacional tampoco es neutral. Está pidiendo al ELN que no más, que demuestre realmente que es sincera su voluntad o sus palabras de paz. El Gobierno del presidente Santos va a hacer hasta el último día todos los esfuerzos para poder avanzar en esa negociación. Creo que es evidente que para avanzar en esa dirección se requiere que el ELN pruebe que sí está comprometido con la paz,

P. ¿Qué mensaje le trasladaría a su sucesor?

R. Se los he trasladado. En torno al acuerdo con las FARC, que este es un acuerdo integral, donde se pactó lo que se pactó bajo el principio de que nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado. Por lo tanto, es un acuerdo con las imperfecciones que tenga, sin embargo, tiene el valor de haber solucionado el problema de las FARC, y hay que preservarlo de esa manera y darle todo el respaldo a los miles de hombres y mujeres que le apostaron por la paz.  Lo que resolvió el problema de las FARC fue la negociación y el acuerdo