La policía israelí acusa a Netanyahu en un tercer caso de corrupción

En un comunicado conjunto, la policía anticorrupción y el órgano israelí equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores aseguran contar con indicios suficientes de que entre 2012 y 2017 “Netanyahu y su entorno más cercano intervinieron notoriamente y de forma regular en la redacción de los contenidos de la web Walla, al tiempo que influyeron en la designación de redactores y editores sirviéndose de sus estrechos vínculos con Elovitch y su esposa, Iris”. Su objetivo era que se publicaran “artículos y fotos halagadores y suprimir el contenido crítico contra el primer ministro y su familia”, remacha el comunicado, citado por la agencia Efe. Netanyahu acumuló el cargo de ministro de Comunicaciones entre 2015 y 2017, por lo que era el máximo responsable político del marco regulatorio al que estaba sometido Bezeq, grupo empresarial que integra telefonía fija, servicio de Internet, móviles, medios de comunicación y una plataforma de canales de pago.

El primer ministro israelí ha rechazado abiertamente las nuevas acusaciones, que en su opinión “no deben sorprender a nadie”, ya que “fueron filtradas incluso antes de que comenzaran las investigaciones” en medio de una "caza de brujas". “Estoy seguro de que tras haber examinado la cuestión las autoridades competentes llegarán en este caso a la misma conclusión: que no hubo nada porque no hay nada”, apostilló Netanyahu, recurriendo al mantra que ha invocado en su defensa durante una docena de largos interrogatorios policiales.

En Israel, es habitual que los agentes hagan públicas sus conclusiones y sus recomendaciones de acusación antes de trasladarlas a la fiscalía. La policía israelí suele actuar con notable independencia respecto del poder ejecutivo. A causa de sus investigaciones fue encarcelado durante cinco años el antiguo presidente del Estado hebreo Moshe Katsav, condenado en 2010 por violación y agresiones sexuales. Las pesquisas de los agentes también contribuyeron a mantener entre rejas durante más de 14 meses al exjefe de Gobierno Ehud Olmert, declarado culpable de delitos de corrupción inmobiliaria por sentencia firme en 2016, y quien ya tuvo que renunciar al cargo en 2009.

Después de haber cumplido como primer ministro más de 12 años –los últimos nueve de forma consecutiva, encadenando tres victorias en las urnas– Netanyahu se enfrenta ahora a tres casos de corrupción por fraude, cohecho y tráfico de influencias. El fiscal general es quien tiene la última palabra para formular las imputaciones y solicitar a los jueces que se abra, en su caso, el procesamiento. Este puesto lo ocupa Avichai Mandelblit, un antiguo jurista militar que fue secretario general del Gabinete entre 2013 y 2016, y a quien el actual jefe del Gobierno designó después para el más alto puesto del ministerio público. Ya ha anunciado que se pronunciará sobre los tres casos en su conjunto, en una decisión que aún puede tardar meses.

El primero de los escándalos en los que el mandatario fue acusado por la policía el pasado febrero es el llamado Caso 1.000. Los investigadores sostienen que Netanyahu y sus familiares recibieron entre 2007 y 2016 lujosos regalos —puros habanos Cohiba, champán francés o joyas— evaluados en cerca de un millón de shequels (230.000 euros) de manos, entre otros, del productor de Hollywood Arnon Milchan, quien pudo recibir a cambio varios millones de dólares en beneficios fiscales.

Anticorrupción también recomendó su imputación por el Caso 2.000, en el que se desvelaron las conexiones del gobernante con Arnon Moses, editor del diario Yedioth Ahronoth, el de mayor circulación en Israel, para contar con una cobertura favorable a sus intereses en contrapartida a varias medidas legales que favorecieran la circulación del rotativo.

El Likud, el partido liderado por Netanyahu, y sus socios de coalición han cerrado filas por ahora con el jefe del Gobierno. En la oposición, mientras tanto, la exigencia de dimisión es unánime. “Netanyahu debe marcharse antes de que el sistema legal se vea afectado por su desesperado intento de salvar su piel”, advirtió la líder opositora de centro-izquierda Tzipi Livni. Incluso si se produce la imputación del fiscal general y un tribunal acuerda su procesamiento, el primer ministro solo está obligado a abandonar el poder tras una sentencia condenatoria firme.

Con una mayoría raspada de 61 diputados en una Kneset (Parlamento) de 120 escaños, el veterano jefe de Gobierno israelí pugna por su supervivencia política al frente de una fragmentada coalición de seis partidos. El Tribunal Supremo de Israel le ha dado este mismo domingo un plazo de gracia hasta el próximo 15 de enero para que apruebe una ley alistamiento al servicio militar (obligatorio en Israel para hombres y mujeres) que no discrimine a los laicos frente a los ultrarrelegiosos. Este ultimátum judicial amenaza con poner fin al pacto con dos partidos ultraortodoxos, que exigen que se mantenga la exención de incorporación a filas para los estudiantes de las yeshisvas (escuelas rabínicas), y con abrir la puerta a la convocatoria de elecciones anticipadas.